Honduras: la disputa hacia las presidenciales de noviembre
Las elecciones presidenciales enfrentan al oficialista Nasry Asfura y a la líder de LIBRE, Xiomara Castro, mientras en el país crecen la violencia estatal y las políticas neoliberales.
Por Carlos Mauricio Ferolla para ALAI
El 28 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Honduras. La campaña electoral se da en un contexto crítico del país centroamericano. El oficialista Nasry Asfura y la líder de LIBRE, Xiomara Castro, aparecen con posibilidad de disputar cabeza a cabeza la presidencia. Dos modelos de país en pugna y una amenaza latente de fraude.
Honduras atraviesa una crisis estructural que se agudizó con la pandemia de la COVID-19: 73 por ciento de pobreza, 52 por ciento de pobreza extrema, 72 por ciento de la población en la economía informal y una fuerte crisis migratoria. En estas elecciones presidenciales, se condensan las disputas sociales y vuelven a arder las heridas provocadas por el proceso político abierto con el golpe de Estado a Manuel Zelaya, en 2009, orquestado por Estados Unidos y llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, la oligarquía criolla hondureña y la clase política.
A 12 años del golpe, las heridas abiertas
Al respecto, conversamos con Gilberto Ríos, militante y candidato a diputado por LIBRE, quien contó que “el golpe de Estado de 2009 fue el cierre del ciclo progresista que se había iniciado en Latinoamérica con la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela. Luego comienza un proceso de reversión de los escenarios políticos para la izquierda en el continente. En Honduras, el golpe se sigue perpetuando mediante los fraudes electorales que se sucedieron en 2013 y 2017”.
Tras la ruptura del orden constitucional y la destitución de Zelaya, se abrió un proceso de lucha entre los sectores del poder hondureño y las organizaciones y movimientos populares. Los tres gobiernos que siguieron, desde Roberto Micheletti (2009-2010), Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández –JOH- (2014 hasta la actualidad) buscaron imponer un modelo neoliberal extractivista y extranjerizante a partir del autoritarismo y la represión. Este plan se llevó a cabo a partir de un reforzamiento de la figura presidencial, creando estructuras institucionales que debiliten el Congreso y al Poder Judicial, sancionando normas como la Ley de Escuchas Telefónicas (2011) para ejercer control sobre la sociedad civil y reforzando el aparato represivo, como fueron la creación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) y la Policía Militar de Orden Público (PMOP); a esta última la integraron oficiales que fueron entrenados por el Comando Sur de Estados Unidos.
También se llevó a cabo un programa de privatizaciones promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sectores claves como la energía, el agua, la seguridad social, el sector minero, la salud y la educación. Esto vino de la mano de despojos de sus tierras a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las concesiones a empresas extranjeras -vinculadas a pocas familias ricas de Honduras- para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y mineros.
A la par, fue creciendo una red de corrupción y negociados ilegales vinculados al narcotráfico; tal es así, que se denomina al gobierno de JOH como un narco-estado, con pruebas que muestran cómo se han usado capitales ilícitos ligados al narcotráfico para afirmar su poder y financiar campañas políticas. Sobre esto, Ríos señala: “Juan Orlando Hernández tiene un hermano preso en Estados Unidos y ahora condenado a cadena perpetua por formar parte de los cárteles del narcotráfico. Se mueven enormes masas del capital ilícito que genera el narcotráfico. Esta estructura fue instalada en la región directamente desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la CIA y el Comando Sur”.
La política represiva y autoritaria del régimen instalado con el golpe de Estado desencadenó un espiral de violencia, que ha tomado una dimensión estructural. La violación a los derechos humanos, la represión y desapariciones se volvieron una constante en Honduras. Esto lo vienen denunciando organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Dos sucesos dan cuenta de la ligazón del aparato represivo con los sectores económicos y la impunidad judicial: uno es el asesinato de la ambientalista y defensora de los derechos del pueblo lenca, Berta Cáceres, el 2 de mayo de 2016, quien murió a mano de sicarios vinculados a ex militares, a familias pertenecientes a la oligarquía hondureña y a directivos de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA). El segundo caso son las desapariciones forzadas de integrantes de la comunidad garífuna, tras el secuestro de cinco de sus miembros el 18 de julio de 2020, al que se vincula a agentes policiales.
Resistencia, unidad y ¿victoria?
