El apartheid de las vacunas y la necesidad de liberar las patentes
Mientras la pandemia por coronavirus se agudiza en todo el mundo, las grandes farmacéuticas se niegan a liberar las patentes de las vacunas para, de esta forma, acelerar la producción del medicamento.
Por Daniela Ramos para ARGMedios
En una encuesta realizada por The People’s Vaccine Alliance entre 77 epidemiólogos de 28 países, dos tercios de los especialistas expresaron que tenemos un año o menos antes de que el virus mute hasta el punto de que las vacunas de primera generación queden sin efecto y se necesiten nuevas vacunas. Es decir: el tiempo en el que se inmuniza a la población a escala global es decisivo.
En el último año, el mundo fue testigo del desarrollo de vacunas en tiempo récord (¡viva la ciencia!). Sin embargo, la producción y distribución avanza en forma lenta, dispar y bajo los designios de las grandes protagonistas de este atolladero: las empresas farmacéuticas. Una de las propuestas para masificar el acceso a nuevas dosis -particularmente en los países empobrecidos- es suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y otras tecnologías relacionadas con el coronavirus. La iniciativa cosechó apoyos y también resistencias.
Organizaciones internacionales vienen promoviendo una discusión que no avanza en las instancias decisivas. En América Latina, no hay debate alrededor de esta idea, en parte porque los esfuerzos están orientados a cubrir urgencias con pocos recursos, y también porque los espacios de articulación regional fueron dilapidados en la última década. ¿Qué margen hay para hacer política sanitaria cuando las vacunas no llegan? ¿Cómo se construye un camino hacia la liberación de patentes?
El debate en la OMC
En octubre de 2020, India y Sudáfrica fueron los primeros en posicionarse. Ambos países emitieron una solicitud conjunta a la Organización Mundial del Comercio (OMC), con un “llamamiento urgente a la solidaridad mundial y al intercambio sin trabas de tecnología y conocimientos técnicos”. En concreto, propusieron que se suspendan provisoriamente una serie de disposiciones del “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio”, conocido por su sigla ADPIC. El acuerdo sobre los ADPIC es el principal marco regulatorio internacional sobre la protección de derechos de propiedad intelectual.
En la última reunión formal de la OMC, celebrada el 10 de marzo, la propuesta fue patrocinada por 57 países. Entre las naciones que brindan su apoyo se encuentran Argentina, Bolivia, Venezuela y la Unión Africana. Los rechazos provienen centralmente de los países más ricos, como Estados Unidos, Australia, Suiza, Japón y la Unión Europea; también Brasil sumó su rechazo. El argumento general de quienes bloquean la propuesta es que la defensa de los derechos de propiedad es central para incentivar el desarrollo de vacunas. “No hay ninguna prueba de que los derechos de propiedad intelectual sean una verdadera barrera en relación con los medicamentos y tecnologías relacionados con la COVID-19″, postulan desde la Unión Europea.
La OMC convocó una nueva cumbre el 14 de abril para construir un acercamiento. Quién estará a cargo de esta tarea compleja es la nueva directora del organismo, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, que apuesta a un acuerdo intermedio para aumentar la disponibilidad de dosis. “Debemos centrarnos en trabajar con las empresas para que abran y concedan licencias a centros de fabricación ahora, en los mercados emergentes y los países en desarrollo”, sostuvo Okonjo-Iweala.
El mapa de la desigualdad
Un primer vistazo a la distribución de dosis en el mundo expresa con claridad el acceso desigual a la inmunización. Y los datos son aún más crudos cuando se proyecta la fecha en que los países tendrán disponibilidad plena de vacunas: la expectativa es que vastas regiones de África, Asia y Latinoamérica lo consigan en abril del año próximo, o en 2023.
“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”, señala Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester. Efectivamente, la lógica que impera en el mundo es que el país más rico vacuna primero.
En Latinoamérica hemos sido testigos, además, de las condiciones predatorias que impusieron las farmacéuticas a la hora de construir acuerdos de compra con los gobiernos. Al menos 13 países de la región cambiaron sus marcos legales, entre leyes, decretos y resoluciones, para responder a las demandas de las empresas en cuanto a confidencialidad e indemnidad económica.
El caso emblemático en términos de bullying es el de Pfizer en su negociación con Argentina. Además de cambios sobre la ley, Pfizer exigía al país que contratara un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa. Y a finales de diciembre arrojó otra petición a la mesa: que el gobierno pusiera en garantía activos soberanos, que podrían incluir reservas bancarias federales, edificios de embajadas o bases militares. La presión, finalmente, frustró la negociación entre las partes.
