Tres historias de vida para saber por qué la Ley de Salud Mental debe cumplirse
Con relatos como los de Mari, Gonza y Diego, la 11° Marcha por el Derecho a la Salud Mental pone rostros a un reclamo urgente: implementar una ley que garantiza derechos y cuidados. Mientras los presupuestos se ajustan y las políticas flaquean, las historias demuestran cómo una ley puede cambiar vidas, pero también cómo la negligencia amenaza derechos conquistados.
Por Soledad Sgarella y Martín Passini para La tinta
Humanizar los carteles de las fotos de la Marcha. Darles un nombre, un rostro. Conocer las historias de vida. La respuesta a por qué marchamos hoy es una combinación entre dato y relato. Entre los números (que no son buenos y que Provincia y Nación ajustan) y las palabras de quienes han tenido otras oportunidades gracias a la Ley que, esta tarde, estaremos defendiendo en las calles.
En esta nota, María y Gonzalo cuentan sus historias que entrelazan sus proyectos, sus búsquedas de apoyos y cuidados para crecer, que encontraron espacios de participación y de resignificación. Historias que son las de miles, pero que nunca se cuentan, porque no son funcionales a las operaciones discursivas de quienes quieren atrasar el reloj de la historia de la salud mental. Pero “si a la historia la cuentan los que odian, eso quiere decir que hay otras historias”. Por eso también, esta nota cierra con una historia más, que es ejercicio de memoria: una despedida a Diego.
La 11º Marcha por el Derecho a la Salud Mental es un grito colectivo que combina cifras alarmantes con relatos que reivindican la importancia de una ley que es mucho más que una norma, porque, aunque no se implementa como debería, ha sido un puente de dignidad para muchas personas.
«El problema no es la ley, sino su falta de implementación»
La Ley Nacional 26.657 y la Ley Provincial 9.848 fueron sancionadas en 2010 y nacieron con la promesa de transformar el sistema de atención en salud mental, priorizando los derechos humanos, la atención primaria y la desmanicomialización.
Pero, lamentablemente, vivimos en una provincia donde la salud mental pareciera no importar. Desde el 2015 y como analizó OTES (en colaboración con un proyecto de investigación de la FCS-UNC y dirigido por Iván Ase y Jaschele Burijovich), en la última década, se perdió más de 50% del presupuesto para estos programas y el 90% del recorte se produjo principalmente en las 15 instituciones de asistencia a la salud mental.
Es posible afirmar, dicen Ase y Burijovich, que el ajuste comenzó mucho antes de que llegara al gobierno el actual presidente. “Es más, casi que podríamos sostener que se utilizó el discurso reformista derivado de los marcos normativos analizados para encubrir y legitimar un brutal ajuste de nuestro campo. Durante el período estudiado, no solo el Gobierno provincial no asignó nuevos recursos —lo que mantuvo el gasto provincial en salud mental por debajo de los estándares internacionales—, sino que tampoco recondujo los ya asignados hacia dispositivos orientados por el nuevo paradigma. La desactivación progresiva de las instituciones monovalentes manicomiales (tarea justificada en el marco de las nuevas leyes) significó la sustracción al campo de los recursos asignados a ellas, en lugar de ser reasignados al fortalecimiento del proceso transformador. Desmanicomializar se convirtió en sinónimo de ajuste en la provincia de Córdoba”, dicen los especialistas. «Necesitamos que se cumpla la ley, no que se modifique», piden desde el colectivo.
María
A pesar de los problemas estructurales, hay quienes —gracias a la perspectiva que la Ley de Salud Mental ha impulsado— han tejido con apoyos sus propios proyectos, favoreciendo el bienestar, que no solo es individual, es siempre un bien común, compartido.
Mari Morillo cuenta que entró al Neuro en el año 2012. “Me tocaron profesionales espectaculares que estaban a favor de la salud mental como un derecho. Había reuniones. Un día, una de las profesionales me dice: ‘Mari, vos tenés que estar en ese lugar’. Y yo no sabía qué lo que era. Entonces, entré y estaba la Jas Burijovich, la Ceci Berra y un montón de usuarios. Yo no entendía nada de la ley, no entendía nada de nada y, de a poquito, ellos me fueron explicando”.
