Engomados: con cárceles sobrepobladas, Córdoba aún no activa el mecanismo local contra la tortura
Una reciente visita del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) relevó condiciones de detención no solo inhumanas, sino contrarias a la ley 24.660 y a la propia Constitución Nacional.
Treinta personas en 24 metros cuadrados. Dos duchas para más de 80 personas. Mugre y alimañas. Medidas de sujeción. Un colchón en el piso para tres, con pedazos de tela a modo de sábanas. Esos son algunos de los elementos con los que se encontraron este año los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que inspeccionaron cárceles cordobesas y que palparon de primera mano la distancia entre los preceptos de la Ley n.° 24.660, lo que establece la Constitución Nacional y la pura realidad.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) es un organismo de monitoreo, control y seguimiento de los lugares de encierro. Se constituyó con demoras, el Día de los Inocentes de 2017, y su fin central es articular y coordinar el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A partir de la CNPT, que se rige por normativas y estándares internacionales de derechos humanos, las provincias argentinas deben crear un Mecanismo Local de Prevención. Pese a las sugerencias del ente madre y las respectivas promesas oficiales, Córdoba lleva años mirando para otro lado: nada menos que cinco fueron los proyectos de ley que, de 2013 a esta parte, la Legislatura simplemente dejó caer. Sin voluntad política de crear el órgano de prevención y control, en las cárceles cordobesas, un cóctel de corrupción, desidia y pésimas condiciones de detención impacta de lleno en lo que el sistema considera escoria: los presos.
“Juan” tiene 48 años y cuenta su vida como si fuera una película. Netflix, te la estás perdiendo: criado en una familia “ganada por el delito” -dice-, a los 7, este corpulento de gesto, pero corazón blando, alardeaba que quería asaltar blindados; a los 16, ya ejecutaba aquel sueño; a los 19, la muerte le rozaba cerca y, poco después, iniciaba una etapa de 18 años en los que circuló por todas las cárceles bonaerenses. “Yo no tuve vida. Ahora, cuando vuelvo a las cárceles, les cuento mi experiencia a los pibes para que no pasen las que pasé yo”, relata, a minutos de iniciar en Córdoba un taller para compañeras y compañeros de la rama de Liberados de la UTEP. Cobijados bajo el paraguas de la economía popular, comparten al menos dos preceptos comunes: la estigmatización post liberación y la convicción de que “a la cárcel no volvemos más”.
Maestro en la artesanía en cuero, oficio que aprendió en la cárcel, y referente de una unidad productiva que está explorando caminos de comercialización a mediana escala, pudo trascender un destino marcado. Tan marcado como lo tuvieron en algunos de los establecimientos carcelarios en los que le tocó penar, donde se ve lo peor y lo mejor de la miseria humana, y en los que, pese a los relatos mediáticos y el tabú general, lo más sano suele ser el preso. Aunque usted no lo crea.
Si bien los sistemas carcelarios de cada distrito tienen sus improntas, hacinamiento, suciedad, falta de oportunidades laborales y escasísimas experiencias que preparan para la reinserción social son los denominadores comunes en todo el país. Córdoba, claro, no es la excepción; así lo comprobó la delegación de la CNPT que este año inspeccionó el Centro Psico Asistencial, el Establecimiento Penitenciario n.º 9 -Unidad de Contención del Aprehendido- y el Establecimiento Penitenciario n.º 3 para Mujeres.
Con 534 plazas declaradas por la propia autoridad penitenciaria, al momento de la visita había 892 personas, una sobrepoblación de 67,04%. Allí, “hay pabellones que tienen solamente dos duchas para más de 80 personas” y “las instalaciones están en pésimas condiciones de higiene”, relata el informe y da cuenta de que “en el pabellón azul planta baja, había 109 personas privadas de su libertad, distribuidas en tres celdas de tipo colectivas que alojaban a más de 30 personas cada una. Estos espacios tenían una superficie aproximada de 24 m², cuando el estándar mínimo marca que en esa medida solo podrían alojarse 5 personas”, revela.
La delegación de la CNPT relevó que más de la mitad de los internos “dormían en colchones sobre el piso -que incluso, en algunos casos, comparten entre tres personas- que deben juntar durante el día, ya que el espacio de circulación es prácticamente nulo. Los colchones no son ignífugos y algunos de ellos consistían en retazos de gomaespuma en malas condiciones. La ropa de cama también consiste en pedazos de tela rota y gastada que no provee abrigo”.
