Beneficios privados o vacuna pública
En medio de la pandemia de coronavirus, las grandes farmacéuticas pelean por obtener millonarios fondos estatales, pese a que la entrega de sus vacunas es deficiente.
Por Eduardo Luque para El Viejo Topo
En esta pandemia, la industria farmacéutica está siendo aclamada como la salvadora. Los desesperados políticos occidentales han puesto todas sus esperanzas en la búsqueda del “Santo Grial” que representa la vacuna. Occidente es incapaz de arbitrar medidas realmente efectivas. Se prioriza el beneficio económico y el cortoplacismo antes que la salud: paradójicamente, la mejora de las cifras macroeconómicas no se producirá si no disminuyen los índices de contagio de forma significativa.
El negocio entorno a las vacunas genera un enorme beneficio (para unos pocos) y grandes paradojas: las inversiones públicas en I+D para combatir la epidemia se han traducido en una privatización de las patentes, el mercadeo al mejor postor de las vacunas, el acaparamiento y la utilización de los viales como una forma más de control político.
Las empresas farmacéuticas han conseguido que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) impidan, como exigían la propia Organización Mundial de las Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), la liberalización de las patentes a pesar de haber sido pagadas con fondos públicos. Las empresas farmacéuticas controlan la cantidad y el precio de venta de las vacunas. La propia Comisión Europea (CE) ha decidido prolongar la exposición de sus ciudadanos a la pandemia, puesto que, si la patente fuera libre, muchas más empresas podrían producir las dosis. Como señala el Secretario General de la ONU: “Ningún país es seguro y saludable hasta que todos los países son seguros y saludables”. La UE ha mostrado nuevamente no sólo su incapacidad para proteger a sus ciudadanos, sino su implicación directa en este proceso acelerado de privatización y corrupción sanitaria.
En mayo de 2020, los ejecutivos de la farmacéutica francesa Sanofi ya anunciaron que primero se serviría el producto a Estados Unidos. Con esa premisa, la idea de negociar los 27 para obtener mejores precios, aunque adecuada, se transformaba en irreal; la carrera por las vacunas había hecho añicos esa supuesta unidad. Reino Unido y Estados Unidos habían acaparado la producción, incluso la contratada y pagada por la UE. Las empresas BioNTech-Pfizer, Moderna y AstraZeneca querían el monopolio, aunque no cumplieran las condiciones de producción. AstraZeneca argumentó, para incumplir los contratos, que lo firmado con Bruselas sólo eran objetivos de producción, no compromisos reales. Esos objetivos de producción provocaron que Bulgaria, que había apostado por la vacuna rusa, fuera sancionada por Estados Unidos y la UE. Nuevamente, la desunida Europa mostraba sus limitaciones.
Los planes de vacunación han fracasado. Las empresas han incumplido sus compromisos, primando los mercados donde podrían obtener mayores dividendos. Pfizer es una de las grandes responsables. Su vacuna, si es que se demuestra eficaz, tiene un enorme problema: su compleja logística (su conservación a menos 70 grados) condiciona su expansión. De aquí a dos o tres meses, especialmente cuando lleguen la rusa Sputnik o la china Sinopharn que no precisan de tales condiciones, Pfizer perderá mercado; es por ello que la empresa maximiza sus beneficios ahora, desviando su producción y dirigiéndola hacia los que pueden pagar más (Israel, Estados Unidos e incluso el mercado negro). Presiona y vende.