En diálogo con La tinta, explica que, un tiempo después, formaron la asociación civil “Confluir: Usuarixs en Acción por el Derecho a la Salud Mental”, y fue elegida como presidenta. Cada vez se fue interesando más, le empezó a gustar y comenzó a defender a los usuarios. “Yo me pongo en el lugar de los usuarios. Yo no hago ningún tipo de política partidaria, pero entendí que hago una forma de política a favor de los usuarios, defenderlos a ellos, luchar por ellos, luchar para que estén bien, para que tengan dignidad, para que los cuiden, para que los protejan, para que les den una buena medicación, pero que no les pasen la medicación de más”, comenta.
El relato de Mari refleja el carácter profundamente político que adquiere la comprensión de la salud mental como un derecho humano y de las personas usuarias como sujetos de derecho, como sujetos políticos. Ella describe su propia experiencia como una transformación: “Yo no hablaba nada, me la pasaba llorando. A mí, aprender sobre salud mental durante todos estos años me hizo abrirme, llegar a lugares que nunca había soñado. Darle un sentido a todo esto”.
Gracias a Confluir, recuerda Mari, empezaron a moverse y a salir al interior de la provincia de Córdoba: “Un día, fuimos a Oliva y no nos dejaban entrar. Digo: ¿cómo no nos van a dejar entrar? Porque nosotros venimos a visitarles y hacer talleres. Y empezamos así, hicimos un taller, dibujaban, pasamos un día espectacular. Son chicos que saben mucho, son chicos que tienen miedo, son chicos que están abandonados. Y, de ahí, después a Santa María, después íbamos al hospital Córdoba, íbamos al Misericordia, íbamos al Tránsito, íbamos a visitarlos y a charlar con ellos. Y bueno, ya así me fui, me fui, me fui, me fui… hasta que, sabiendo la ley, llego al Consejo Consultivo Honorario Nacional de Salud Mental y Adicciones (CCH). Y seguí y fui presidenta del Consejo Consultivo. Yo le agradezco a mis profesionales, todos ellos cumplían con la Ley de Salud Mental. Y, así, fui progresando, fui progresando y empecé a ayudar y a meterme, y cada vez me gustaba más, hasta que, bueno, llegué al lugar máximo, que es el Consejo”.
El CCH, precisamente, es uno de los espacios de participación creado a instancias de la Ley Nacional de Salud Mental que favorece la participación de las organizaciones de usuaries, en diálogo con otros actores (organizaciones profesionales y de trabajadores, especialistas y referentes científicos, organizaciones territoriales y de derechos humanos), para incidir en el diseño de las políticas públicas del Estado nacional en relación con la temática. La participación de los y las usuarias a ese nivel fue una novedad histórica y un desafío cargado de complejidades: ¿cómo garantizar la accesibilidad en las discusiones, en los documentos, en el trabajo del Consejo, para que la participación sea auténtica y no una presencia decorativa? El relato en primera persona de Mari implicó enfrentar estos desafíos y exigir accesibilidad en el lenguaje como una conquista. Como puede imaginarse, el gobierno libertario quitó todo el apoyo a este espacio clave para avanzar en la implementación de la ley que, en la actualidad, continúa sesionando gracias al esfuerzo colectivo de las organizaciones que la constituyen.
Además de la experiencia en el Consejo, la historia continúa y adquiere formas de militancias como proyecto de vida. Mari sigue impulsando Confluir y es parte del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental. Además, Mari colabora en un centro comunitario municipal. Va los martes y los jueves, y dice que le gusta. «Yo nunca me imaginé que iba a llegar a donde llegué porque yo no hablaba: yo lloraba, lloraba, lloraba, y le quiero dar a esos chicos lo que me dieron a mí las personas que me ayudaron. Lo hago con amor, lo hago con ganas, lo hago con fuerza porque yo me pongo en el lugar del usuario. Hay que estar en el lugar de los usuarios”, finaliza.
Gonza
Es 2023 y la Marcha por el Derecho a la Salud Mental va llegando a su fin, se está por leer el documento, pero todavía falta una intervención. Empieza a sonar música en los parlantes y aparece el Gonza en escena. En sus rimas, van apareciendo historias de jóvenes como él, de sectores populares, que enfrentan la calle, la vida, el día a día. Gonza rapea y su canto es una expresión artística genuina que conjuga ternura e inocencia con una descripción cruda y descarnada de la realidad. Gonza es usuario y también activista. Participa en distintos espacios. Se compromete y, desde ese compromiso, construye su identidad. Rapea por la salud mental.