Para zafar al menos parcialmente de este estado de situación, hay quien cobra por facilitar el acceso a un colchón o a un mejor lugar de detención. Esto es lo que investiga el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, justamente en el complejo penitenciario Reverendo Francisco Lucchese, conocido como Bouwer. Una presunta asociación ilícita integrada por al menos seis funcionarios penitenciarios cobraba “favores” a detenidos y a sus familiares, para alivianar ciertas condiciones de encierro; de acuerdo a la investigación, a los imputados que abonaban los montos establecidos les facilitaban visitas no permitidas y les habilitaban recintos menos indignos para el cumplimiento de la privación de libertad, entre otras delicias. Como afuera, en el mundo carcelario todo se compra y vende; el detalle es que la trama de corrupción involucra a funcionarios públicos que deben velar por los preceptos establecidos por la CN y la ley específica, 24.660, que rigen para todes por igual. Operadores externos y abogados también están bajo la lupa del fiscal.
En su cuarta visita a la provincia, la CNPT registró que, en enero, un organismo de derechos humanos fue impedido de monitorear la Unidad Penal n.º 8 de Villa Dolores, que en la UCA un 20% de las personas están detenidas por delitos leves y que “el tiempo de permanencia en comisarías policiales es en general reducido, lo que contrasta con las prácticas del interior de la provincia, donde los plazos pueden extenderse por días”.
La comisión señaló que “el relevamiento de los espacios de alojamiento da cuenta de graves problemas de humedad, presencia de plagas, inundaciones y conexiones eléctricas expuestas que representan un peligro tanto para las PPL como para el personal penitenciario”. Con respecto al CPA, recomienda adecuarlo “al nuevo paradigma en materia de salud mental, ampliación de los servicios ambulatorios y/o comunitarios, servicios de urgencia de salud mental en hospitales generales y creación de dispositivos intermedios para el tratamiento y el acompañamiento en la externación de las personas usuarias en las diferentes localidades de la provincia”.
Invisibilizadas en la agenda pública, salvo excepciones, fueron las 16 muertes de la historia reciente en establecimientos carcelarios de Córdoba. Son las de Luciano Mamondes, Diego Omar Gudiño, Fabián Rodríguez, Nicolás Alejandro Baigorri, Celeste Rodríguez, Nicolás Barrionuevo y Edgar Díaz en el complejo Carcelario n.° 1 “Francisco Luchesse”; Ezequiel Castro, Maximiliano Miranda y Luis Alberto Santa Cruz en el Establecimiento Penitenciario n.° 9 Unidad de Control de Aprehendidos (UCA); Diego Hernán Montenegro y Bruno Lazareno Llanos en el Complejo Carcelario n.° 2 “Adjutor Andrés Abregú” (Cruz del Eje); Iván Mariano Vega y Cristian Clavero en el Establecimiento Penitenciario n.° 5 de Villa María; Jorge Alberto Ponce en la Unidad Penal n.° 6 de Río Cuarto y Jonathan Romo en la comisaría de La Falda.
Aun cuando fueren autoinfligidas, las muertes bajo custodia entrañan responsabilidad del Estado provincial.
Para la comisionada de la CNPT, Josefina Ignacio: “Lo que hoy más nos ocupa en Córdoba es que haya mecanismo local de prevención de la tortura y nos preocupa que hasta el momento no vemos una respuesta favorable concreta, dada la situación de las cárceles en Córdoba”. Aunque admite problemáticas similares en otros distritos, Ignacio refiere que, en la provincia, el tema “de alguna manera se agrava al no haber un mecanismo local, un organismo de control que supervise y monitoree las cárceles de manera cotidiana”.
“Son cárceles bastante cerradas, ingresa muy poca gente de afuera”, caracteriza la comisionada y considera “fundamental” que se implemente el mecanismo. “Vamos a seguir trabajando, tenemos la facultad de instituir como mecanismo local a un grupo de organizaciones sociales de manera provisoria, hasta que la provincia dicta su propia ley. La situación en Córdoba lo amerita”, avisa.
Mientras la Provincia mira para otro lado, la esperanza radica en el conjunto de organizaciones sociales, académicas y organismos ocupados en la defensa de los DD. HH. en contexto de encierro. A fines de noviembre, hubo un encuentro en la Facultad de Derecho y de ahí salieron diez puntos para un nuevo proyecto de ley que paute el mecanismo local de prevención de la tortura. A la vez, va tomando forma una Red Provincial por los Derechos Humanos en Contextos de Encierro, «un espacio plural, heterogéneo y democrático conformado por personas y organizaciones dedicadas a colaborar en la construcción de la garantía de los derechos humanos en contextos de encierro. El objetivo es construir colectivamente mecanismos de control que permitan el ejercicio de los derechos humanos para las personas privadas de la libertad en instituciones públicas y privadas sin distinción de sexo, edad, género, clase social, ideología, religión, etc. Creemos firmemente que la privación de libertad no implica la violación de derechos fundamentales», explica uno de sus impulsores, el abogado Lucas Crisafulli.
Mientras, a 40 años de esta democracia con tantas cuentas pendientes, conviene recordar que, en su artículo 18, la Constitución Nacional prescribe que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
*Por Adrián Camerano para La tinta / Imagen de portada: Capilla del Monte Noticias.
