La libertad también avanza sobre la AFI
El miércoles 13 de diciembre, se publicaron en el Boletín Oficial dos Decretos de Necesidad y Urgencia (22/2023 y 24/2023) que afectan al funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En esta nota, la docente de la Facultad de Derecho de la UNC, Adriana Vercellone, comparte dos reflexiones y una contextualización para comprender.
Por Adriana Vercellone para La tinta
La AFI (ex SIDE) es el organismo superior del sistema de inteligencia del país. Fue creado en el año 1946 para operar como un brazo fundamental del Poder Ejecutivo en la defensa de los intereses nacionales. Desde entonces, asesora respecto de conflictos y hechos que signifiquen un riesgo para la seguridad y defensa nacional, y produce información que contribuye a la investigación de delitos complejos, como el terrorismo, la trata de personas u otros que atenten contra el orden constitucional y democrático.
Dada la sensibilidad de las tareas que realiza, su eficiencia está atada al secreto. Por tal motivo, la mayoría de sus actividades, documentación e identidad de personal llevan clasificación de seguridad. Sin embargo, dicho secretismo ha sido uno de los aspectos más problemáticos y difíciles de regular dentro de la organización, ya que también ha permitido sostener vínculos y prácticas muy cuestionadas. En ese sentido, importantes organismos de defensa de derechos humanos han denunciado su participación en golpes militares, la realización de interrogatorios, escuchas y registros ilegales, la infiltración de agentes en sindicatos, el espionaje político a opositores y la recopilación de datos de activistas sociales. Problema profundizado por la amplia discrecionalidad concedida a las autoridades que clasifican información y el establecimiento de pocos y débiles mecanismos de control.
En los últimos 20 años, se han logrado importantes avances para transparentar su funcionamiento y adecuarlo a las bases democráticas que prevé nuestra Constitución Nacional. Algunas de ellas sucedieron a instancias de la sanción de la ley de Inteligencia Nacional en 2001, que estructuró sus actividades e introdujo limitaciones taxativas, por ejemplo, la prohibición de producir inteligencia sobre personas en razón de su raza, religión, opinión política o de adhesión a organizaciones partidarias, sociales o sindicales; o la limitación de utilizar sus recursos para influir en la opinión pública o en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país. En cuanto al control, destaca la creación de un mecanismo de fiscalización parlamentario específico sobre la actividad de inteligencia, la Comisión Bicameral de Fiscalización y la incorporación de un Banco de Protección de Datos y Archivos que procura garantizar el respeto por los derechos individuales en el manejo y almacenamiento de información privada.
En 2015, una reforma determinó que su partida presupuestaria sea pública y cumpla con lo previsto en la ley de Administración Financiera (a excepción de aquellos fondos cuya publicidad puedan afectar el normal desarrollo de inteligencia). Esto es de suma relevancia, pues invirtió el principio que establecía la reserva de los fondos destinados a inteligencia y limitaba su control. No obstante, diferentes denuncias sugieren que, en plena democracia, las áreas de inteligencia siguieron utilizándose para ocultar actividades de gobierno que, en cualquier otro contexto, serían tachadas de ilegales.
Un informe publicado por la Comisión Bicameral en 2020 puso esto en evidencia al revelar una trama de espionaje llevada adelante entre 2016 y 2019 que involucraba, entre otras cosas, tareas de vigilancia a opositores políticos, el seguimiento a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan o la interceptación ilegal de comunicaciones a detenidos en el servicio penitenciario con sus asesores jurídicos.
Por tal motivo, desde diciembre del año 2019 y por disposición del expresidente Alberto Fernández, la AFI se encuentra intervenida. Esto supone facultar a un interventor a tomar todas las medidas necesarias para reordenar y rediseñar el sistema de inteligencia nacional, buscando adecuarlo a la legislación vigente y el respeto por derechos y garantías individuales. Entre algunas de las medidas adoptadas durante dicha intervención, destaca el intento por limitar aún más la asignación de fondos reservados y la aprobación de un Código de Ética para su personal.
Todavía subsisten profundas discusiones en torno al funcionamiento y control de los organismos de inteligencia: ¿por qué los tribunales no poseen potestad para controlar y desclasificar la información reservada? ¿Sería posible especificar las temáticas que pueden ser objeto de clasificación? ¿Podrían exceptuarse materias de dicha lista? Pero las medidas de los últimos años caminan en esa senda.
Los decretos publicados el miércoles oficializan la decisión de Milei de mantener la intervención de la AFI y conceden a su nuevo interventor, Silvestre Sívori, amplias facultades para reestructurar el organismo, con la posibilidad de pasar a retiro a aquellos agentes que considere conveniente y, por otro lado, evaluar, ampliar o reducir su partida presupuestaria de carácter reservado. Esto pone en agenda de discusión dos temas centrales:
Primero, la necesidad de profundizar las regulaciones vinculadas con la actividad y confidencialidad que obliga al personal de los organismos de inteligencia, aun después de su retiro. Sin normas de ética pública diseñadas especialmente para el área, se torna difícil obstaculizar que el personal realice trabajos incompatibles con el organismo al que pertenecían o el uso indebido de los activos de información que poseen.
Por otro lado, habilitar que se amplíen los gastos reservados introduce nuevamente la posibilidad de asignar al organismo recursos que no se detallan en el presupuesto público nacional. En un contexto de crisis y discursos de austeridad, se concede al interventor la potestad para decidir respecto de uno de los asuntos que mayor opacidad ha generado en la política argentina.
No sabemos si estas medidas significarán pasar la motosierra por el organismo, reduciendo efectivamente sus recursos y agentes, o aumentarlos discrecionalmente. Pero, en todo caso, es visible que insisten en aplicar recetas que en el pasado han oscurecido el funcionamiento del área menos democrática de nuestro sistema político.
*Por Adriana Vercellone para La tinta / Imagen de portada: A/D.
