Honduras: “Las organizaciones sociales debemos conservar nuestra beligerancia”
La tinta dialogó con Bertha Zúñiga Cáceres, coordinadora del COPINH, sobre la nueva coyuntura hondureña y los desafíos del gobierno de Xiomara Castro.
Por Redacción La tinta
El 27 de enero de este año, Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras. Con una coalición de partidos, organizaciones y movimientos sociales, la mandataria tiene un cúmulo de desafíos que parecen inabarcables. Entre ellos, detener el expolio de los territorios y cumplir las demandas que los pueblos indígenas y campesinos de la nación centroamericana tienen como banderas desde hace décadas.
Castro también debe enfrentar a una oposición de ultraderecha que, junto a las Fuerzas Armadas y Estados Unidos, fueron artífices del derrocamiento de su esposo, Manuel Zelaya, quien ejerció la presidencia entre 2006 y 2009.
Para profundizar sobre la situación actual en Honduras, en La tinta hablamos con Bertha Zúñiga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e hija de Berta Cáceres, la lideresa lenca y defensora del medio ambiente, asesinada por sicarios el 3 de marzo de 2016.
—Desde COPINH, ¿cuáles son las expectativas con el gobierno de Xiomara Castro?
—Entendemos las dificultades que afronta un gobierno que tiene, entre sus desafíos, superar -o sentar las bases para superar- 12 años de golpismo y post-golpismo. El gobierno tiene algunas buenas voluntades y consignas populares, sin embargo, va a haber muchas dificultades para poder materializar muchas de esas propuestas. Todavía hay una configuración de poder compleja, en el sentido de que el Poder Judicial sigue controlado por el sector más reaccionario, que ha servido para la impunidad en el país. En el Congreso Nacional, como hemos visto en estos primeros meses, hay una disputa de poder y eso erosiona un tanto la institucionalidad formal.
Al margen de eso, hay una quiebra en varias instituciones del Estado, que implicaron nuevos endeudamientos para el nuevo gobierno y que son concesiones que se han hecho sobre la soberanía de los pueblos de Honduras. Además, hay que decir que el poder fáctico sigue siendo disputado y controlado por, sobre todo, grupos económicos que, a su vez, controlan el poder del Estado.
Recordamos muy bien el pensamiento de nuestra compañera Berta Cáceres, que siempre decía que el hecho de ser presidente no te da el poder, como en el caso de Mel Zelaya. Vemos cómo esos poderes reales se están manifestando para seguir controlando la institucionalidad. Nuestras expectativas son de sentar algunas bases para resolver problemas estructurales, sobre todo en temas de territorio y derechos de los pueblos indígenas. Va a ser un camino complejo y difícil, pero las organizaciones sociales debemos conservar nuestra beligerancia.
—¿Cuáles son los principales planteos y exigencias de COPINH al gobierno?
—Nosotros, dentro de la comisión de transición que creó el gobierno para hablar con los movimientos sociales, planteamos algunas cosas bastante importantes. Por un lado, el tema del territorio: que el Estado reconozca la posesión histórica de los pueblos indígenas y que lo haga de manera formal, a través del Instituto Nacional Agrario, que emita los títulos comunitarios necesarios para las comunidades que están litigando la tierra, no solo del pueblo lenca, sino también de otros pueblos indígenas que tienen situaciones similares.
Además, hemos propuesto que se declaren en fraude de ley las concesiones a ríos y del subsuelo para la explotación hidroeléctrica, minera y de otras generaciones de energía, que han sido dados bajo el golpe de Estado y en violación al derecho de consulta previa, libre e informada.
También propusimos crean una ley de protección a la vida, en el que siempre se priorice, frente a intereses económicos, políticos o de cualquier tipo, la vida de comunidades que pueden estar amenazadas. Eso implicaría no solo comunidades indígenas, sino que también comunidades campesinas, que en Honduras tenemos muchos conflictos en ese sector, para proteger y que siempre prime la vida. Y en ese sentido, avanzar en el tema de la no repetición de los crímenes.
