La situación de las personas con discapacidad en la Argentina 2021
Una coalición de 25 organizaciones de personas con discapacidad, junto a espacios académicos universitarios y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, publicaron un informe nacional que releva las líneas centrales en relación a la vulneración de derechos de las personas con discapacidad en nuestro país.
Por Redacción La tinta
“Los derechos de las personas con discapacidad sufrieron marcados retrocesos desde la llegada de la pandemia, que agravaron las pésimas condiciones vitales después de cuatro años de políticas de ajuste. Estas vulneraciones, que presentan también realidades diversas en las distintas jurisdicciones provinciales -agravando las situaciones de desigualdad entre personas con discapacidad de distintas provincias y regiones-, se observan sobre todo en campos como la educación, el acceso a la justicia y el derecho a la toma de decisiones; el acceso a la salud, salud mental y salud sexual, reproductiva y no reproductiva; las políticas de protección frente las diversas formas de violencias; y el derecho al trabajo, empleo y seguridad social. Así mismo, la pandemia se volvió una excusa para justificar la vigencia de vulneraciones históricas previas a la misma”, afirman sin pelos en la lengua desde la coalición responsable del informe que abarca desde 2018 hasta hoy, y es una actualización del Informe Alterno que ya se había presentado al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en 2017.
Entre las organizaciones de esta coalición, participaron desde Córdoba la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD. HH., el Observatorio de Salud Mental y DD. HH., el Seminario Perspectivas y Estrategias de Intervención en el Campo de la Discapacidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UNC; y el Proyecto de Investigación: “La persistencia de la categoría ‘discapacidad’ en la lógica de la colonial/modernidad. Un análisis desde la perspectiva del feminismo descolonial”, que se desarrolla en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Ya en la introducción del informe, que recorre los últimos cuatro años de nuestro país desde la lente del colectivo de personas con discapacidad, aparecen los trazos centrales que se ponen sobre la mesa en este trabajo. El período abarcado puede leerse como los últimos dos años del gobierno caracterizado por los ajustes y recortes en los derechos, que dejó en una situación crítica a las personas con discapacidad en general; y los primeros dos años de la actual gestión, que comenzó generando muchas expectativas en relación a la restitución de los derechos perdidos y en el avance en políticas integrales en discapacidad -más acorde a lo que demanda la Convención y la perspectiva del modelo social de la discapacidad-, pero que, sin embargo, no se pudieron concretar, a partir de que se conjugaron, por un lado, las debilidades de una gestión con poco margen político y presupuestario de acción, y la irrupción de la pandemia, que agravó significativamente las condiciones de vida de las personas con discapacidad en nuestro país.
En esta clave histórica y crítica, entre el neoliberalismo del gobierno de Cambiemos a los retrocesos en el contexto de la pandemia, el relevamiento hace foco en cinco líneas centrales que fueron destacadas -por el colectivo que llevó adelante esta producción- como estratégicas para entender cuán crítica es la situación de vulneración de derechos de las personas con discapacidad: el derecho a la educación (desde un abordaje en los distintos niveles de educación, incorporando también el derecho a la educación superior, y con un trabajo en particular realizado por una red de espacios académicos y de extensión de universidades nacionales), el acceso a la Justicia, el acceso al nivel más alto de salud.
Profundizando en relación a la salud mental, el reporte considera como uno de los temas más centrales y más complejos la transformación del sistema de prestaciones a favor de las personas con discapacidad, que actualmente está claramente en contradicción con la convención: “A pesar de que la Convención ya tiene 13 años desde su ratificación, en nuestro país todavía hay un marco legal que produce prestaciones que institucionalizan, segregan y profundizan la dependencia”, denuncia el documento.
El informe aborda también como líneas centrales la lucha contra las violencias y el derecho al trabajo y empleo, articulando con el derecho a la protección y seguridad social como otros campos destacados en el relevamiento. En cada uno de estos temas, aparecen los ejes transversales de accesibilidad, apoyos e interseccionalidad (género, infancias, adultes mayores, interculturalidad).
Recientemente enviado a presidencia de la Nación y a la Agencia Nacional de Discapacidad, el relevamiento próximamente será enviado al órgano de seguimiento de la implementación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Además, se incorpora en cada sección un apartado de lenguaje sencillo para generar mejores condiciones de accesibilidad del mismo: “Volver realmente accesibles este tipo de documentos es un desafío que ya no se puede postergar y que debe incluirse en todas las comunicaciones, y no a posteriori, sino en el proceso mismo de producción de la información y redacción”.
Con una estructura crítica y propositiva, en cada apartado del informe y al final del documento se consignan recomendaciones centrales que la coalición considera necesarias para avanzar realmente en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en nuestro país.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Alejandro Carmona.
