Verdú: “La naturalización forma parte esencial de la política represiva”
Según el último informe de CORREPI, son 71 los casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde el 20 de marzo de este año, durante la cuarentena. Conversamos con María del Carmen Verdú, referente de la organización, sobre el fortalecimiento de las fuerzas represivas y las dificultades para conocer, denunciar e intervenir ante la multiplicidad de casos de violencia represiva estatal en tiempos de cuarentena.
Por Débora Cerutti para La tinta
«Si yo te convenzo de que la vida es así y no podés hacer nada para cambiarlo, vos agachás el lomo”, me dice María del Carmen Verdú para poder explicar que “la naturalización forma parte esencial de la política represiva”. Siempre volvemos a su voz clara, precisa y colectiva. Ella es parte de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que, desde hace 30 años, ha tenido un rol clave: caracterizar, denunciar y combatir las políticas represivas del Estado, poniendo en evidencia su carácter esencial e inherente al sistema capitalista. A lo largo de estas décadas, la organización política CORREPI se convirtió en un actor fundamental en nuestros cotidianos y en el campo de los derechos humanos al servicio del pueblo.
En tiempos de pandemia, el accionar de CORREPI y las palabras de Verdú nos permiten comprender las implicancias de una decisión política que tomaron los gobiernos nacionales y provinciales: garantizar el despliegue y la intervención de las fuerzas de seguridad para el cumplimiento del Aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La organización considera que esta medida es “sanitariamente correcta”, pero con graves errores en su implementación, dando por resultado una continuidad y profundización de casos de violencia represiva. Además, con más de 40 por ciento del pueblo trabajador desocupado, con tareas precarizadas, viviendo de changas y trabajos informales, Verdú afirma que las respuestas materiales de los gobiernos para garantizar que toda la población pueda cumplir el aislamiento sin morirse de hambre no están siendo suficientes.
A la crisis sanitaria y sin ignorar que estamos en una situación de emergencia real y concreta, se le cruza una profunda crisis habitacional y económica donde el sistema crediticio sólo incrementará el endeudamiento de los sectores populares. En este contexto, sería necesario que la totalidad de los hogares tengan un ingreso de emergencia real y no el insuficiente Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) garantizado por el Estado.
Verdú nombra la situación concreta del colectivo trans y travesti, la de los barrios populares y las villas, y también la situación de muchas otras personas que quizás tengan “el aguante para tener capacidad de endeudamiento o poder reventar algún ahorro que pudiste juntar en 30 años de laburo y no sabés cómo vas a seguir los meses siguientes”, teniendo en cuenta que el endeudamiento es, incluso, un mecanismo concreto de generación de dependencia, visibilizado y problematizado fuertemente en los últimos años desde los feminismos. ¿Qué será del “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” en el contexto postpandémico, si es que existe?
La agenda antirrepresiva
Antes de la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández, CORREPI comenzó a difundir una Agenda Antirrepresiva que se presentó, finalmente, en diciembre del año pasado en Plaza de Mayo. Semanas después, la organización fue convocada por Sabina Frederic, la nueva ministra de Seguridad, para conocer el diagnóstico en materia de situación represiva.
Al respecto, Verdú nos contó que le entregaron una copia de una lista de medidas que, “si bien no plantean una resolución estructural al tema represivo -porque, para eso, haría falta una transformación social profunda y absoluta-, sí pueden servir para bajar un poco la letalidad de las fuerzas y mejorar la vida de las personas, sobre todo, de los colectivos y sectores más vulnerables”. Lo que hace falta, como siempre, es decisión política.
“Para cuando tuvimos esa reunión, había ya cuatro o cinco de las medidas que habían sido tomadas. Por eso, si vos revisás la versión actualizada que publicamos algunas, ya no están, porque habían sido resueltas por el Ministerio de Seguridad”, dice. Verdú se refiere a los protocolos que habían sido implementados durante la gestión macrista por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que fueron derogados en la víspera de Navidad de 2019: el que habilitaba a las Fuerzas de Seguridad federales a disparar por la espalda a personas desarmadas, el uso de las pistolas Taser, el Servicio Cívico voluntario en valores de Gendarmería, el uso de las instalaciones del histórico complejo turístico de Chapadmalal cedido a Gendarmería.
Luego, en marzo de este año, se derogó el protocolo específico para detención a personas LGBTQ+. Se le prohibió a la policía aeroportuaria portar el arma reglamentaria cuando están con francos fuera de servicio y fuera de su lugar de trabajo. Ante esto, desde CORREPI, afirmaron que era una buena medida, porque implicaba que menor cantidad de policías de seguridad aeroportuaria estuvieran en la calle con la posibilidad de matar. Pero esto también es una medida insuficiente: “Al no alcanzar esa medida correcta al resto de las fuerzas, proporcionalmente, la tropa de la policía de seguridad aeroportuaria comparada con gendarmes, prefectos, policía federal, policías provinciales, de la ciudad, etcétera, es mínima. No nos iba a mover la aguja”, afirma María del Carmen.
