Basta de tortura en contextos de encierro: convocan a una concentración para exigir justicia por Ezequiel Castro
El 14 de junio, se cumplieron dos años del crimen de Ezequiel Castro, un joven de 21 años que murió en el Hospital Misericordia después de haber sido detenido arbitrariamente y torturado bajo tutela estatal. Hay más de 25 personas imputadas e investigadas entre policías, agentes del Servicio Penitenciario y profesionales de la salud. Sin embargo, la causa no avanza y la familia de Ezequiel denuncia demoras e irregularidades. Este jueves 27 de junio, convocan a una concentración en Tribunales I para exigir respuestas al Poder Judicial.
El 8 de junio de 2022, Ezequiel Castro fue detenido por la Policía de Córdoba a pocas cuadras de su casa, en barrio Cerro Norte, cuando iba a comprar una coca con un amigo. Los cuatro días siguientes fueron un martirio para la familia. Un recorrido interminable por instituciones que desconocían el paradero de Ezequiel y desmentían la información otorgada por la Fiscalía. Recién el 12 de junio, un móvil se presentó en la casa de Lorena y Guillermo, padres de Ezequiel, para informarles que el joven estaba internado en el Hospital Misericordia.
Cuando la familia llegó a la institución, los guardias del hospital dijeron que había ingresado por problemas respiratorios. Sin embargo, el equipo médico explicó que tenía más de 25 golpes, estaba deshidratado y con somnolencia. Antes de pasar a terapia intensiva, Ezequiel llegó a hablar y dijo que hacía dos días que no le daban agua y que lo habían golpeado. El 14 de junio, Ezequiel falleció.
El equipo médico informó que el joven de 21 años había sido ingresado por la Policía de Córdoba y que provenía del Centro Psico Asistencial. El CPA es un “dispositivo de salud mental” destinado a personas judicializadas, que depende del Ministerio de Salud de la Provincia y se encuentra, desde su inauguración en 2008, emplazado en el predio del ex Centro de Rehabilitación de Menores en el barrio Bella Vista.
La primera versión policial de la detención decía que la fisonomía de Ezequiel coincidía con el sospechoso de un robo. Sin embargo, más adelante, cambiaron su relato y dijeron que el joven tuvo un brote psicótico en la vía pública. Como relata su padre, Guillermo Castro, “Ezequiel no tenía antecedentes, nunca había estado detenido, no tenía problemas de adicciones y no tenía problemas de salud mental”. ¿Quién lo derivó al CPA y por qué?
El próximo jueves 27 de junio, familiares, amigxs y organizaciones que luchan por el derecho a la salud mental convocan a una concentración a las 9:30 horas, en Tribunales I (Caseros 551), para recordar a Ezequiel y exigir respuestas al Poder Judicial: “A dos años de su crimen, la fiscalía 4/6 no avanza en la investigación. El CPA sigue siendo un lugar de maltrato, a pesar de la denuncia de otros casos de tortura”, señala la convocatoria.
“Vamos a tratar de tener una reunión con el fiscal general, Juan Manuel Delgado. Necesitamos que nos escuche, que se ponga el tanto de lo que sucede y que le dé celeridad a la causa o que nos cambie de Fiscalía. Desde que empezó esto, la fiscal Jorgelina Gutiez siempre ha estado poniendo trabas en la causa, en el acceso al expediente, no da respuestas y hasta se han perdido pruebas”, explica Guillermo Castro en diálogo con La tinta.
Justicia es que no pase nunca más
En 2022, cuando la causa llegó a la Fiscalía 4/6, Jorgelina Gutiez estaba de licencia y la familia fue recibida por su reemplazo, Silvina Fernández, quien les dijo que tenían en su poder todas las pruebas recolectadas y los videos de las cámaras de seguridad. Seis meses después, ocupó su lugar el fiscal Gerardo Reyes, que también los recibió y les dijo que, si bien había secreto de sumario, tenían todas las pruebas guardadas.
En 2023, cuando se cumplió un año del hecho, Gutiez había regresado a su cargo como fiscal. Cuando recibió a la familia, les informó que había entre 25 y 27 personas imputadas por el artículo 80, entre policías, agentes del Servicio Penitenciario y médicos, pero que las filmaciones de las cámaras de seguridad no estaban más. Esa fue la única vez que habló con Lorena y Guillermo, a pesar de los numerosos intentos de ellxs y sus abogados.
Gutiez ha sido acusada por otras familiares de víctimas de gatillo fácil por entorpecer las causas, demorar injustificadamente las investigaciones e intentar sobreseer a policías que dispararon sin pruebas suficientes. “Es totalmente una falta de respeto hacia nosotros como familia. No sabés si no saben hacer su trabajo o no lo quieren hacer o están encubriendo algo”, expresa Guillermo.