Las articulaciones y procesos de unidad de las organizaciones sociales y populares resultaron fundamentales para resistir tras el golpe de Estado. Desde 2009, con las movilizaciones en Tegucigalpa; los reclamos contra la corrupción en 2015; las protestas contra el fraude de 2017; la lucha de los maestros y médicos contra la privatización de la educación y la salud; así como la resistencia de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la defensa de sus territorios y contra el avance de las empresas extranjeras, dan cuenta de la diversidad de los movimientos que aglutina el campo popular hondureño. Una de las expresiones de unidad fue el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que en 2011 se constituyó en el Partido Libertad y Refundación o LIBRE -liderado por Manuel Zelaya-, que aglutinó a ex integrantes del Partido Liberal, grupos de ciudadanos contra la corrupción y sectores de izquierda.
El 16 de junio de este año, se constituyó el Movimiento Nacional contra las ZEDE (Zona de Empleo y Desarrollo Económico) y por la soberanía nacional, siendo otras de las articulaciones desde las organizaciones y movimientos populares, en este caso para luchar contra estas zonas. El modelo de las ZEDE es la carta que juega el gobierno de JOH para atraer inversiones y generar empleo, y consiste en permitir a las empresas privadas, a menudo extranjeras, tener vía libre para gestionar la mano de obra y la tierra. Este modelo de ciudades privadas o zonas liberadas de regulaciones estatales es, como indica Ríos, “el modelo del neoliberalismo para invertir el capital espurio del narcotráfico y la corrupción, y tener mano de obra en condiciones prácticamente esclavistas, sin ningún tipo de derecho”.
Este proyecto condensa las fuerzas en pugna en el tablero político de Honduras. De un lado, el Partido Nacional (PN), aliado a la oligarquía y a grupos del capital transnacional, y del otro lado un conjunto de organizaciones sociales y populares que vienen resistiendo a la implantación de este modelo. De los candidatos a la presidencia con posibilidad de ganar, solo el oficialista Nasry Asfura se posicionó a favor, mientras que Xiomara Castro de LIBRE y Yani Rosenthal del Partido Liberal (PL) se han posicionado en contra.
Son 14 los candidatos y candidatas a la presidencia. Pero las encuestas señalan que la disputa estará entre Nasry Asfura y Xiomara Castro, y más atrás queda Yani Rosenthal. En los últimos días, el mapa político se movió porque otro de los candidatos, y bien posicionado en los sondeos, Salvador Nasralla, desistió de su candidatura y entabló una alianza con Xiomara Castro. Esto deja bien posicionada a la líderesa de LIBRE para poner fin a 12 años de gobierno neoliberal y oligárquico.
Pero la amenaza de fraude y las irregularidades electorales de los comicios anteriores encienden las alarmas sobre el desenlace de los resultados. Al respecto, Ríos señaló: “Nuestro problema no es ganarle a la derecha, sino ganarle al fraude”. “La reforma electoral aprobada en mayo de este año hace que el Partido Nacional ya no pueda adulterar los padrones electorales, que haya un nuevo registro nacional de personas y que tengamos presencia en el Consejo Nacional Electoral”, indicó.
En caso de que Xiomara Castro resultara victoriosa el 28 de noviembre y se volviera por el camino de un proceso de cambio truncado con el golpe a Zelaya, Ríos afirmó “que se volverá a las articulaciones y espacios de integración latinoamericana y caribeña junto a los gobiernos progresistas y de izquierda del continente. Además, priorizaremos la relación geopolítica con China”.
Entre las primeras medidas de un gobierno de LIBRE se encuentran la eliminación de las ZEDE, así como rescatar a las empresas nacionales que fueron privatizadas, como es el caso de la Empresa Estatal de Energía, eliminar la ley de empleo por hora y restituir a los trabajadores los derechos laborales que fueron quitados, y avanzar contra la corrupción mediante una auditoría del Estado. “Es fundamental cambiar el carácter oligárquico del Estado hondureño hacia un Estado popular”, agregó Ríos.
Centroamérica es una región inestable, atravesada por múltiples crisis, pero con organizaciones sociales y populares que vienen resistiendo al efecto depredador del neoliberalismo. Las elecciones en Honduras se vuelven centrales tanto por su lugar geoestratégico y político como por las heridas que se abrieron en 2009 y los vientos de cambio que pueden venir de allí.
*Por Carlos Mauricio Ferolla para ALAI / Foto de portada: Arnulfo Franco – AP
