Dos proyectos de ley ante el incremento y la complejidad de la violencia digital
La diputada Mónica Macha presentó dos proyectos de ley en la Cámara Baja para tipificar la suplantación de identidad y el hostigamiento virtual en el Código Penal. Una iniciativa legislativa que complementa la Ley Olimpia y que busca regular los entornos digitales en un contexto de incremento de la violencia digital, agravado con el uso de la IA y que afecta, principalmente, a niñas, mujeres y disidencias.
Suena a obviedad destacar que las redes sociales son, cada vez más, un espacio hostil en general y, en particular, para niñas, mujeres y disidencias. Las formas de violencia, acoso y ataques que suceden en ese terreno opaco se multiplican, adquieren mayor gravedad y complejidades. Por ejemplo, los casos en los que estudiantes de secundaria circularon fotos sexualizadas de compañeras creadas por IA y llegaron hasta a venderlas en grupos de WhatsApp. La controversia sobre las deepfake se ha instalado: si es fake, ¿cómo y quién lo regula? Si no se puede corroborar la falsedad de las imágenes, ¿quién regula los daños? Los activismos están trabajando sobre el concepto de “la violencia digital es real, así sea con inteligencia artificial”.
Según Unesco, el 73 % de las mujeres se han visto expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en internet. A esta realidad global, se le suma un panorama nacional donde la amplificación de los discursos de odio han aumentado a partir de la presencia libertaria en las redes y el eco que hace el gobierno nacional de los mismos. Esto recrudece el mapa, ya que es el mismo presidente quien legitima y viraliza ataques directos a periodistas, referentes feministas, instituciones y políticas públicas de género. Si los términos de la agenda pública de las autoridades máximas es la violencia digital, ¿cómo se traslada eso a las redes y en los entornos personales? ¿Cómo impacta y “educa” esa naturalización de formas vinculares basadas en la violencia digital?
Las violencias en línea avanzan y se complejizan a un ritmo vertiginoso, las consecuencias e impactos empiezan a resonar de formas trágicas o en el silencio de la salud metal de muchas niñas y jóvenes. En materia legal, educativa y preventiva, las cosas marchan mucho más lento y, en muchos casos, con total desconocimiento sobre lo que sucede y cómo actuar.
En octubre del año pasado, se promulgó la Ley Olimpia n.° 27736, que incorporó la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26485 como una modalidad de violencia de género y sumó las distintas formas de maltrato que se expresen de manera virtual. Contempla la violencia telemática, que es la “reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos”. De ninguna manera, esta norma penaliza las distintas formas de violencia digital, sino que crea medidas de protección para las sobrevivientes y políticas públicas que apunten a la educación digital y a la prevención, las cuales hoy se ven comprometidas con una reducción del presupuesto para temas de género y el vaciamiento de los equipos respectivos. La ley lleva el nombre de la mexicana Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de violencia digital al difundirse un video íntimo cuando tenía 18 años, lo que llevó a que sitios pornográficos web explotaran su identidad, exigiéndole dinero para borrar el contenido. Hoy, es activista y logró la ley pionera que lleva su nombre en México en el 2020.
Para avanzar en prácticas digitales violentas que no están tipificadas como delitos y que afectan específicamente a las mujeres en entornos digitales, la diputada nacional de Unión por la Patria, Mónica Macha, quien preside la Comisión de Mujeres y Diversidad, presentó una propuesta legislativa sobre violencia digital para tipificar como delitos, en el Código Penal, la suplantación de identidad y el hostigamiento digital.
“Ambos proyectos fueron redactados junto a sobrevivientes de violencia digital y expertas en la materia de las organizaciones Ley Olimpia Argentina y GENTIC, y determinan penas que se ven agravadas en caso de odio de género, ampliando la Ley Olimpia y Ley Belén, que avanza sobre la tipificación de la publicación sin consentimiento de material íntimo, que está en discusión en la Comisión de Legislación Penal”, expresaron desde el entorno de la diputada.
