La crisis carcelaria se profundiza y Córdoba aún debe el mecanismo provincial contra la tortura
El Gobierno removió al interventor Gustavo Vidal Lascano, tras una serie de escándalos con el personal penitenciario y de seguridad. La semana pasada se realizó una nueva visita de la Comisión Nacional contra la Tortura.
“La intervención del Servicio Penitenciario no será una cacería, pero seré implacable”, disparó en diciembre el abogado Gustavo Vidal Lascano. Recién asumido al frente de las cárceles cordobesas, el ex fiscal federal hacía ronda de entrevistas tras el desplazamiento de Juan María Bouvier, jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba durante 15 años y preso por presunta “asociación ilícita”. A seis meses vista, Vidal Lascano se va del cargo también desplazado, sin gloria ni logros significativos en la función; más bien todo lo contrario, al tiempo que la Comisión Nacional contra la Tortura (CNPT) visitó los establecimientos carcelarios cordobeses y a esta altura implora por el fin de las sujeciones y la implementación de un mecanismo provincial contra la tortura. Córdoba es una de las seis provincias argentinas que adeuda esa medida preventiva y de contralor del submundo carcelario.
La CNPT visitó la provincia cuatro veces en los últimos seis años, las preocupaciones se repitieron en cada inspección: hacinamiento y superpoblación carcelaria; sujeciones injustificadas y ajenas a los estándares nacionales e internacionales de Derechos Humanos; demora inexplicable en crear un mecanismo provincial de prevención de la tortura.
Promesas sobre una ley
Aunque esta vez la llegada de los comisionados a Córdoba no tuvo carácter de inspección, las reuniones con funcionarios provinciales y las capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil giraron sobre los mismos tópicos, lo que habla a las claras de las deudas pendientes en la materia. El comisionado Kevin Nielsen señaló a La tinta: “Esta vez vinimos a reunirnos con autoridades de los tres poderes del Estado y a capacitar a organizaciones de la sociedad civil, que prontamente estarán habilitadas para visitar cárceles”. Acompañada por integrantes de organizaciones de la sociedad civil, la CNPT visitó Bouwer y la Unidad de Contención del Aprehendido, a modo de fase práctica de la capacitación y en sobrevuelo sobre un estado de situación que a ojos vista no ha mejorado. También se ocuparon del “caso Moreno”, la muerte de un paciente psiquiátrico mientras estaba alojado en Bouwer, y de la reunión con funcionarios se llevaron la promesa de presentación de un proyecto de ley para crear el mecanismo local de prevención de la tortura.
“Hay una necesidad imperiosa de crear el mecanismo local de prevención de la tortura, Córdoba es una de las seis provincias que aún no lo tiene y la verdad es que nos llevamos un buen augurio, porque durante la vista fue presentado un proyecto de ley de creación del mecanismo local”, celebró el comisionado y puso el ente a disposición para asesorar a la Provincia en la materia.
Sujetos sujetados
La situación del sistema carcelario provincial es grave, en tanto la superpoblación y el hacinamiento persisten, tanto como las cuestionadas sujeciones. Estas consisten en “anudar a las personas desde sus extremidades, inmovilizándolas por días”, relevó la Comisión años atrás, y señaló que “resulta frecuente que les inyecten sustancias de forma violenta y sin consentimiento”. Procedimientos que constaban en los partes diarios del personal de enfermería, entiende la CNPT que “se abusa del diagnóstico de la excitación psicomotriz”.
En esta nueva visita, señaló Nielsen, “hemos manifestado nuestra preocupación por las sujeciones, que es una problemática particular y única de la provincia de Córdoba, algo que tiene que cesar y ser fuertemente protocolizado. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Córdoba solicitó al SPC que les notifique sobre estas prácticas, entendiendo que deben ser absolutamente excepcionales y autorizadas bajo ciertos requisitos”, completó. El comisionado reveló que las autoridades provinciales “se encuentran elaborando protocolos para estas medidas”.
¿Aire fresco?
El caso de César Moreno no fue la única mancha reciente de un sistema que exhala pus por todos lados. Pero sirve como botón de muestra: César Darío Moreno, de 50 años, fue detenido por la Policía mientras estaba sufriendo un brote psicótico en Nueva Córdoba. Cuatro días después murió en Bouwer tras una golpiza propinada por los grises. El fiscal de Instrucción José Mana ordenó la detención del ex director del módulo MD1 de la cárcel, de seis guardiacárceles y un médico del SPC. Moreno padecía trastorno bipolar con episodios de esquizofrenia. En el complejo penitenciario fue golpeado y atado en una cama de sujeción por 48 horas; luego, murió.
No fue el único escándalo que salpicó al eyectado Vidal Lascano: meses atrás nombró a un sobrino bajo el argumento de que “necesitaba extrema confianza”, y son semanales los escándalos por ingreso de drogas, tráfico de influencias y otras yerbas en las cárceles provinciales. Con el ex fiscal federal afuera, la Provincia se apuró a anunciar a su reemplazante, la abogada de 49 años e integrante del SPC desde hace 30, Carolina Funes. En otra ronda de medios, la flamante funcionaria prometió “transparencia en la gestión, firmeza en la conducción y apertura institucional”. ¿Será?
*Por Adrián Camerano para La tinta / Imagen de portada: Legislatura de Córdoba.