Para esta nota, nos cuenta un poco más: “Me llamo Gonzalo Pereira, tengo 30 años, soy hincha fanático del Club Argentino de Peñarol, vivo al lado de la cancha. Además, soy de Boca y de Belgrano. Trabajo: hago milanesas de soja, rellenas y vegetarianas”. Deja claro sus gustos: “¡Me gusta cantar rap! De chico, en el 2016, empecé a cantar rap. Gracias a dios, tengo entrenamiento, canto rap y hago todas las cosas buenas por los usuarios”.
Gonza participa en el espacio terapéutico La Folí, que “es un tipo de radio, a veces, mandamos a internet videos, hablamos un poco de las noticias. Hablamos sobre las cosas que están pasando, sobre lo que hace el Gobierno con la discapacidad o de cosas que están pasando ahora”.
Nos cuenta sobre la Marcha: «Para mí, es fantástico porque cada pibe tiene su forma de expresarse, su forma de decir las cosas como son”. Hace un par de años, él llegó al espacio colectivo organizador, invitado por dos de sus terapeutas que lo buscaron y acompañaron a su primera marcha: “No sabía muy bien dónde íbamos, pero llegué y me encantó”. Y, rápidamente, se apropió de su lugar en ese espacio: “Ahora, mirá, tengo seguridad, canto rap por el derecho a la salud mental y, con eso, estoy muy, muy contento. Con los pibes y pibas, hacemos protesta, nos expresamos, decimos la verdad. Porque tenemos derecho para decir las cosas y tenemos derecho para ser como somos. Cada pibe y piba son un par. Un par en las cosas que hacemos”.
La Ley de Salud Mental es un hito en una lucha histórica, de décadas. Además de ser una herramienta jurídica para exigir que las personas reciban atención adecuada y puedan llevar una vida más plena, las palabras de Gonzalo y de Mari van más allá: expresan las posibilidades vinculadas al ejercicio de los derechos humanos. La ley como una conquista, la propia subjetividad como identidad construida al calor de la participación social y política.
Palabras de cierre para la memoria de Diego López
Una historia más exige su lugar en los párrafos finales de esta nota. A partir de su participación en el Taller de Decisiones del Centro de Día de la asociación APADIM, Diego López fue integrante activo del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental. Participó en todas las marchas. Y, en septiembre, nos dejó.
Diego tenía sus grandes temas de conversación: música, fundamentalmente, toda la historia del rock, en todas sus variantes (pero con preferencia en las variantes más metaleras), y política. E historia. O historia y política como parte de lo mismo. Diego tenía un fuerte compromiso y el apoyo de su familia para acompañar. Su presencia en las marchas del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia estaba garantizada. Y, en ese marco, en los últimos años, sus energías estaban puestas en el taller de APADIM, donde se piensa el derecho de las personas con discapacidad intelectual a tomar sus propias decisiones. Y el derecho a la salud mental.
Las palabras finales de esta nota lo recuerdan como lo recordaron la gran cantidad de personas que acompañaron su despedida: como un compañero, un amigo, que vivió plenamente su vida. Recordarlo por todo lo que generó en quienes lo conocieron. Y este ejercicio de memoria que destierra diagnósticos responde a la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y por el derecho a la salud mental. Una lucha por la dignidad.
La realidad es compleja y las promesas de transformación chocan con la falta de presupuesto y voluntad política. Como afirman Ase y Burijovich, la provincia de Córdoba ha desactivado progresivamente recursos clave para la salud mental. Hoy, marchamos para exigir su plena implementación, para que el presupuesto se traduzca en dispositivos concretos, para que ninguna historia quede a la deriva. Hoy, la calle late al ritmo de una consigna que es tan un dato como un relato: la salud mental es un derecho y defenderla es una obligación. «Cuidar lo público, fortalecer la comunidad, defender la dignidad».
*Por Soledad Sgarella y Martín Passini para La tinta / Imagen de portada: Marcha por el Derecho a la Salud Mental.