Todo esto ha provocado una nueva crisis y un duro enfrentamiento entre las dos mujeres más poderosas de la UE (las dos alemanas, por otra parte): la señora Angela Merkel (que ha tenido que tragarse su orgullo y ha pedido ayuda a Vladimir Putin) y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von del Leyen (que se negaba, por el desgaste político que sufriría su imagen). Una vez que Alemania, para salvar sus niveles de vacunación, haya recurrido a la Sputnik, otros dignatarios europeos seguirán los pasos de la canciller. Alemania se asegura un buen negocio puesto que la vacuna se fabricará en ese país bajo patente rusa. De todas formas, el gran vencedor es Putin, que podrá presentarse casi como el salvador de Europa. Curiosamente, esta vacuna que era carne de memes en las RRSS, ahora, se presenta como la nueva salvadora. Los tertulianos y periodistas a sueldo callarán durante unos días hasta que sus dueños les indiquen los nuevos objetivos. La Sputnik abre camino a otras vacunas, como la china Sinopharn, que ha entrado en territorio europeo de la mano de Serbia con muy buenos resultados y de lo que no se habla. China ha apostado por su zona de influencia más directa, que es Asia, y ayudará en África (cuatro países inocularan vacunas chinas a costes bajísimos tal y como se prometió), un continente que había sido completamente ignorado por las empresas occidentales. Es otra de las consecuencias colaterales de la lucha por el control de las vacunas: el control geopolítico y el uso de la enfermedad como medio de presión. Si, como sabemos, la enfermedad afecta con mayor intensidad y gravedad a las clases más desfavorecidas, igualmente afectará más a los países periféricos. Es por esa razón que los países ricos en su conjunto intentan acaparar el máximo posible de vacunas (más 10.000 millones de dosis han apalabrado cuando la población mundial es de unos 7.000 millones). El objetivo es establecer un nuevo colonialismo sobre los países más pobres, que serán los que no pueden pagar las vacunas. La política rusa y especialmente la china va camino de romper ese esquema colonial.
Para las multinacionales farmacéuticas occidentales, está siendo el sueño dorado. Es un negocio absolutamente redondo, dinero público para investigar (a fondo perdido), patentes que se privatizan, precios al alza en función de la fuerte demanda… Todo eso lo estamos viendo a nuestro alrededor, mientras la UE calla. Si en Bruselas hubiera algo de dignidad, ya se habría producido un rosario de dimisiones. Frente al envite de las farmacéuticas, Bruselas ha admitido una reducción de los viales del 50 por ciento en el primer trimestre del año, acabando así una guerra que jamás ha existido más que en los titulares de los diarios. Finalmente, la cifra inicial de vacunas para el primer trimestre que era de 80 millones ha pasado a 42 millones, invalidando los planes de vacunación de toda la UE. El Ejecutivo europeo ha querido pasar página rápidamente, que no se hablara del tema, sin embargo, la oposición en el Parlamento Europeo (PE) ha exigido algo de claridad, provocando el enésimo enfrentamiento interno. Las declaraciones de la presidenta de los socialistas europeos, los liberales y de la izquierda, exigen más claridad y transparencia en los contratos. El Parlamento Europeo espera que la presidenta de la CE dé explicaciones, algo improbable o, en el caso que se produzca, con escasas repercusiones reales.
La Comisión Europea calló frente a la cuestión de las patentes con la esperanza de que se cumplirían los compromisos. Todo se descubre cuando las compañías decidieron hacer caja rápidamente restringiendo la oferta. Las farmacéuticas decidieron negociar al alza sus contratos desde una posición de fuerza. Los políticos europeos estaban atrapados, se habían encomendado a esas empresas, porque no saben qué hacer, y las farmacéuticas aprovechan para cambiar y reinterpretar los contratos en su favor. Las grandes empresas bien posicionadas en las altas instancias de gobierno de la UE han usado ampliamente sus capacidades y thinks thanks farmacéuticos. Han conseguido que los contratos puedan incumplirse y que los países europeos se resignen, algo nunca visto. La pandemia es el paraíso del especulador. Todo tiene explicación. La industria farmacéutica gasta grandes cantidades en reforzar su influencia política: las 10 compañías más importantes gastan de 14,75 a 16,5 millones al año en cabildeo en Bruselas, según el registro de transparencia de la UE. Este mismo registro nos informa que la gran industria emplea 175 cabilderos cuyo trabajo es influir en la toma de decisiones de la UE y hay unos 60 dedicados a la cuestión sanitaria. Desde el inicio de la pandemia, estos grupos se han reunido unas 85 veces con la cúpula de la Comisión Europea.
