“El bitcoin se comporta como un activo especulativo”
La tinta dialogó con la economista salvadoreña Tatiana Marroquí, que explica cómo se implementa el uso legal como moneda del bitcoin el país centroamericano.
Por Redacción La tinta
La implementación por parte del gobierno salvadoreño del bitcoin como moneda de curso legal genera polémicas, interrogantes y un sinfín de opiniones hasta el día de hoy. Desde organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, hasta el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestaron sus críticas –desde visiones diversas- sobre la decisión tomada por el presidente Nayib Bukele.
En medio de una fuerte económica y con un gobierno de corte neoliberal, el pueblo salvadoreño intenta adaptarse a la utilización de la criptomoneda, aunque el rechazo a este tipo de divisa es sostenido.
En entrevista con La tinta, la economista feminista salvadoreña Tatiana Marroquín, especializada en finanzas públicas y macroeconomía, explica el impacto del bitcoin en su país y las consecuencias que ya se viven debido a la inestabilidad de la criptomoneda.
—¿Qué riesgos existen para El Salvador al utilizar el bitcoin como moneda de curso legal?
—Me gusta definir algo en un primero momento. El bitcoin se comporta como un activo especulativo. Es decir, de forma intrínseca, el uso del bitcoin ya incluye aceptar ciertos riesgos financieros provenientes de sus variaciones de precios o, en el caso de El Salvador, los riesgos provenientes del uso de la billetera gubernamental.
Entonces, todas las personas que interactúan con el bitcoin tienen que saber que se enfrentan a riesgos, a incertidumbres. El hecho de legalmente definir al bitcoin como moneda de curso legal, que la ley incluye una obligatoriedad de recibir bitcoins en pago cuando alguien lo ofrezca y el uso de fondos públicos para comprar bitcoins, expone a toda la población a estos riesgos, a estas posibilidades de pérdida de riqueza (aunque sea coyuntural), contra su voluntad o sin tener pleno conocimiento del funcionamiento y las consecuencias.
Lo anterior, para mí, es un conflicto hasta ideológico del “proyecto Bitcoin”, que se supone apela a la libertad individual, pero en El Salvador se fundamenta en un estructura legal de obligatoriedad y fondos públicos. Y en términos de estabilidad financiera, los bancos nacionales se ven expuestos a este tipo de activo tan riesgoso y, de no controlarse y establecer regulaciones claras, puede conllevar a afectaciones a la estabilidad financiera nacional.
—¿El bitcoin tiene aspectos positivos para el país?
—Creo que hay algunos objetivos, que recientemente expuso el gobierno y pudimos leer en el informe del FMI -como la inclusión financiera o utilizar el bitcoin como una forma de “relanzar” la imagen de El Salvador para atraer turismo-, que tienen espacios para poderse desarrollar adecuadamente como política pública y traer algunos beneficios.
También creo que estos objetivos se pueden desarrollar sin la necesidad de ocupar fondos públicos para comprar de forma arbitraria bitcoins, o que la ley defina su obligatoriedad o definición de moneda de curso legal, o exención de impuestos a ganancias del bitcoin, pago de impuestos con esta criptomoneda y otras fuentes de riesgos.
Si de lo que se trataba era de desarrollar una plataforma de inclusión financiera, se pudo hacer de mejor manera (actualmente presenta grandes deficiencias) y sin exponer a toda la población y a los fondos públicos a tanto riesgo.
—¿Qué significa que el gobierno emita bonos respaldados en bitcoins?
—Lamentablemente, hay muy poca información pública de cómo se estructuran estos instrumentos o su utilidad pública. Lo poco que sabemos es lo que se dio a conocer a un grupo de “criptoentusiastas” en una fiesta exclusiva.
Bajo ese conocimiento, no podemos hablar de bonos respaldados en bitcoins. Si esos bonos tienen algún “respaldo”, es la del Estado salvadoreño que se compromete a pagar la deuda. Sabemos que se planean emitir 1.000 millones de dólares, que se podrán comprar en dólares o en bitcoins, y que de recaudar los 1.000 millones la mitad sería utilizado para comprar más bitcoins (es decir, especular más fondos públicos en esa criptomoneda), y la otra mitad en construir infraestructura para atraer a criptoentusiastas, además de otros muchos incentivos como quitarles impuestos, etc.
Bajo esa estructura de emisión, que es la que sabemos hasta el momento, estos bonos recaudarían dinero para estimular la narrativa del bitcoin en el mundo y traerles beneficios a entusiastas de la criptomoneda, mientras El Salvador asume 1.000 millones más de deuda en una situación de crisis fiscal. En esto, se ven pocos espacios en los que la población salvadoreña se pueda ver beneficiada o resolver sus principales problemas.
—¿Por qué el Banco Mundial y el FMI son tan críticos con el bitcoin en El Salvador?
—Cuando uno lee el informe del FMI, que es un informe que se realiza regularmente y que no tiene como objetivo principal el criticar al bitcoin sino analizar la situación financiera de El Salvador, se da cuenta que la preocupación mayor en la implementación del bitcoin en nuestro país radica en cómo esta política pública puede afectar todavía más la grave crisis fiscal salvadoreña, y algunos riesgos que pueden traer a privados (como las personas que desconocen su uso, o los bancos y el sistema financiero). El FMI también valora que puede ser una herramienta de inclusión financiera, mientras se controlen los riesgos y la exposición de fondos públicos.
Creo que algunos entusiastas de “Bitcoinestán” están muy metidos en esta narrativa, en la cual están iniciando una revolución contra el capital financiero tradicional, y por eso interpretan que el FMI se ve amenazado por el bitcoin. Y por eso es su crítica a la implementación salvadoreña. Al leer el informe completo, uno concluye que el FMI no le tiene temor al bitcoin, sino a que las finanzas públicas de El Salvador se vean más afectadas y pueda conllevar a impagos de la deuda pública.
—Desde que se adoptó esta moneda, ¿cuál es la opinión general de la población?
—Hay encuesta reciente que ha recopilado esta opinión, y es la de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Hay datos relevantes en esta encuesta, por ejemplo: más del 50 por ciento de la población declaró haber usado la billetera gubernamental anunciada como la forma de implementación del bitcoin, pero de este 50 por ciento solo un 4 por ciento declara usarla diariamente. Más del 50 por ciento solo la usó para retirar el incentivo que dio el gobierno (30 dólares norteamericanos). También preguntan si la población siente algún cambio en su economía desde la implementación, y más del 70 por ciento declara no sentir ningún cambio, y cerca de un 10 por ciento perciben ha empeorado.
Al final, el bitcoin se ha quedado como una opción más de pago, como lo es una tarjeta de crédito, de débito u otros instrumentos. Gran parte de la población sí interactuó con ella y creo que el que tan poca gente se haya quedado usándola, es una opinión clara al respecto de su uso como moneda.
Los salvadoreños y salvadoreñas que no usan bitcoins, en su mayoría, no lo hacen bajo una crítica ideológica a la criptomoneda, sino porque simplemente no les es funcional en su día a día.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: AP