Además, Xiomara hizo parte de su campaña el hecho de la justicia para Berta Cáceres. Nosotros propusimos crear una mesa de alto nivel entre instituciones del Estado, organismos internacionales que puedan ayudar en la investigación y que seamos parte las víctimas y el COPINH, para diligenciar el enjuiciamiento de los autores intelectuales y de crímenes conexos con el asesinato de Berta Cáceres, como son los temas de corrupción, posiblemente lavado de activos y otros delitos, que permitieron la violación al derecho de las comunidades indígenas y la instalación de la violencia.
—En este primer momento del gobierno, ¿qué posición tomó el sector opositor?
—El sector opositor, el Partido Nacional, que es el sector más conservador de Honduras, está bastante agazapado, silencioso, humillado, porque su derrota se debe al cúmulo del malestar social del pueblo de Honduras. Y sobre todo a los escándalos por temas de corrupción, que generaron un malestar muy importante. Todo esto, en medio de que comience el proceso de extradición de (ex presidente) Juan Orlando Hernández, un hecho muy importante para el pueblo de Honduras.
Estos sectores políticos pertenecen a estructuras criminales y eso está más que probado. Fuera de lo público, continúan operando y eso demuestra la crisis que tuvo el Congreso Nacional. Continúan operando para garantizar su impunidad y el beneficio económico de concesiones del Estado. Además, tienen representación dentro de este gobierno. Este es un gobierno que nace de un pacto, en el que participan varios partidos, que crearon una alianza opositora. Eso, desde el principio, implicó negociar ciertos planteamientos, sobre todo a nivel económico. Continúan operando de manera muy activa para garantizar su impunidad y para seguir operando en un contexto que le permita el lucro desmedido.
—¿Cómo pensás que se van a comportar las Fuerzas Armadas ante la nueva administración?
—El gobierno ha tenido claridad que las Fuerzas Armadas, que son partícipes del golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, es una institución al servicio de intereses que no coinciden con los de las mayorías. Incluso, el tema de la investigación del narcotráfico sería un golpe para la cúpula de las Fuerzas Armadas. Se han hecho nombramientos de personas muy cercanas al gobierno, como los secretarios tanto de Defensa como de Seguridad, para poder, de alguna manera, tener algún tipo de control sobre esa institución.
Sin embargo, ni el pueblo ni el gobierno confía del papel que pueden jugar en cualquier momento, como si hay inestabilidad. Siempre es considerada como una institución que amenaza los intereses populares del pueblo hondureño y que hay que tener mucho en la mira. No representa ningún tipo de confiabilidad. Ahora hay una transición en la que se están acomodando para también ver cómo operan.
—¿Cómo prosigue la causa judicial por el asesinato de Berta Cáceres?
—Estamos a pocos días de conmemorar seis años del vil crimen de nuestra compañera Berta Cáceres. A pesar de los esfuerzos y de algunas victorias muy mínimas que hemos tenido, pero también muy importantes, seguimos reclamando al Estado la deuda que tiene con la justicia y el procesamiento del autor intelectual y el desmantelamiento de la estructura criminal que propició el asesinato de Berta Cáceres. En este, que participaron sectores empresariales privados, la banca internacional, las Fuerzas Armadas, miembros de la institución judicial, que propició la judicialización y la criminalización de Berta Cáceres. Además, pedimos el desmantelamiento de las empresas privadas de seguridad que participaron de acciones y ataques contra luchadores sociales, sobre todo que hacen defensa del territorio. Y advertimos el peligro que tienen hoy las comunidades de Río Blanco de que sus tierras sean privatizadas.
Todo eso recalca y remarca la importancia de seguir luchando por la justicia y, tal vez, esta voluntad del nuevo gobierno de encauzarla sea el escenario más idóneo para impulsar el cambio de la institución de justicia para que, con independencia, profesionalismo y voluntad política, se llegue a los máximos responsables y a todos los implicados en este crimen.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: Latfem.
