Rápido y furioso, Milei se apresta a consumar la venta del país
El presidente embate contra legisladores que, sin embargo, le garantizan “gobernabilidad”. La rosca por el DNU y la Ley Ómnibus, adentro y afuera del Congreso. El 24, fecha clave.
El gobierno de los hermanos Milei cumplió el primer mes subiendo bien alto la vara de la enajenación del país. La estrategia es clara y análoga a lo que ocurrió en campaña: consiste en correr todo el debate lo más a la derecha posible, que si pasa, pasa, y si hay que ceder un poquito mucho, no importa, porque el objetivo ya estará cumplido.
Continuador de Macri, pero con aires talibanes que imprimen una rapidez y eficacia que el expresidente no supo, no quiso o no pudo desplegar, Javier Milei viene cumpliendo lo prometido en campaña, pero recargado. Decidido a cambiar de raíz lo que se cimentó en los últimos 200 años y hoy conocemos como la Argentina, su decreto de necesidad y urgencia superó a todos los DNU implementados por gestiones anteriores, y la denominada Ley Ómnibus es campeona mundial en afectación de derechos y vulneración de lo público en esta castigada porción del Cono Sur. Con blindaje mediático, todavía hay quien cree que está combatiendo la corrupción y la casta.
Una hipótesis muy extendida en los últimos días da cuenta de cuál sería el máster plan de JM: aplicar la maniobra de achicamiento extremo del Estado antes de que se extienda el desánimo y la bronca ciudadana, incluso entre el 56% de los votantes que lo avaló en las urnas, donde ya surgen arrepentidos. Luego, emigrar a cátedras estadounidenses que les darían chapa dudosa a sus altos estudios.
Aunque no hay certezas, pero tampoco dudas: en un juego de pinzas, el Gobierno intenta implementar sus políticas a cualquier costo, arremetiendo incluso contra sus propios socios políticos por un lado y, por el otro, alumbrando un plan represivo que incluye estigmatización, multas millonarias, operaciones de prensa, amedrentamientos públicos y el ancho de espadas: las fuerzas armadas y de seguridad alistadas para el control social de un ajuste que, sin represión, no cierra. Solo en esto último se explica el descabezamiento de una veintena de autoridades del Ejército y otro tanto de la Armada Argentina; retirados a la fuerza los antiguos cuadros de mando, la nueva camada de autoridades se revela más propensa al alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel que, sin disimulos, propone el Gobierno nacional. Habrá que ver si las nuevas conducciones aceptan mansamente un eventual rol de combate al “enemigo interno”, una función hasta ahora prohibida por ley y en la que ya existe un expertise trágico: la genocida dictadura cívico-eclesiástica-militar.
En este retorno recargado, talla alto la ministra Patricia Bullrich, a quien si algo no se le puede achacar es incoherencia: del 2000 a esta parte, cada vez que fue ministra, la ex militante revolucionaria se posicionó sin dudar en contra del pueblo organizado. Si como funcionaria de la fallida Alianza su objetivo predilecto fueron Moyano y los “gordos” de la CGT, y como ministra de Macri destilaba estigmatización y bala contra las comunidades mapuche, su versión 2024 amplía el rango para dedicar discursos de odio contra todo aquel que ose resistir el plan oficial de desguace del Estado.
Sindicatos, organizaciones sociales, colectivos culturales, ciudadanos de a pie y un largo etcétera son sus nuevos-viejos enemigos, mientras don Javier supervisa los caniles en Olivos, viaja a Davos a denunciar una conspiración socialista mundial y se hace un llegue a Mardel para no descuidar a Fátima, que rompe taquilla y bolsillos de turistas que, sentados en sus butacas y frente a un escenario, creen estar viendo teatro.
