Lijo y García-Mansilla en la Corte Suprema: ¿qué clase de justicia puede garantizarse sin paridad de género?
Ayer, el juez federal y candidato a integrar el cargo vacante de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo, se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el PRO. El favorito de Milei llegó a la audiencia pública objetado y cuestionado por distintos sectores, y con una interna abierta en el oficialismo, negociaciones con la oposición y el rechazo desde diversas organizaciones. ¿Qué nos muestra esta candidatura y el procedimiento de selección? Una foto del máximo sistema de Justicia que, por primera vez en 20 años, no tendrá paridad de género.
Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda encabezan el poder máximo de la Justicia en el país y, por primera vez desde 2004, no hay una mujer, desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco el 30 de septiembre de 2021. El 1 de diciembre del 2021, venció el plazo estipulado en el artículo 3 del decreto 222, que establece un máximo de 30 días para la renovación. A mediados de abril, el Gobierno oficializó la propuesta del juez federal, Ariel Lijo. El candidato de Javier Milei fue propuesto para ocupar la vacante de Highton de Nolasco y el abogado constitucionalista, Manuel García-Mansilla, para el lugar que dejará libre Maqueda, que pronto cumplirá los 75 años.
Las candidaturas fueron cuestionadas por variados sectores, fundamentalmente, la figura de Lijo, advirtiendo que no reúne condiciones morales ni profesionales para integrar el máximo tribunal. Tal es la controversia que la vicepresidenta Victoria Villarruel, a contramano del presidente y en otra señal de tensión, cuestionó la elección, incluso, destacando que ocuparía la banca de una mujer.
El juez federal estuvo ayer en la Comisión de Acuerdos del Senado defendiendo su candidatura. En un cuestionamiento de la senadora por la UCR, Carolina Losada, sobre la falta de mujeres en la corte, Lijo expresó: «Tiene que haber mujeres en la Corte Suprema». Y agregó: “La cuestión de género no es una cosa enunciativa, es una cosa más concreta”. Discursos políticamente correctos, promesas de cambios a futuro, pero la foto es la misma de siempre. Casi tres años después, la candidatura a la vacante es un juego de disputas y fuerzas políticas. El próximo 28 de agosto será la audiencia para García-Mansilla. En la Cámara Alta, donde necesita de dos tercios de los votos en el recinto y, para alcanzar esa mayoría, depende en gran parte del voto de Unión por la Patria.
Gides (Grupo de Investigación en Derechos Sociales), El telar, Fundeps y Católicas por el Derecho a Decidir se presentaron ante la Cámara de Senadores para exponer los motivos por los que consideran que los candidatos para cubrir las vacantes en la CSJN, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, no cumplen con las condiciones requeridas para integrar el máximo órgano de justicia de nuestro país.
«Como organizaciones de la academia y la sociedad civil, con larga trayectoria en materia de derechos humanos, entendemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como principal garante de la Constitución Nacional y del Estado de derecho, solo puede ser integrada por personas cuya trayectoria refleje una sólida idoneidad e independencia, así como un firme compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos”, expresaron. En un comunicado, exigen a quienes integran el Senado que «estén a la altura de las circunstancias y no presten el acuerdo para la aprobación de estas candidaturas en defensa de los derechos humanos y los más altos valores de justicia”.
¿Foto de época?
“Ariel Lijo enfrenta serias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, incluyendo negligencia en la investigación de casos de corrupción, retrasos injustificados en procesos legales y acusaciones de enriquecimiento ilícito, además de cargos penales por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Además, carece de méritos profesionales o académicos que respalden su candidatura. Manuel García-Mansilla ostenta una postura ideológica que podría afectar la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Durante su trayectoria, ha cuestionado la jerarquía de tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Argentina. También ha expresado su oposición al derecho al aborto, incluso en aquellos casos en donde el embarazo es producto de una violación. Su incorporación al máximo órgano de justicia de la Nación implica un serio riesgo para la garantía de derechos de mujeres y personas gestantes”, expresaron las organizaciones.
En diálogo con Marina Gudiño, representante del área de litigio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la abogada indica que esta posible conformación de la Corte “representaría el incumplimiento de los compromisos constitucionales asumidos con la firma de diversos tratados internacionales, para asegurar la igualdad y la no discriminación en las funciones públicas. También, sería excluyente y discriminatoria en términos de paridad de género y federalismo, ya que ambos candidatos provienen de la Ciudad de Buenos Aires y se reproduce la concentración de poder en la capital. Además, la integración de una Corte con paridad de género es una respuesta democrática a la ciudadanía, especialmente, considerando que es el Senado —cuyos representantes fueron elegidos por el pueblo— quien debe aprobar o rechazar las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo”.