La reacción social muy sensibilizada ha provocado que el debate sobre los contratos se abra. Ya en 2019, la Corporate Europe Observatory (una institución que denuncia las relaciones en la UE con los grandes grupos de presión empresarial) revelaba cómo la industria busca y consigue contratos que privatizaban y protegen la propiedad intelectual. La consecuencia es el alza en los precios de los medicamentos, dejando fuera las economías más débiles. Los documentos que hizo público este observatorio demostraban cómo la investigación de I+D, incluso la que procedía de fondos públicos, se orientaba a lo rentable en el corto plazo. Se descuidaban intencionadamente otros campos menos interesantes desde el punto de vista económico y que están relacionados con la pobreza, y especialmente con la protección de futuras pandemias. En agosto de 2020, un periódico belga revelaba que Richard Bergström, uno de los siete negociadores de la UE, cobraba a su vez de dos empresas farmacéuticas (Hölzle Buri & Partner Consulting y PharmaCCX); los otros seis nombres son un secreto. Pero no sólo altos funcionarios de la UE, sino embajadores acreditados en Bruselas han sido debidamente “recompensados”.
La polvareda levantada por el tema de los contratos con las farmacéuticas ha obligado a la Comisión Europea a mover ficha. Se arbitró un método para que los europarlamentarios tuvieran acceso a la documentación. Las condiciones impuestas para la consulta de esos documentos muestran el miedo a la transparencia. Tienen miedo a que sepamos, entre otras cosas, que los acuerdos incluyen una serie de cláusulas que eliminan la responsabilidad de las farmacéuticas sobre los efectos secundarios de la medicación, así como de la eficacia de los tratamientos.
La ocultación de estos contratos leoninos es ahora el objetivo de la Comisión. El acceso a la información está terriblemente restringido, los parlamentarios europeos tendrán habilitada una sala especial donde se expondrá el contrato que se demande. En el caso concreto de Pfizer, el parlamentario tiene prohibido entrar con móvil, papel ni lápiz, no podrá tomar notas de ninguna forma en un documento que aparece previamente lleno de tachones, precisamente en las zonas más sensibles. El parlamentario tiene acceso controlado a una de tres franjas horarias a escoger y tendría un tiempo limitado de unos 50 minutos para analizar un documento de 65 páginas, que es especialmente denso; previamente, está obligado a firmar un contrato de confidencialidad conforme que no podrá hacer público lo que ha leído.
Occidente se enfrenta a un enorme dilema: al permitir comportamientos fuera de toda ética por parte de la industria farmacéutica, se está prolongando la pandemia y la muerte de decenas de miles de personas en nombre del beneficio. De nuevo, la pandemia pone de manifiesto una cosa mil veces denunciada, que son los efectos de las políticas de austeridad sobre el sector público sanitario. En realidad, la pandemia es un regalo del cielo para impulsar los planes de recorte y privatización en sanidad, enseñanza, pensiones.
Los fondos europeos de reconstrucción, tal y como dejábamos escrito en otras ocasiones, no serán gratuitos: están condicionados. La Comisión Europea propone incluir determinados recortes sanitarios a cambio de recibir los Fondos de Próxima Generación. Los planes de rescate y las recomendaciones del semestre europeo recién estrenado son un buen ejemplo. Esos recortes tienen como objetivo el cada vez más escuálido Estado de Bienestar. La propuesta enviada por la ministra Nadia Calviño a la UE incluye, por ejemplo, las pensiones públicas españolas como garantía de devolución de las mencionadas ayudas europeas, mientras ya se plantea en el nuevo semestre europeo la reducción en los tratamientos hospitalarios, la disminución de la estancia en los centros médicos y la introducción de fórmulas de financiación que sancionen a los “pacientes reincidentes” (pacientes crónicos). Todo esto tiene una base muy sólida, no son especulaciones ni fake news. Los informes de Corporate Europe Observatory ponen de manifiesto que el desmantelamiento de los sistemas de salud pública son responsabilidad de la Unión Europea. El documento dice textualmente: “La presión de la UE para recortar el gasto público, incluso a lo largo del Semestre Europeo, ha contribuido a la mercantilización de los sectores de la salud y el cuidado de las personas mayores, con efectos catastróficos durante el COVID-19”. En los últimos años, en no menos de 63 ocasiones, la Comisión Europea ha recomendado a los países la reducción de los presupuestos de sanidad. Las privatizaciones y recortes a los que han sido sometidos los países, especialmente del sur, forman parte de un proyecto impulsado por la Comisión Europea al que tienen acceso franco los lobbys médicos como la UEHP (Unión Europea de Hospitales Privados). La Comisión Europea ya ha constatado que la mitad de los fondos sanitarios del fondo Next Generation van a ir al complejo privado, aunque será pagado con el esfuerzo de todos.