En este río revuelto de vértigo inaudito y final incierto, lo grave pasa a ser anecdótico, el humo tapa lo importante y todo está pensado para que, cuando nos demos cuenta, ya sea tarde. En esa línea, es de notar la gravedad institucional de las reiteradas denuncias mediáticas que el presidente disparó contra los diputados y senadores nacionales que por estas semanas debaten el paquete de reformas englobados en la Ley Ómnibus, que incluye el famoso DNU. Sin pruebas ni dudas, Milei acusó a los parlamentarios nacionales y, por elevación, a los mandatarios provinciales de lentitud adrede, en búsqueda de coimas. Incluso, amenazó con llamar a plebiscitos si el legislativo le es adverso en la pretendida suma del poder público.
Uno de los que le salió al cruce fue el radical Rodrigo de Loredo, quien le pidió “que investigue y denuncie”, y lo acusó del siempre a mano delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero la comedia del mal gusto y con sabor a drama que nos tiene embarcadxs a lxs más de 45 millones de argentinxs permite gaffes como esta: De Loredo no se privó de aclarar que «las declaraciones del presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad, como nuestros jubilados».
Te amo, te odio, dame más, pese a las embestidas presidenciales, la oposición «complaciente», «dialoguista» o «light», según quien titule, tira señales de acuerdo; ante denuncia tal, con otros presidentes o presidenta ya estarían haciendo cola en la Fiscalía. Se verá a la hora de alzar la mano si corresponde llamarla oposición o si serán cómplices en la venta del país al mejor postor. Para el Banco Nación, ya parece haber un comprador.
Sin coimas siquiera denunciadas, mucho menos comprobadas, lo que sobra es rosca. Las reuniones de comisión en busca de un dictamen han visto pasar a referentes de la ciencia, de la cultura y del movimiento obrero, todos fundamentando por qué la encrucijada legislativa es clave para el futuro del país y la ley debe, sin más, rechazarse. Al funcionariado real eso poco le importa y cumplidas las formas de la técnica legislativa, por lo que se sabe, las negociaciones verdaderas se dan en los despachos y en las confiterías aledañas al parlamento nacional.
Desunidos aún en este momento en que peligra la patria, dirigentes que encabezaron la pasada gestión demuestran una mudez que no se condice con los millones de votos logrados ayer nomás, olfateando quizás cierto consenso social con un gobierno que tal vez vea rechazado su DNU, pero quizás parcialmente aprobada una Ley Ómnibus que viene a cambiar de raíz el país tal como lo conocemos hasta hoy. Los gobernadores juegan su juego, cacarean allá y ponen los huevos acá, intentando salvar la ropa aún a sabiendas de que nadie se salva solo y que ellos tienen también un problema, quizás más que nadie.
Y el gobernador Martín Llaryora no ha desentonado: paladín de darle herramientas “de gobernabilidad” a quien viene a desguazar al Estado y castigar a las provincias por feas, sucias y malas, no se priva empero de deslizar algunas críticas por el tema biocombustibles y hasta prometer la continuidad de las políticas culturales locales que, a no olvidarlo, en Córdoba, las implementa una Agencia. Más allá de los comunicados de prensa y las fotos de ocasión, la verdad de la milanesa es si estarán alzadas las manos de los parlamentarios nacionales que responden al modelo cordobesista cuando llegue la ocasión.
Para frenar esta locura, son tres los diques de contención.
Dos de efectividad dudosa, un tercero que a esta altura termina siendo algo así como la reserva moral de la nación. A la barrera legislativa con historial en sospechas y defecciones, se suman los amparos judiciales y la misma Corte, que pateó la pelota a febrero, cuando quizás ya todo sea tarde. Es entonces cuando se cae en la certeza de que al DNU y la ley se los para en la calle, con los culturalazos, los cacerolazos y, fundamentalmente, el paro de 24 de enero convocado por la CGT, la CTA y la UTEP, faros de resistencia en un país que aún se permite sostener tres centrales de trabajadores organizados.
En los últimos días, se vienen sucediendo plenarios, reuniones y asambleas abiertas en todo el país; se han conformado multisectoriales, algunas encabezadas por intendentes de fuste, y hay consenso acerca de que a este intento enajenador se le pone un freno ahora o el país tal como lo conocemos será historia, más temprano que tarde.
*Por Adrián Camerano para La tinta / Imagen de portada: AFP.
