Luz y Fuerza movilizó a Tribunales para ratificar su rechazo a la privatización de EPEC
Un nutrido grupo de trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba marchó este jueves desde la sede gremial de calle Deán Funes hasta el Palacio de Justicia para acompañar al secretario Jorge Molina Herrera a la audiencia de conciliación por el conflicto con EPEC.
A mediados de febrero, el gremio presentó una acción de amparo para frenar la pretensión del gobernador Martín Llaryora de que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba funcione jurídicamente y comercialmente como una sociedad anónima.
Desde Luz y Fuerza, sostienen que la sociedad anónima abre el juego a la venta y división de EPEC, pérdida de puestos de trabajo, caída del Convenio Colectivo de Trabajo, desinversión, mala calidad del servicio con cortes prolongados y masivos, y tarifas dolarizadas, tal como sucede con las empresas privatizadas en Buenos Aires (EDENOR y EDESUR).
La medida cautelar está siendo evaluada por la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación, que ayer citó a las autoridades gremiales y a representantes de la Provincia para tener más elementos a la hora de posicionarse sobre el conflicto.
Ahora los camaristas tienen dos opciones: o le dan curso al amparo y hacen lugar a la medida cautelar de no innovar, o rechazan la acción. Desde el Sindicato, ya anticiparon que, en caso de obtener una respuesta negativa, apelarán al Tribunal Superior de Justicia.
«EPEC no puede ser sociedad anónima»
El gobernador Llaryora argumenta que EPEC está obligada a modificar su personería jurídica debido a que la Ley de Bases y el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei dejan sin efecto la figura de «Sociedad del Estado».
Sin embargo, desde Luz y Fuerza subrayan que el DNU 70/23 contempla empresas nacionales estatales y que no es obligatorio que las provincias adhieran.
Para el asesor letrado del gremio, Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, es de vital importancia tener en cuenta «la clara experiencia negativa de las sociedades anónimas EDESUR y EDENOR en Buenos Aires».
«A las sociedades anónimas EDESUR y EDENOR les perdonaron deudas y no les ejecutaron otras, les permitieron cobrar tarifas exorbitantes actualizadas constantemente, no las controlaron debidamente, no invirtieron en mejorar en la infraestructura y el servicio es malo. Mientras, las acciones de las empresas subieron mucho su cotización en la bolsa, tuvieron grandes ganancias y fugaron del país el dinero que ganaron», acusa el jurista.
Rodríguez Villafañe sostiene que «es inaceptable e innecesario que se transforme EPEC en una sociedad anónima», ya que se trata de una empresa integrada que genera, transporta y distribuye energía eléctrica en toda la provincia, sin ser deficitaria.
«El hecho que el gobernador Martín Llaryora diga que todas las acciones de la sociedad anónima quedan en manos de la provincia no es garantía que ello sea siempre así, ya que, siendo una empresa comercial, después puede desprenderse de acciones, con la excusa de capitalizarse», advierte.
En lo estrictamente legal, el abogado fundamenta el amparo en el pedido de «nulidad absoluta e insanable» del DNU 70/23 que el Gobierno provincial usa como elemento para avanzar hacia la privatización.
*Por Ezequiel Luque para La tinta / Imágenes: Ezequiel Luque.
