Cecilia Basaldúa: intentan elevar a juicio la causa sin esclarecer su feminicidio
Tras 11 meses de su asesinato, la fiscal Paula Kelm eleva a juicio la causa con un único acusado que no tendría relación con el femicidio y con pruebas clave aún no analizadas. La querella reclama irregularidades en el proceso y que se siga investigando. Este 8M, uno de los reclamos fue el de justicia por Cecilia y por las formas patriarcales vigentes en los espacios judiciales.
Por Redacción La tinta
Desde la Mesa de Trabajo “Justicia por Cecilia Basaldúa”, reclamaron que la fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, resolvió elevar a juicio la causa, cuando la investigación sigue en proceso. Refieren que hay más de 12 testimoniales por tomar, con pruebas de genética forense ordenadas hace meses que no están finalizadas ni conocen las conclusiones de las ya realizadas y con pruebas que no se diligenciaron. Además, manifestaron que no hay certezas de que el único imputado sea el femicida y que les resulta claro que el hecho fue cometido entre varias personas, con sospechosos conocidos que están libres impunemente.
El pasado 8M, compañeras de espacios feministas leyeron un documento contundente, donde señalaron y responsabilizaron a funcionaries, integrantes de las fuerzas de seguridad, gobernadores, ministras y a todes les responsables: “Esta es una causa armada, hay un poder político que permite que lo que parece totalmente ilógico hoy esté pasando. La familia de Cecilia sufre y destila bronca. Nosotras, como equipo, no pararemos hasta exigir verdad y justicia por la compañera Cecilia”, compartió Giselle Videla, una de las abogadas de la querella.
Tras viajar durante cuatro años por Latinoamérica, Cecilia Basaldúa llegó a Capilla del Monte a pocos días de que se declare la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Tenía previsto quedarse en la casa de una viajera, pero, por miedo a la transmisión de coronavirus, no fue posible. Acampó por varios lados, pero la policía, con la excusa de la cuarentena, la echó de todos los lugares en los que intentaba instalarse. Un contacto le presentó a Mario Mainardi, quien la hospedó y, para la familia, el último que la vio con vida.
Cecilia habló con sus xadres el sábado 4 de abril de 2020, cuando les habría contado sobre el nuevo lugar para vivir y que estaba contenta porque tenía vista al cerro. Algunes vecines declararon haberla visto por última vez el 5 de abril.
Tres días más tarde, Mainardi hizo la denuncia por su desaparición. Manifestó que la joven de 35 años abandonó su casa en un supuesto “brote psicótico”, dejando en el lugar su celular, la computadora y el paño con las pulseras que vendía. Sus allegades refieren que Cecilia jamás tuvo problemas psiquiátricos, por lo cual esto ya generaba sospechas.
El 25 de abril, hallaron el cuerpo de Cecilia sin vida y con signos de violencia en un basural de la localidad. A los tres días del hallazgo del cuerpo, la fiscalía ordenó la detención por “abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa” a Lucas Bustos, un joven de la localidad que vive a 3.5 kilómetros de donde encontraron a Cecilia. Para la familia y la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia Basaldúa», no existen pruebas contundentes de que Lucas Bustos haya estado en contacto con ella.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, reclaman que su acusación se debe a una supuesta confesión realizada en una comisaría, cuyos únicos testigos son dos policías a quienes posteriormente Bustos denuncia por torturas. Luego de ese hecho, en la sede judicial, el joven negó haber sido el autor del asesinato. Lucas pertenece a una familia campesina humilde que vive a unos 3,5 kilómetros de donde encontró el cuerpo de Cecilia. Ese solo hecho y su supuesta confesión en sede policial son los argumentos que sostienen su detención y con los que la fiscal Kelm decide cerrar la investigación.
A partir de la detención de Lucas, se ordenaron pruebas de ADN y otras pericias biológicas que arrojaron resultados negativos de su presencia en el lugar del hecho y de un posible contacto con Cecilia. Tanto la familia como la Secretaría de Derechos Humanos solicitaron en reiteradas ocasiones, en estos once meses, que se profundice la investigación a Mario Mainardi, ya que genera sospecha que Cecilia haya estado parando en su casa, fue la última persona que la vio con vida y, luego de tres días, dio notificación de su desaparición, apelando a aspectos de su salud que no tienen correlación con sus antecedentes.
Hace unos meses, apareció un audio anónimo de WhatsApp en el que una testigo acusaba a Mainardi, a dos policías de la Comisaría de Capilla del Monte, los cuales participaron de la búsqueda de Cecilia, y al dueño del campo en que fue hallado el cuerpo de retenerla contra su voluntad y ser presuntos autores del crimen. Esta pista fue descartada por la fiscal sin intentar identificar quién era la testigo.
El pasado viernes 5 de marzo, al cumplirse once meses de la desaparición y posterior asesinato de Cecilia Basaldúa, se conoció la voluntad de la fiscal de elevar a juicio la causa y dejar de investigar. El Juzgado de Control de Cosquín deberá aprobar la decisión.
A días del 8 de marzo, se sigue cuestionando a la (in)justicia patriarcal como parte del problema y funcional a las violencias que viven las mujeres, lesbianxs, trans, travestis, no binaries, intersex y otras identidades disidentes. Las denuncias apuntan a la complicidad de la justicia y el aparato policial para que la muerte de Cecilia quede sin esclarecerse. Sin embargo, les activistes recalcaron que no van a dar el brazo a torcer y que seguirán reclamando verdad y justicia por Cecilia.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: FB Cecilia Basaldúa.
