0-800 DESGUACE: el Gobierno cierra 81 CAJ y convierte a los que quedan en call centers
Una reciente resolución del ministro Mariano Cúneo Libarona profundiza los despidos y liquida una política pública y territorial de acceso a la justicia. Este lunes, 81 cierres en todo el país.
Si de algo sabemos en Argentina es de 0800 en los que nadie responde, con horas de espera, música aburrida de por medio y corte imprevisto justo cuando ya estábamos por reclamar o denunciar. Cuando uno reniega con una licuadora que vino fallada, es un garrón; cuando lo que precisa es escapar urgente de una situación de violencia extrema de género, por caso, la gravedad es otra. El tema viene a cuento porque una resolución del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, avanza en el desguace de una política pública que tiene 15 años de trayectoria y decenas de Centros de Acceso a la Justicia en todo el país, convirtiendo esas oficinas en meros call centers y profundizando el despido de miles de trabajadores estatales. Y la norma fue complementada de la peor manera, con el cierre de 81 CAJ en todo el país.
“Como política pública, la destruyen, apuntando justamente al plus del CAJ, que es un espacio de cercanía en barrios populares, donde el Estado no está”, apuntó el abogado Sergio Job, coordinador de la Región Centro.
Llame ya
La asistencia virtual (teléfono y mail) y la “reducción sustancial de empleados” son los dos ejes de la flamante resolución 178/2024, en la que Cúneo Libarona instruye a la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Candelaria Montenegro, a “implementar un sistema eficiente de acceso a la justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales, actualmente disponibles en el ámbito de la Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia”.
Lo publicado este lunes 10 en el Boletín Oficial ratifica el espíritu de una resolución en la que “deviene necesario iniciar un plan de ordenamiento y mejoramiento de los citados Centros de Acceso a la Justicia, a los fines de mejorar el servicio con personal capacitado, con una estructura eficiente y una comunicación eficaz a los distintos lugares de las provincias, y optimizar los recursos existentes”. El texto habla solo de abogadxs y psicólogxs, y priorizando lo virtual, bajo el argumento de que quienes precisen tramitar pueden “concurrir en forma presencial a oficinas federales (fiscalías y defensorías), provinciales y/o municipales creadas a los mismos fines en el ámbito de su jurisdicción”.
Ante empresarios, el presidente Javier Milei anunció la semana pasada que se vienen “50 mil despidos más” en el Estado, que se sumarían a los que se vienen sucediendo del 10 de diciembre a esta parte. Así, tal como, por ejemplo, ocurre en el Correo Argentino, la medida implica el cierre de oficinas y un tiro al corazón territorial de una política pública que atiende marginalidades varias.
Bajar la persiana
Distribuidos en todo el país, antes de la motosierra, los Centros de Acceso a la Justicia eran 110 y unos 500 sus trabajadores, entre administrativxs, trabajadorxs sociales, abogadxs y psicólogxs. Bajo el mando de coordinadores regionales que responden a una Dirección Nacional, hoy sin funcionaria a cargo, es una política pública concreta de relativo bajo costo, dada la depresión de los salarios y los escasos alquileres que demanda menos del 10% de los locales en funcionamiento. Desde enero de 2020 a octubre 2023, las consultas ciudadanas atendidas por los CAJ superan las 623 mil y casi 1.400.000 las gestiones que devinieron de esas consultas, con oficinas trabajando a destajo pese a la escasez de (precario) personal.
A pesar de ello, el recorte mileísta ya dio de baja a unxs 120 trabajadoras y trabajadores, y dispuso el cierre de cinco centros. Hasta este lunes 10, cuando, en redes, el Ministerio anunció nada menos que otros 81 cierres. “Como resultado de la auditoría interna realizada desde diciembre, se cerrarán 81 CAJ que brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”, reza el comunicado oficial.
Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi, de La Matanza, y delegada de ATE de la Secretaría de Justicia, señaló que “estamos en situación de alerta por los inminentes despidos en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que están distribuidos en todo el país, por una resolución que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento de los CAJ, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad. En la Secretaría de Justicia, ya tenemos, hasta el momento, 270 despidos desde el mes de diciembre. Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más”.
Tras este anuncio, los despidos comenzarían a concretarse en las próximas horas y, de las 110 oficinas originales, solo 24 quedarían activas.
El Estado en el territorio
En su génesis, los CAJ plantearon “el acceso a la justicia como una verdadera herramienta de integración social y de lucha contra las desigualdades generadas por la pobreza, el género, la discapacidad, la etnia, la edad”. La atención se da no solo en las oficinas, sino en operativos de itinerancia que llevan al Estado al corazón de una desigualdad, en muchos casos, estructural. Es así como en las periferias urbano-marginales y en localidades olvidadas de la Argentina profunda, de manera gratuita, miles de compatriotas tuvieron escucha activa y gestionaron documentación, además de acceder a asesoramiento y acompañamiento en denuncias judiciales.
La región NOA, por caso, cuenta con once oficinas en seis provincias: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. “Desde el 1 de enero hasta el 6 de junio del 2024, llevamos atendidas 7.788 consultas y 20.044 gestiones”, cuenta el coordinador Ezequiel Álvarez y refiere que “las tres primeras demandas de la población son Asuntos relativos a derecho de familia (2.112 consultas); Acceso a documentación personal (1.429 consultas) y Acceso al sistema de seguridad social (1.298 consultas)”.
“La región cuenta con 30 trabajadores distribuidos en los 11 centros, arrojando un promedio de 2,7 agentes por CAJ. Es algo muy lejano a los 13 agentes por centro denunciado por el ministro Cúneo Libarona y resulta absurdo pensar que 30 trabajadores para una región de más de 5 millones de habitantes son la causa del déficit fiscal”, completó Álvarez.
Job señala que “en la Región Centro, tenemos nueve dispositivos en cuatro provincias: Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos, y tenemos mucho conflicto alrededor de la tierra y también mucho acompañamiento a violencia de género, además de cuestiones administrativas, no solo del Estado nacional”. Los CAJ articulan con oficinas nacionales, provinciales y locales para la efectiva resolución de los planteos, en tanto “vamos generando redes en pos de resolver las consultas”.
“Tenemos recursos humanos altamente capacitados y, al discontinuar esta política pública fundamental, se pierde el acumulado durante tantos años. Es una locura en términos de eficiencia del Estado y de recursos públicos”, cerró.
*Por Adrián Camerano para La tinta / Imagen de portada: Prensa Gobierno de la Nación.
