Debates en torno al aborto: ¡Va a ser ley!
Esta semana comenzaron las sesiones de comisión en Diputadxs y la próxima finalmente, se tratará en el recinto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con un tratamiento exprés, se cree que antes de fin de año podrá llegar al Senado.
Por Redacción La tinta
El 17 de noviembre de 2020, el presidente Alberto Fernández, presentó un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) bajo mucha presión desde las organizaciones feministas. El tema fue parte de la campaña electoral y también fue reafirmado el 1 de marzo en su discurso de la apertura de sesiones legislativas ordinarias. Con la excusa de la pandemia, se había pospuesto su presentación y, ahora, llegó el momento. Desde allí se apresuraron los tiempos ya que parte del anuncio oficial, fue que sea tratado este mismo año en sesiones extraordinarias pero en conjunto con el proyecto del Plan de los 1.000 días, que está enfocado a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las personas embarazadas, puérperas y niñes hasta los tres años de vida.
Debate en la Cámara Baja
En este marcos, el martes 1 de diciembre por la tarde, comenzaron las sesiones anunciadas. Empezó con la presentación del proyecto del ejecutivo a cargo de Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de Mujeres, Género y Diversidad y Ginés González García, Ministro de Salud. Entre el martes a la tarde, miércoles y jueves 70 expositores invitadxs plantearon sus posturas para profundizar en la temática con argumentos a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.
Lxs expositorxs verdes lograron instalar la necesidad de una IVE que pueda garantizar derechos básicos para las personas gestantes.
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“Como red de profesionales de la salud consideramos que para acabar con las violaciones a los derechos humanos, la ley de interrupción voluntaria del embarazo es urgente”, planteó María Belén Carcedo, médica cordobesa de la red.
La abogada Paola Bergallo explicó que “a principio de siglo se hablaba de esperar por el camino de la igualdad, que era inexorable. Venimos esperando hace casi 100 años, por nuestros derechos. (…) En los últimos 25 años la legislación del mundo es liberalizadora. En la mayoría de los países del planeta se adopta la legislación que estamos discutiendo».
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Cuando lxs expositorxs celestes llevaron la discusión al planteo de “salvar las dos vidas”, “darlxs en adopción” o incluso reflotaron argumentos moralizantes, de nuevo lxs expositorxs verdes rebatieron todos y cada uno de sus conceptos.
Nelly Minyersky, abogada histórica de la campaña, dijo que «no hay ningún tratado de derecho internacional que hable de embrión o feto. Se habla de ser humano, ya nacido. (…) El embarazo no es sencillo, no es algo así nomás. Es un proceso con muchas implicancias. Decir que hay que gestar para después dar en adopción no es ético».
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Soledad Deza completó planteando que “no se trata de acordar moralmente con el hecho del aborto, si es bueno o malo, si es moralmente reprochable o no. Se trata de pensar en la inmoralidad de una penalización que se cobra vidas y muertes, todas evitables. Se trata de aceptar que nadie merece estar presa o exponer su vida y su salud por no ser capaz de gestar, parir y cuidar en determinado momento. La penalización del aborto es insalubre señoras y señores. Y la legalización es una deuda de la democracia que exige dejar de lado las creencias propias, para evitar perpetuar violencias ajenas”.
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Proyectos de IVE
Había tres proyectos distintos sobre la interrupción del embarazo, presentados en la cámara hasta que, esta semana, el oficialismo cordobés presentó un proyecto de desepenalización del aborto. Este último, al parecer, llegaría a ingresar a discusión pese a los trámites administrativos que debe recorrer.
Los dos proyectos que más fuerza tienen son los presentados por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que luego de 15 años de resistencia y lucha llega con su octava presentación, que incluye los consensos federales y los aprendizajes del debate del 2018. El otro proyecto es el presentado por el poder ejecutivo, que tiene parecidos con el anterior, pero que divergen en puntos nodales de discusión.
Ambos proyectos contemplan la IVE hasta las 14 semanas de gestación. Esto implica que cualquier persona gestante que no desea continuar con el embarazo puede solicitar la practica del aborto legal sin tener que excusarse ni requerir autorización a nadie para poder acceder a ella. Luego de esas semanas, se contempla la posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) tal cual la conocemos en la actualidad. Es decir, por causales, cuando se pone en riesgo la vida o la salud de la persona gestante o cuando el embarazo es por violencia sexual.
