EZLN alerta sobre crecimiento de paramilitarismo en Chiapas
El movimiento zapatista asegura que su territorio está al borde de una guerra civil debido a las políticas represivas del gobierno estatal, vinculado al narcotráfico y el paramilitarismo.
Por Redacción La tinta
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de México, denunció el domingo pasado que el paramilitarismo en Chiapas, en el sureste del país, se encuentra “al servicio” del gobierno estatal y que la región “está al borde de una guerra civil”.
En un comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) y la comandancia general del EZLN, firmado por el Subcomandante Galeano, también se alertó sobre el secuestro de José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, quienes forman parte de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”. Sánchez Juárez y Núñez Pérez fueron liberados el mismo domingo, ocho días después de su desaparición.
El EZLN apuntó contra la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), a la que calificó como una agrupación paramilitar vinculada con la administración estatal, encabezada por Rutilio Escandón.
En el comunicado se advirtió que la ORCAO es “una organización político-militar de corte paramilitar, tiene uniformes, equipos, armas y parque obtenido con el dinero que reciben de los programas sociales”. Según el EZLN, de ese dinero, la ORCAO se queda con una parte y el resto se lo dan “a los funcionarios para que publiquen que se está cumpliendo con el asistencialismo”.
Desde el EZLN, además, alertaron que, con las armas que poseen los paramilitares, “disparan todas las noches contra la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi”. A esto, la insurgencia zapatista agregó que esperaron “con paciencia hasta agotar los canales posibles para la solución”. Pero “mientras el gobierno del estado de Chiapas saboteaba y estorbaba la liberación” de Sánchez Juárez y Núñez Pérez, “fueron organizaciones defensoras de los derechos humanos y la iglesia católica progresista quienes valoraron con justeza lo que podría ocurrir”.
Para la liberación de los dos zapatistas, intervinieron los párrocos de San Cristóbal de las Casas y de Oxchuc, pertenecientes a la Diócesis de San Cristóbal. En el momento del secuestro, Sánchez Juárez y Núñez Pérez llevaban un radio de comunicación y 6.000 pesos mexicanos, pertenecientes a la Junta de buen Gobierno, que les fueron robados.
Ante esta situación, en el comunicado se explicó que el secuestro está penado por las leyes del Estado mexicano y por las propias normas que rigen en la autonomía zapatista. A su vez, remarcaron que “el gobierno del estado de Chiapas solapa y alienta estos crímenes, y no hace nada”, por los cual el EZLN “procedió a tomar las medidas necesarias para liberar a los secuestrados y detener y sancionar a los responsables de este crimen».
Los zapatistas criticaron al Ejecutivo de Chiapas, al que calificaron de sostener un “desgobierno” y hacer “todo lo posible” por desestabilizar la región. Entre los puntos que marcó el EZLN al respecto, recordó que el gobierno reprime a los normalistas rurales, sabotea los acuerdos firmados entre el magisterio y el Ejecutivo federal, y los funcionarios cometen actos de corrupción y roban el dinero del presupuesto estatal.
Entre las denuncias más duras, el EZLN manifestó que el gobierno estatal mantiene “alianzas con el narcotráfico”, que provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, ya que desde el poder central no se hace nada “para preservar la vida, la libertad y los bienes de los pobladores”. “El gobierno de Chiapas no solo solapa a las bandas de narcotraficantes –reiteraron los zapatistas-, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares” que atacan de forma permanente a las comunidades autónomas.
Además, advirtieron que el gobierno estatal “lleva adelante una política de vacunación” contra el coronavirus “propositivamente lenta y desordenada, que está provocando inconformidades entre la población rural y que no tardará mucho en explotar”. Frente a esto, “sube el número de muertes” por la COVID-19 “en las comunidades sin que se tomen en cuenta”.
Al finalizar el texto, los zapatistas sentenciaron que “para otra ocasión, ya no habrá comunicado. O sea, no habrá palabras, sino hechos”.
El viernes pasado, el diario mexicano El Universal informó que un miembro del EZLN fue asesinado a balazos “durante un ataque de grupos armados a comunidades indígenas de Aldama”. El hecho fue revelado por el presidente municipal por usos y costumbres, Adolfo López Gómez.
El ataque ocurrió el miércoles de la semana pasada y la víctima fue identificada como Domingo Santiz, de 32 años y originario de Xuxchen. Santiz se encontraba junto a otras tres zapatistas en la comunidad de Tabak. Las cuatro personas fueron atacadas mientras cruzaban en camioneta un río. El diario mexicano reportó que Santiz “recibió un impacto de bala al descender de la unidad para ayudar a sus compañeros; tras ello, cayó al río y fue arrastrado”. El cuerpo sin vida del zapatista fue encontrado al otro día.
El Universal señaló que “los ataques contra comunidades tzotziles de Cocó, Tabak, San Pedro Cotzilnan, Chiv’it, Stzelejpotobtic y la cabecera de Aldama” comenzaron el miércoles pasado, “a pesar de la presencia de la Guardia Nacional (GN) y la policía estatal”. Según el diario, los grupos paramilitares “disparaban directamente a las viviendas y personas que transitaban por veredas y carreteras, provocando el desplazamiento forzado a las montañas de hombres, mujeres y niños”. También se reportaron detonaciones de bombas.
Hasta el momento, el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador no se pronunció sobre la denuncia efectuada por el EZLN.
Hace dos semanas, los zapatistas también se pronunciaron en contra del “trato inhumano” que el gobierno mexicano aplica a los migrantes que en ese momento se organizaron en cuatro caravanas para salir del municipio mexicano de Tapachula, en Chiapas, rumbo al norte de México.
Desde el EZLN, expresaron que el Ejecutivo impone una política migratoria “que contradice toda la historia de política exterior del Estado mexicano”. A su vez, criticaron al gobierno que “promete sanciones a los ‘excesos’” cometidos por agentes estatales, pero “esa promesa no es sino una mentira más”. El EZLN calificó las políticas oficiales contra los migrantes como “métodos de cacería humana”.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: Víctor Camacho – La Jornada