El nuevo colonialismo
El mundo puede necesitar algo más de 10 mil millones de dosis de vacunas para la COVID-19. La desigualdad distribución de las mismas revela nuevamente la existencia de una auténtica lucha por su control. No se entiende de otra forma el acaparamiento de todas las dosis posibles: Estados Unidos tiene encargadas 2.600 millones de dosis, el 393 por ciento más de lo necesario. Canadá puede proporcionar cinco vacunas de dos dosis a toda su población. La Comisión Europea no va a la zaga: dice que controla 2.300 millones potenciales de dosis (para una población de 447 millones) tras sellar acuerdos con seis empresas diferentes: BioNTech-Pfizer (hasta 600 millones de dosis); AstraZeneca (hasta 400 millones de dosis); Sanofi-GSK (hasta 300 millones de dosis); Johnson and Johnson (hasta 400 millones de dosis); CureVac (hasta 405 millones de dosis); Moderna (hasta 160 millones de dosis). Falta por incluir los viales que se quieren comprar a Sputnik. Por si no fuera suficiente, se mantienen conversaciones con Novavax (200 millones) y Valneva (60 millones). Tres empresas están comercializando su productos en este momento: BioNTech-Pfizer (autorizada el 21 de diciembre de 2020), Moderna (6 de enero de 2021) y AstraZeneca (29 de enero). Es evidente que los países ricos han hecho causa común con las compañías farmacéuticas. Según indicó el director ejecutivo de la estadounidense Pfizer, Albert Bourla, “los inversores dan dinero para que podamos desarrollar soluciones”; se olvidó mencionar las enormes inversiones públicas realizadas en favor de estas empresas en infraestructuras y preparación de científicos a cambio de nada. Este acaparamiento no tiene sentido ni desde la perspectiva ética ni lógica, puesto que, mientras existan países que no puedan vacunarse, el riesgo sigue siendo global. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunciaba que, mientras los 49 estados más ricos habían administrado 39 millones de dosis, en África, un país sólo había obtenido 25: ni 25.000 ni 250.000, sino únicamente 25.
Por otra parte, el acaparamiento trae consigo un alza artificial de los precios que deja, aún más, a los países pobres completamente desprotegidos. Más de 79 países en el mundo no tendrán ningún tipo de vacuna durante 2021. La OMS especula que otros muchos deberán esperar hasta 2024. Lo señalábamos en anteriores análisis: el acceso a las vacunas abre aún más la brecha social entre personas y países. Vemos cómo los poderosos se saltan los protocolos médicos en la misma medida que aparece el mercado negro. Por ejemplo, la Pfizer y Moderna se venden a precios asombrosos en la red oscura. Los medios de comunicación japoneses también revelaron cómo vacunas chinas fueron robadas desde su lugar de destino e introducidas en el mercado negro japonés. Igual ha ocurrido en Medio Oriente.
El Plan COVAX
La OMS y la ONU han diseñado un mecanismo internacional de intercambio de vacunas denominado COVAX, que comenzará a operar, aunque a pequeña escala, en febrero o marzo. El director general de la OMS y el coordinador del proyecto afirmaron que habían podido recaudar 6.000 de los 7.000 millones necesarios para promover la entrega de vacunas a 92 países de ingresos bajos. Tres grandes fabricantes chinos, Sinovac, Sinopharm y CanSinoBio, han presentado solicitudes para unirse al plan. Es un proceso lento y laborioso puesto que la OMS exige los mismos estándares de calidad que para las vacunas en países occidentales. Hasta ahora, las compras confirmadas cubren 7.200 millones de dosis, con otros 5.200 millones de dosis actualmente en negociación o reserva, según datos de la Universidad de Duke. El gran problema de la OMS es que es un organismo que proporciona asesoramiento únicamente y no supervisión obligatoria.
Los países ricos juegan para sus nacionales con un argumento excluyente. Europa lo transcribe como si se tratara de “nosotros o el resto del mundo”, cuando el planteamiento debería ser: ¿qué queremos, beneficios privados a través de las patentes, o una vacuna pública y común? En realidad, esa es la elección. Una pregunta a la que el capitalismo neoliberal responde con más muertes y más sufrimiento.
*Por Eduardo Luque para El Viejo Topo / Foto de portada: Luca Sola – AFP