Según el art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional, la designación de un nuevo juez en el tribunal supremo “corresponde al Presidente de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes”. A su vez, no establece cupo femenino en la Corte. Es el decreto 222/2003 el que establece que, en la inclusión de nuevos miembros, se permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.
El techo de cristal y el piso pegajoso en la Justicia argentina no son novedad, sin embargo, estamos ante un retroceso desde el regreso de la democracia en la conformación de una Corte sin mujeres. ¿Qué clase de justicia puede garantizarse sin mujeres, sin diversidades, sin interseccionalidad?
“La integración de la Corte con paridad de género es una deuda con las demandas de los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y, fundamentalmente, el movimiento feminista que ha sostenido, impulsado y defendido los derechos humanos de las mujeres y las disidencias sexuales durante décadas. Así como los derechos de la infancia y la adolescencia, los cuales son objeto de tensión en el sistema judicial. Y la historia ha demostrado que, con la representación de mujeres, se han obtenido mejores resultados para garantizar su protección y reconocimiento, con resoluciones en causas específicas que sientan precedentes y en el desarrollo de programas, investigaciones y capacitaciones que han fortalecido y expandido la perspectiva de género en todo el sistema de Justicia, como es el caso de la Oficina de la Mujer”, detalla Gudiño.
Como abogada feminista que integra la organización de Católicas por el Derecho a Decidir, que hace más de 30 años promueve los derechos humanos de las mujeres, considera alarmante la composición de la Corte y las tensiones políticas en juego en un momento en que los discursos de odio se propagan y los derechos más fundamentales y los que atañen a vivir una vida libre de violencia se encuentran en peligro debido al desmantelamiento y la eliminación de políticas públicas.
La paridad de género, bien, gracias
En los 161 años de historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solo tres mujeres han ocupado el cargo de juezas en el más alto tribunal. Margarita Argúas, la primera entre 1970 y 1973. Luego, Elena Highton de Nolasco, convocada en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, su pliego fue aprobado por 51 votos a favor y 5 en contra, quien renunció tras 17 años en el cargo de jueza del máximo tribunal. Carmen Argibay, nombrada un tiempo antes, con un pliego aprobado un mes posterior al de Highton de Nolasco. Así es como, en el periodo de 2005 a 2014, el tribunal mantuvo dos mujeres sobre siete. Tras la muerte de Argibay, la corte quedó con única representante femenina. Luego de su renuncia, no hay paridad y parece no estar en los planes recientes.
Vale destacar que, con Argibay y Highton de Nolasco, se creó la Oficina de la Mujer, que impulsa la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, para facilitar el acceso a la justicia de personas afectadas por hechos de violencia doméstica. Un avance, aunque escaso, para los movimientos legales y de políticas públicas conseguidos al calor del movimiento feminista en el país.
El relevamiento que realiza la Oficina de la Mujer, de 2023, mostró que la composición del Poder Judicial es mayoritariamente femenina, con un 57%. “Sin embargo, ellas conformaron solo el 29% de las máximas autoridades. Si se considera la sumatoria de quienes accedieron a un cargo de magistratura, procurador/a, fiscal o defensor/a, número que también incluye a quienes se desempeñaban como máximas autoridades, la proporción de mujeres fue de 46%, aún por debajo de la paridad de género”, indica el informe. Desde el año 2022, se habilitó para la carga el registro de identidad de género, de reciente implementación, se informó de 49 personas que expresaron tener otra identidad de género por fuera del binomio varón/mujer, “1 de ellas perteneciente al funcionariado, 44 al personal administrativo y 4 al de servicio”.
“Una Corte con paridad de género es una gran oportunidad para acercarnos aún más a la transformación del sistema de Justicia, donde la perspectiva de género sea una constante y se aplique de manera transversal y real. Lograrlo es como tomar la punta de un iceberg y empezar a derretir todo aquello que cimienta y sostiene una justicia clasista y patriarcal, donde los altos cargos han sido históricamente territorio exclusivo de hombres. Un sistema que se encuentra encerrado en sus estrados, reservado solo para un pequeño sector de la sociedad y que tiene el enorme poder de resolver los conflictos y ser garante de la república y la democracia. Imaginar una Corte con paridad de género es un horizonte que, como parte del movimiento feminista, no resignamos y por el cual seguiremos luchando, presentando fundamentos, defendiendo los derechos que tanto nos costó conseguir”, afirma la abogada de CDD.
La corte que nos espera representa un retroceso.
*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: CIJ.
