Por decreto, se acabó la incompatibilidad entre empleo y pensión para las personas con discapacidad
“La pensión por discapacidad es un derecho adquirido por las personas con discapacidad, que sirve como un apoyo para que podamos vivir con dignidad. Que se mantenga aun cuando hayamos conseguido ese trabajo es un reconocimiento a nuestra lucha, que continúa para que cada vez más personas con discapacidad accedan al derecho de un trabajo digno”, dice Maxi Mignacca, trabajador con discapacidad del INTI e integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD. HH.
El decreto 566/2023, publicado el primer día de noviembre por el Gobierno nacional, atiende a un reclamo histórico de las organizaciones de personas con discapacidad: no será necesario demostrar la invalidez laboral para tramitar una pensión no contributiva.
Para comprender el impacto de la medida, hablamos con Martín Passini, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD. HH. Historizando, el especialista nos recuerda que la política de pensiones empezó en el marco del Estado de bienestar en los años 40: “Y aunque le decimos pensión por discapacidad, el nombre real es por invalidez laboral. Viene, originalmente, porque no se atribuía a la persona la capacidad para trabajar, cuestión enmarcada en el modelo médico rehabilitador: si se consideraba en ese marco que una persona tenía determinado grado de discapacidad (cosa que ahora rechazamos, no hablamos de grados ni de niveles de discapacidad) o un ‘porcentaje de discapacidad’, se la inhabilitaba para acceder al trabajo. Hoy, ya eso es contrario al enfoque de derechos, al modelo social y a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad”. En los 90, con el menemismo, llegó el decreto 432, que restringió el acceso a la pensión solo a personas que estuvieran en una situación de alta vulnerabilidad, sin bienes a su nombre ni ingresos familiares. “Por supuesto, ese decreto no fue pensado para el ejercicio de la independencia, de la autonomía ni de la autodeterminación. Todo esto tuvo y tiene implicancia y consecuencias negativas en términos del ejercicio de ciudadanía y de titularidad de derechos”, enfatiza Passini.
Desde el 2004 en adelante, durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, se dejaron de lado las restricciones de ese decreto reglamentario de Menem y se comenzó a ampliar la cobertura, el acceso a esta pensión: “De hecho, a partir de ese momento es que personas con discapacidad menores de 18 años empezaron a acceder a la pensión, lo cual para el origen de la pensión es un contrasentido, porque menores, niños y niñas no son personas que estén consideradas como fuerza de trabajo. Entonces, lo que en su momento era pensado como para personas que no pueden acceder al trabajo por sus condiciones físicas, orgánicas, pasó a ser, en los hechos, una ayuda para poder enfrentar las condiciones de vida que implica mayores gastos para las personas con discapacidad”. Esta ampliación de derechos y en los hechos tuvo una limitación, puntualiza Martín: se avanzó en la práctica, en las medidas políticas con voluntad política, pero no se modificó el decreto reglamentario y eso tuvo consecuencias después. Vino el macrismo y retomó el decreto reglamentario de Menem.
Durante el kirchnerismo, la demanda que había desde las organizaciones era justamente que no hubiese esa incompatibilidad entre el trabajo y esta pensión, porque limitaba la posibilidad y la voluntad de las personas -y de su familia- a buscar un trabajo. “En general, los trabajos que consiguen las personas con discapacidad no son estables y frecuentemente son a través de programas del Estado, en el contexto de una muy grande desocupación: se calcula que más del 75% de personas con discapacidad están desocupadas. Es un número sumamente grande, ¿no? Entonces, la pensión siempre fue aunque poco, pero seguro. Y, además, durante mucho tiempo, volver a recuperar la pensión si perdían el trabajo era todo un tema. No era tan fácil”, señala Martín.
Aunque con el gobierno de Alberto Fernández comenzaron a regularizarse los expedientes y devolver las pensiones que se habían recortado con el macrismo, recién con el decreto del primero de noviembre pasado se acabó la incompatibilidad entre empleo y pensión. Este avance realmente le va a cambiar la vida a mucha gente, afirma el profesional de APADIM. De todas maneras, aclara, hay dos cosas para decir de cuál es la agenda actual y por dónde hay que avanzar, “porque no es este el punto de llegada”. Por un lado, lo que se viene manifestando del colectivo de organizaciones: hay que discutir el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. “Nosotros tenemos en Argentina la ley en general de discapacidad, pero, en el marco de eso, tenemos legalmente reconocido el cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado y en empresas públicas, que es el 4% a nivel nacional y del 5% a nivel municipal. La otra cuestión ahora es transformar la pensión tal cual la conocemos -que en los papeles sigue siendo una pensión con las características que te mencionaba- en una asignación que funcione como un apoyo para las personas con discapacidad para enfrentar las barreras que tienen siempre un costo económico”.
Rosario Perazolo Masjoan es artista y activista disca. “La pensión no contributiva funciona como un paliativo frente a un sistema social que todo el tiempo está tratando de excluirnos o que fue construido por y para personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad tenemos un montón de gastos por vivir en una sociedad que no está construida para nosotros: de transporte, gastos médicos, de rehabilitación, de asistencia. Entonces, la asistencia social o la pensión, en este caso, no contributiva viene un poco a nivelar estas cuestiones”, expresa en diálogo con La tinta.
La activista agrega que el estigma y el prejuicio sobre las personas con discapacidad se potenció después de la revolución industrial, “etapa en la que el mercado de producción o la forma de trabajar y la forma de producir economía dictó qué cuerpos son productivos y qué cuerpos no son productivos, qué cuerpos pueden funcionar en este sistema capitalista y qué cuerpos son un gasto o son un descarte. Esto no solo generó que las personas con discapacidad no formemos parte del mercado laboral ni de la economía popular, ni la economía formal, sino que también generó todo un estigma social inconsciente, psicológico sobre las personas con discapacidad en el que no éramos parte igual y a la par que el resto de la sociedad, sino que éramos otro sistema corporal, otro funcionamiento corporal que no iba nunca a estar a la altura del resto de los trabajadores”.
Por último, desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) celebraron “estar actualmente frente a un Estado que reconoce su responsabilidad en la inserción laboral y en el apoyo a la construcción de autonomía económica de las personas con discapacidad, y que está significativamente más alineado a los parámetros internacionales de derechos humanos, consolidando un acto de compromiso importante con el colectivo de personas con discapacidad”.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: A/D.