La industria farmacéutica está sentada sobre una montaña de privilegios que le permite conducirse con esta arrogancia en todas las latitudes. “La Big Pharma gasta entre 15 y 17 millones de euros al año para presionar las decisiones de la Unión Europea, y la industria farmacéutica en su conjunto cuenta con 175 cabilderos en Bruselas trabajando para el mismo propósito. La escandalosa falta de transparencia en los contratos de vacunas es el resultado de esta presión”, señala Boaventura de Sousa Santos, director emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra, en Portugal.
En su reciente artículo titulado La vacuna es un bien público mundial, Sousa Santos recuerda que “los derechos de patente se crearon para estimular la competencia en tiempos normales. Los tiempos de pandemia son tiempos excepcionales que, en lugar de competencia y rivalidad, requieren convergencia y solidaridad”.
Por qué es necesario liberar las vacunas
Así las cosas: en un mundo con tres millones de muertes por COVID-19, y en medio de una crisis que estresa nuestros sistemas de salud desde hace más de un año, las grandes farmacéuticas siguen sin liberar las patentes de las vacunas.
¿Será que la industria no está viendo compensados sus esfuerzos financieros? Por el contrario: no solo ganaron mucho dinero en plena pandemia, sino que los costos de inversión han sido mayormente públicos. Las farmacéuticas embolsaron miles de millones en fondos públicos para financiar la investigación y desarrollo de vacunas, sumado a los compromisos de compra anticipada por parte de los gobiernos. Un informe publicado en The Lancet expone que empresas privadas como Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca recibieron entre 2.000 y 4.000 millones de dólares de Alemania, el Reino Unido y Norteamérica. Hasta ahora, la mayor parte se ha dedicado a aumentar la capacidad de producción de las propias desarrolladoras de vacunas, o a través de acuerdos de licencia con otros desarrolladores.
El eurodiputado belga Marc Botenga es una de las voces que denuncia el papel de las farmacéuticas y reclama la suspensión de patentes. Amparado en el derecho de acceso a la información, pudo acceder a la consulta censurada de uno de los acuerdos de compra anticipada de vacunas por parte de la Comisión Europea. Solo dispuso de 50 minutos para consultar el contrato firmado con la farmacéutica alemana CureVac, bajo estricta vigilancia y permitiéndole el uso exclusivo de un bloc de notas y un lápiz.
En una reciente columna publicada en Le Vif, Botenga desmiente la idea de que la capacidad técnica impide la producción a mayor escala. “A la industria farmacéutica le gusta decir que puede tardar años en crear capacidad. Tal vez. Pero la capacidad de producción actual se ha construido a un ritmo absolutamente récord. Hace un año, las vacunas COVID-19 ni siquiera existían. Para las vacunas de ARN mensajero ni siquiera había capacidad de producción industrial. BioNTech y Moderna nunca habían producido una vacuna comercial. La clave es la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos”.
Y agrega: “En todo el mundo hay mucha capacidad de producción inactiva. Los economistas Joseph Stiglitz y Michael Spence son firmes partidarios de que no haya escasez de vacunas. Estiman una capacidad de producción de 9.720 millones de dosis para 2021 sólo en Estados Unidos, India y China. Oxfam estima que para la producción de las vacunas aprobadas de COVID-19 sólo se utiliza actualmente el 43 por ciento de la capacidad mundial de producción de vacunas”.
Los aprendizajes de la pandemia
Tal parece que el coronavirus formará parte de nuestras vidas por un largo tiempo. Hasta ahora, la respuesta del sistema internacional ha sido reproducir y profundizar la desigualdad, que es en definitiva lo que mejor sabe hacer el capitalismo globalizado. La idea de que esta pandemia nos haría mejores quedó extraviada en la etapa inicial de cuarentena.
A falta de optimismo, lo que quedan son aprendizajes, entre ellos la necesidad de coordinar esfuerzos y consolidar mecanismos de colaboración con nuestros pares regionales, con organizaciones e instituciones que nos permitan encarar los desafíos desde una perspectiva soberana. Para garantizar los derechos de la población también será necesario invertir en más y mejor salud pública. El futuro de la salud no puede quedar en manos de la industria farmacéutica.
*Por Daniela Ramos para ARGMedios / Foto de portada: A/D