Cuatro meses después de la muerte de Ezequiel, otro joven fue derivado con evidentes signos de tortura al Hospital Misericordia, después de haber pasado por el Centro Psico Asistencial a raíz de una detención policial arbitraria. En octubre de 2022, Matías Mariño, de 28 años, tuvo dos paros cardiorrespiratorios porque, según el reporte oficial, “se ahogó con pan”. Desde entonces, quedó en estado parapléjico con daño cerebral, dependiendo de los cuidados de su familia, que reclama justicia y denuncia que Matías fue golpeado, sujetado, medicado y maltratado en el CPA.
Guillermo señala la relación entre ambos casos: “Hay personas que están involucradas en la causa y también figuran imputadas en la causa de Matías Mariño. O sea que si la fiscal Silvina Fernández hubiera apartado a estas personas de sus cargos después de lo que pasó con Ezequiel, quizás Matías no estaría hoy en estado vegetativo. Estas personas siguieron trabajando y, lamentablemente, Matías pasó por esas manos”.
La familia de Ezequiel destaca que, cuando suceden estas situaciones atroces, los familiares se ponen a investigar más que la propia Fiscalía: “No sabemos si no investigan o investigan y encubren. Hemos estado averiguando y, solamente entre el CPA y el EP9, hay más de 300 denuncias hechas hacia médicos y agentes del Servicio Penitenciario”.
Nos cuidamos entre nosotrxs
En el arduo recorrido que la Justicia obliga a atravesar a las familias víctimas de la violencia estatal, las personas se encuentran y sostienen colectivamente. “Hemos tenido acompañamiento de otros familiares, de organizaciones, mucha gente que nos está apoyando. Hemos estado participando en la Marcha contra el Gatillo Fácil, en la Marcha de la Salud Mental, en la Marcha de la Gorra. Hemos armado proyectos con legisladores, hay gente que nos ha escuchado”, destaca la familia de Ezequiel.
Además de participar en la organización de reclamos colectivos y hacerse presentes en juicios de causas por gatillo fácil y violencia policial, Guillermo y Lorena han viajado a Buenos Aires y mantuvieron reuniones con espacios como el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Amnistía Internacional y con funcionarios provinciales, como Juan Pablo Quintero y Liliana Montero. Los moviliza la búsqueda de justicia y el acompañamiento a otras personas que atraviesan situaciones similares, promoviendo acciones concretas impulsadas por diversos colectivos, como la creación del mecanismo local de prevención de la tortura: “Así como hay muchas familias que tienen miedo de denunciar, hay otras que se animan, pero no saben dónde hacerlo y, cuando lo logran, Tribunales encajona las denuncias. La idea es de ayudar a otras familias y que esto no siga pasando, y bueno, desarticular toda esta red de corrupción”, expresa Guillermo.
Como destaca el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental en esta nota del año 2022, “la historia de Ezequiel Castro es la punta de un iceberg que nos muestra con crudeza la profundidad del drama social que significa el sistema de salud mental de nuestra provincia. En el relato de violencia estatal, que finaliza con la muerte de Ezequiel, se conjuga el poder policial represivo con el poder deshumanizador de un aparato sanitario-punitivo”.
“Arruinaron a una familia entera”
“Ezequiel trabajaba en una constructora en Villa Belgrano, estaba registrado. Se iba en moto a la mañana, salía a las 7 de la mañana de mi casa, se iba a trabajar, se llevaba la comidita, volvía a las 6 de la tarde. Y estaba terminando el secundario en Villa Allende. Llegaba, se bañaba, iba al colegio y, cuando salía, se iba a buscar a los hermanos. Se quedaba en casa los fines de semana, no salía a los bailes, le gustaba quedarse jugando a la Play con los hermanos. Era un pan de Dios”, recuerda su padre.
Después de dos años, demoras, contradicciones, información falsa y un sinfín de acciones que componen la maquinaria de violencia del Estado, familiares, amigxs y organizaciones refuerzan sus propios mecanismos de encuentro y reclamo, convocando a una nueva intervención pública con Ezequiel Castro presente: “Ahora, lo que queremos es que esta gente pague, porque responsables hay. Lo único que quiero es justicia y que se hagan cargo. La idea es seguir en la lucha. Es lamentable que tengamos que salir con una bandera y una remera a las calles, encadenarnos y hacer tantas cosas para obtener justicia. Las personas ya están identificadas y hay cosas que se podrían haber evitado, y, sin embargo, no se hacen o no se quieren hacer”, concluye Guillermo.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Iván Brailovsky para La tinta.