Belén San Román, en noviembre de 2020, fue víctima de un suicidio femicida en Bragado, como consecuencia de la violencia digital que estaba atravesando. Tenía 25 años, dos hijos y era policía. Había decidido terminar la relación virtual con Tobías Villaruel quien, como respuesta, difundió imágenes íntimas obtenidas sin consentimiento, quien está imputado por “extorsión mediante chantaje, violación de privacidad y desobediencia”. La familia de Belén expresó en su momento: «No soportó la presión, la exposición y la vergüenza». Lamentablemente, no es el único caso que tiene un final así. Este año, en agosto, Ema, de 15 años, se suicidó luego de que, el día anterior, un compañero de su edad viralizara un video sexual sin su consentimiento. Vale preguntarnos si las propuestas punitivas son la única salida cuando hablamos de jóvenes compañeros de curso.
Solo México y Australia han avanzado en leyes específicas que sancionan la difusión y viralización de imágenes falsas. «Es imprescindible que el Estado se haga cargo de la violencia digital, aunque sepamos que hoy el Estado está en manos de un gobierno que niega la violencia de género. Pero esta legislación va a sobrevivir al gobierno actual y marca una agenda política. Esto es el feminismo, la construcción de una nueva humanidad, de un cambio cultural», expresó Macha al respecto.
El informe «Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas», realizado por Amnistía Internacional, relevó que: «El 63,5 % de las periodistas mujeres y con diversas identidades de género en Argentina han sido víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos seis años. De ellas, un 98,3 % fue objeto de insultos aislados, mientras que un 85,6 % fue víctima de hostigamiento o trolleo. Un 45,9 % de las periodistas experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual, y un 44 %, amenazas de violencia física”. Destacaron que los ataques a periodistas se ha dado en gobiernos de distinto signo político, pero advirtieron: «En los últimos tiempos, se exacerbó, ya que es habilitada y promovida especialmente por autoridades gubernamentales, lo que agrava los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión».
Lo que refiere al proyecto que aborda el hostigamiento digital, «viene a dar respuesta a los ataques sistemáticos que sufren las mujeres en los entornos digitales con efectos de disciplinamiento y silenciamiento de sus actividades. El proyecto busca abarcar las formas más comunes de acoso digital: persecuciones, intimidaciones, el acecho y la vigilancia digital, comúnmente conocidas con el nombre de stalking; la difusión no consentida de datos personales cuando se causa un daño o se atenta contra la seguridad de una persona, más conocida con el nombre de doxxing, y los contactos no deseados a través de las TIC cuando estos alteran el normal desarrollo de la vida de la víctima», expresaron desde el equipo de trabajo de la diputada Macha.
Temas como aborto, femicidios, violencia de género y derechos humanos son, según el informe, los que las exponen a recibir mayor violencia. Hoy, debemos sumar que la lista de temas se amplía en el contexto de polarización, discursos de odio, desinformación y una agenda antiderechos.
El proyecto que trata sobre la «suplantación de identidad» responde a las prácticas de crear y/o suplantar una identidad digital “usando los datos y características que identifiquen a una persona física o jurídica con la intención de cometer un delito o causar un perjuicio a la persona cuya identidad se suplanta o a terceros, u obtener beneficio para sí o para otros”. Es el caso de las ciberestafas o fraudes financieros, y la forma que se usa también “para difamar o instigar abusos sexuales u otros delitos contra la víctima, difundir sus datos personales, material íntimo, sexual o de desnudez, para realizar acosos digitales, extorsiones, enviar malwares a terceros y otras conductas maliciosas”. Esta iniciativa trataría el nuevo mundo que se abre de cara al uso de la IA.
Las propuestas legislativas avanzan sobre una problemática que crece exponencialmente y nos encuentra desprotegidas y sin herramientas para prevenir y accionar. No solo pueden ser una repuesta por el punitivismo en sí mismo, pero es un paso necesario en una época donde aquellas redes y plataformas digitales que fueron aliadas para la agenda de género, como el Ni Una Menos o la marea verde, ahora son terreno hostil. El anonimato, la velocidad de la viralidad permiten niveles de crueldad y violencias que muchas veces terminan expulsando o generando un corrimiento de los entornos digitales, afectando la libertad de expresión y la salud mental de las mujeres y disidencias, en momentos donde los límites de lo decible y permitido están completamente desdibujados.
*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: A/D.
