Qué hay detrás de la última crisis migratoria con Marruecos
Una de las claves para entender la crisis en Ceuta, colonia española en África, es una inminente sentencia que podría tumbar el acuerdo pesquero entre Madrid y Rabat, que incluye aguas del Sáhara Occidental.
Por Martín Cúneo para El Salto Diario
“La próxima crisis con Marruecos tiene fecha: a principios de verano”, titulaba El Confidencial en marzo de este año. No ha sido necesario esperar tanto: un nuevo episodio de “negociación” entre la Unión Europea (UE) y Marruecos estallaba a mediados de mayo, con la entrada de 8.000 migrantes en la frontera de Ceuta. “No vamos a aceptar el más mínimo chantaje”, decía la ministra de Defensa española, Margarita Robles, el 20 de mayo.
La razón oficial de esta crisis -el ingreso en un hospital de Logroño del jefe del Frente Polisario, Brahim Ghali, de 71 años, después de infectarse por la COVID-19-, es apenas el detonante de conflictos e intereses que venían de largo.
Aquel artículo de El Confidencial ya lo adelantaba: en marzo de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) comenzó a estudiar la legalidad del acuerdo de asociación y pesca entre Marruecos y la UE, un texto que incluye un territorio que, según la ONU, no pertenece a Marruecos: el Sahara Occidental. Una posible anulación del acuerdo de pesca con Marruecos y un apoyo europeo a las tesis del Frente Polisario, es uno de esos trasfondos de la crisis de Ceuta.
En enero de 2019, Bruselas y Rabat renovaban y ampliaban el acuerdo bilateral por el que 128 barcos europeos, 90 de ellos españoles, podrán pescar en caladeros que pertenecen al territorio del Sáhara Occidental, a pesar de que una resolución previa del TJUE, en diciembre de 2016, establecía que los productos procedentes del Sáhara Occidental no podían entrar en los acuerdos comerciales entre Bruselas y Rabat, ya que Marruecos no tiene jurisdicción sobre el territorio saharaui. Bruselas siguió adelante con el acuerdo, aduciendo que contaba con un amplio apoyo en territorio saharaui.
Sin embargo, fue el propio Frente Polisario quien llevó a la justicia el nuevo acuerdo pesquero, defendiendo que el pacto “fomenta las políticas de ocupación militar marroquí”. El Polisario alegó que la UE y Marruecos no tienen competencias “para celebrar acuerdos que afectan a un Territorio No Autónomo pendiente de descolonizar”.
El acuerdo pesquero firmado con Europa autoriza a sus buques a pescar hasta 100.000 toneladas a partir del cuarto año de validez. A cambio, Bruselas debe pagar 52 millones de euros anuales a Rabat por el uso de sus aguas y las del Sáhara Occidental.
Una resolución favorable al Frente Polisario en el TJUE supondría un golpe a los intereses y negocios de Marruecos en el Sáhara Occidental, que obtiene una fuente importante de financiación, también a través de la minería de fosfatos, arena, sal y otros minerales, tal como denuncia la organización Western Sahara Resource Watch.
También supondría un revés a la posición diplomática de Marruecos, en medio de un nuevo episodio de tensión con el Frente Polisario, después de que a principios de este año se recrudecieran los enfrentamientos y la represión en los territorios ocupados. La tensión no solo es con España: este mayo, Rabat llamó a consultas a su embajador en Alemania y exige cada vez con más fuerza a Bruselas que siga el camino de Estados Unidos, que avaló las pretensiones marroquíes sobre el territorio saharaui, en una de las últimas actuaciones de Donald Trump.
Los costes de la externalización de fronteras
Una segunda hipótesis apunta a lo que el periodista Enric Juliana llama un “Plan Turquía 2”, es decir, “un mayor apoyo europeo para contener las rutas migratorias, toda vez que las rutas turca y libia están taponadas”.
El anuncio, realizado en plena crisis migratoria, de que el gobierno español iba a entregar a Marruecos de forma adelantada 30 millones de euros, que ya estaban contemplados en los presupuestos, parece confirmar esta línea argumental. Unos fondos que serán destinados al despliegue policial marroquí para frenar la inmigración irregular, y que según Rabat son insuficientes: Marruecos dice necesitar 434 millones de euros anuales para realizar las tareas de control de fronteras.
España lleva décadas utilizando a Marruecos como policía de fronteras, dejando que haga de tapón y encargándose del “trabajo sucio”, tal como denuncia el reciente informe Externalizar la opresión, del Transnational Institute. A mediados de 2000, explican, Marruecos impuso controles más estrictos en Ceuta y Melilla, lo que provocó que “más migrantes tuvieran que optar por rutas marítimas considerablemente más largas y peligrosas de África Occidental a las Islas Canarias”. Pese a no contar con centros de detención de migrantes como tal, Marruecos hace por Europa -especialmente por España como país vecino- el trabajo de control de fronteras en comisarías, cuarteles militares y otros lugares acondicionados. Un procedimiento habitual, detallan en el informe, es la detención de migrantes irregulares y su “deportación inmediata al desierto en tierra de nadie, entre fronteras”. Según denuncian, “los arrestos parecen ser cada vez más aleatorios: la policía marroquí arresta a refugiados registrados bajo la creciente presión de España para fortalecer la seguridad y el control de las fronteras”. A cambio, explican, después del acuerdo de fronteras firmado en junio de 2013, Marruecos ha recibido cientos de millones de euros por parte de Bruselas.
De forma periódica, Marruecos ha utilizado esta llave de las rutas migratorias como forma de presión para obtener más ayudas de la UE o para otros temas vinculados con la política interior, como es el caso del conflicto del Sáhara Occidental. Según las ocho organizaciones de derechos humanos españolas que participan de la red internacional Migreurop, la reciente crisis muestra el alto coste de externalizar las fronteras: “No solo no ofrecen soluciones duraderas y permanentes en materia de movilidad humana, sino que favorecen la instrumentalización de las personas en procesos migratorios para ejercer presión política”.
El discurso mediático y político de migrantes “lanzados” por Marruecos, se queda cojo. La pandemia, el confinamiento y la caída en picada del turismo aumentaron los niveles de pobreza y desigualdad en el reino alauita, especialmente en aquellas regiones más afectadas por los cierres de fronteras. La situación económica de la población se vio duramente afectada por los cuatro meses de confinamiento, pero también por la suspensión del porteo decidida por Marruecos, en una estrategia para contener el contrabando que dejó miles de parados a ambos lados de la valla, sin otra forma de ganarse la vida. Cuando Marruecos decidió aflojar el tapón de la frontera para presionar a España y a Europa, había miles y miles de personas dispuestas a arriesgarse a un futuro incierto.
*Por Martín Cúneo para El Salto Diario / Foto de portada: AP