Aquí, es importante aclarar que la discusión respecto a las edades para el acceso al sistema de salud y la autonomía en la toma de decisiones, va en consonancia con el cambio del Código Civil y Comercial que establece que hasta los 13 años las niñas deben ir acompañadas de una persona que sea su referente afectivo (no necesariamente su/s progenitorxs), para dar el consentimiento a la práctica. De 13 a 16 años puede la persona concurrir sin una compañía, a menos que la intervención implique un riesgo grave para la salud o la vida, basado en evidencia científica que la ampare. Vale aclarar que, en general excepto por situaciones previas en la historia de la persona, las técnicas de aborto seguro no suponen estos riesgos. Y a partir de los 16 años, en cualquier situación las personas pueden acceder sin compañía.
Otro de los puntos que ambos proyectos contemplan es la cobertura del sistema de salud. Explicitan que tanto en el subsector público como en el de obras sociales y prepagas, deben realizar el acompañamiento de manera gratuita y queda incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO).
La Educación Sexual Integral (ESI) es un asunto que aparece también, en ambos proyectos como eje troncal para capacitar a lxs docentxs e incluir en la currícula el aborto legal, junto con los temas que ya deberían abarcarse en todos los niveles de escolaridad.
Respecto del plazo para dar una respuesta, en el proyecto de ley de la Campaña se establecen 5 días para resolver el aborto, en cambio en el del ejecutivo, son 10 días.
Los puntos problemáticos que diferencian las propuestas son: la Objeción de Conciencia y la penalidad luego de las 14 semanas por fuera de las causales de aborto legal. Ambos puntos por decisión política, no aparecen en el proyecto de la Campaña ya que el espíritu de la propuesta es garantizar el reconocimiento de un derecho básico como es poder decidir sobre nuestros cuerpos, vidas y destinos sin que el acceso al sistema de salud se traduzca en una obstrucción o en volver a pensar en la punibilidad de la práctica.
La objeción de conciencia es un privilegio reconocido de lxs profesionales de la salud para obviar el cumplimiento de un deber. En el proyecto de ley del ejecutivo se explicitan algunas condiciones para llevarse adelante: sólo puede objetar quien tenga que hacer la práctica de manera directa, por lo que otras personas del equipo de salud no pueden manifestar objeción de conciencia. Debe mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. También debe derivar de buena fe a lx pacientx para que sea atendidx por otrx profesional en forma oportuna, sin dilaciones. Pero este punto es sumamente ambiguo, ya que hasta el momento, en el Protocolo para la atención de personas con derecho a la ILE se explicita que se debe hacer de manera efectiva, a diferencia del proyecto que busca plantearlo como “buena fe”. Es decir, hasta ahora había certeza sobre quién iba a atender a la persona y dónde, pero con el proyecto esto se vuelve difuso.
Tampoco se aclara, a diferencia del ya existente protocolo, que la institución está obligada a dar una respuesta a esta demanda. Vilma Ibarra especificó que muchos de los puntos vagos de este artículo serán aclarados en la reglamentación, en caso que contemos con la ley.
Finalmente, se deja sentado que el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. A partir de este enunciado, se han derivado interpretaciones en cuanto a la discriminación de la persona gestante en el sistema de salud, ya que haciendo una analogía no se espera que una persona que tiene, por ejemplo, hipertensión arterial llegue a un accidente cardiovascular (ACV) para dar una respuesta a su problema de salud sino que se acciona antes y de manera efectiva. Lo mismo debería suceder ante la solicitud de un aborto.
Hasta las 14 semanas de gestación la persona gestante no recibiría ninguna pena. En la propuesta del gobierno a partir de ese momento y por fuera de las causales de ILE, se daría prisión de 3 meses a 1 año a la persona gestante que realizara un aborto.
Lo que se viene
Nada puede saberse de antemano, los tiempos vienen siendo muy fluctuantes y apresurados.
Hoy viernes continúan exponiendo lxs diputadxs que integran las cuatro comisiones: Legislación General, que preside la diputada oficialista Cecilia Moreau, la de Mujeres y Diversidad a cargo de Mónica Macha; de Salud por Pablo Yedlin y Legislación Penal por Carolina Gaillard.
Se estima que el miércoles 9 de diciembre podría salir el dictamen que llevaría los acuerdos de las comisiones para ser tratado el proyecto final el jueves 10 en el recinto general. El objetivo es que llegue al Senado para ser tratado antes de que termine el año, entre el 29 y 30 de diciembre.
Mientras tanto, la marea verde que nos ha impulsado hasta aquí, sigue arrasando con todo, en las calles, en las redes, en las redes, en las radios, en las casas y en las camas. El ambiente se vive con felicidad y mucha esperanza de que este 2020 se termine brindando. ¡Por que el aborto será ley!
*Por Redacción La tinta.