Por otra parte, CORREPI ha realizado una nueva versión de la agenda antirrepresiva durante la pandemia, que incluye medidas dictadas por el actual gobierno, tales como la Resolución 144 de ciberpatrullaje de redes sociales.
El informe: 71 casos de gatillo fácil
“No es un listado exhaustivo”, comienza señalando Verdú respecto al último informe de CORREPI. Es que una de las principales dificultades que está enfrentando la organización es la de no poder ir a los barrios a reunirse con las familias, hablar con los testigos de las víctimas de gatillo fácil, así como tampoco transitar fiscalías y juzgados para ver las causas: “Por eso, insistimos en que es una lista muy parcial. Exclusivamente, aquello que sí hemos podido chequear y verificar suficientemente como para incorporar al archivo”, afirma.
En esa lista, hay registrados 71 asesinatos, la mayoría de personas en situación de detención en cárceles y comisarías. En segundo lugar, los fusilamientos de gatillo fácil en la vía pública. Al respecto, María del Carmen afirma: “Creíamos ingenuamente, al inicio de la pandemia, que, al haber menos de personas circulando, la falta de blancos móviles, iba a disminuir la modalidad. Sin embargo, claramente, nos estamos equivocando”.
Feminicidios de uniforme y otras modalidades de asesinato son las que han sido registradas en el informe de CORREPI. Son tres las desapariciones forzadas ocurridas durante la pandemia: las más conocida, de Luis Armando Espinoza en Tucumán y, actualmente, Facundo Astudillo Castro.
También hubo un caso en la provincia de Buenos Aires, en Florencio Varela. Se trata de Francisco Valentín Cruz, quien tenía un cuadro de alteración psiquiátrica y se encontraba desorientado caminando a la vera de una ruta. “Un patrullero lo levantó y nunca más se supo de él hasta después que la familia había hecho ya la denuncia. Encontraron su cuerpo cubierto por brea en una cantera. Los policías del patrullero diciendo ‘Nos pidió que lo dejáramos bajar y lo bajamos en un cruce de la ruta’, cosa que, obviamente, no se lo puede creer ni la madre de los policías”, afirma Verdú.
Las fuerzas represivas entre San Luis y Córdoba
Con María del Carmen, nos detenemos en Traslasierra, zona del oeste cordobés, para poder desentramar el asombro que causan la cantidad de informes que han recibido en CORREPI. Verdú menciona el vínculo entre la Mesa de trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra y las denuncias que han tenido su origen en el valle y que para nada se tratan de hechos aislados.
Por otro lado, la gravedad de los casos San Luis merecen una mención particular: “En la comisaría de Santa Rosa de Conlara, tenemos uno de los casos más paradigmáticos de muertes en comisarías, el caso de Florencia Magalí Morales, y el de dos chicos menores de edad en la Comisaría del Menor de Villa Mercedes”, destaca Verdú.
Es importante nombrar también el hostigamiento policial en una zona que, como bien dice María del Carmen, destaca por el porcentaje de precarización laboral que supera el promedio nacional. La venta ambulante, la autoexplotación individual y familiar de quintas, de pequeños cultivos, de artesanías, las ferias, son ejemplos de fuerzas económicas que implican una fuerte presencia y circulación en la vía pública para poder generar ingresos: “Se trata de un territorio que no tiene alta densidad de población y donde, por ejemplo, en la zona de La Población, Yacanto, hemos recibido infinidad de denuncias”. El salir a la calle se convierte en una cuestión de supervivencia.
Situación de indefensión
Estamos en una situación muy compleja, incluso, para pensar cómo nos defendemos de las violencias represivas que nos acechan. Cómo generamos protocolos de autocuidado ante la arbitrariedad y autoritarismo estatal en su manifestación de las fuerzas represivas: “Si bien son válidas todas las recomendaciones que venimos haciendo, publicando y actualizando en la medida que se va modificando la normativa de emergencia, lo cierto es que estamos casi en una situación de indefensión. Te llama alguien, te dice me pegaron, me maltrataron, me toquetearon, me insultaron, me torturaron y resulta que no tenés fiscalías ni juzgados que atiendan”, me dice Verdú.
¿Qué decirle a una madre que llama porque su hijo fue torturado en una comisaría? ¿Cómo acompañar denuncias de violaciones a los derechos humanos ante un aparato judicial que ni siquiera está funcionando eficazmente? ¿Qué hacer con la angustia, con el dolor de no poder siquiera caminar las calles exigiendo justicia? ¿Qué hacer con las causas de gatillo fácil donde es fundamental “la inmediata presentación de las familias, tomar intervención en la causa, pisarle la nuca a la fiscalía”?, nos preguntamos, con la única certeza de que es necesario fortalecer las herramientas que tenemos para defendernos ante tantas situaciones de avasallamiento de las fuerzas de seguridad en estos tiempos de pandemia y aislamiento.
*Por Débora Cerutti para La tinta. Imagen: Colectivo Manifiesto.
