La familia de Alexa no tiene garantizada la continuidad de la cobertura de salud por parte de la Provincia
El Gobierno de Córdoba aún no confirmó que, con el cambio de gestión, vaya a seguir cubriendo el proceso de rehabilitación que necesita Alexa para volver a caminar. Ayer, se cumplió el primer aniversario de la tragedia de Altas Cumbres, donde una maniobra imprudente del expresidente de la Legislatura, Oscar González, le costó la vida a Alejandra Bengoa y provocó daños gravísimos en las adolescentes Alexa y Marina.
Familiares y amigos de Alejandra Bengoa, Marina y Alexa se reunieron este domingo 29 de octubre a la vera de la ruta de las Altas Cumbres (Paraje Niña Paula, km 10) para recordar y pedir justicia por las víctimas del trágico crimen vial provocado por el legislador oficialista Oscar González.
En el lugar donde ocurrió el siniestro, se ubicó una estrella amarilla vertical para concientizar sobre la importancia de tener prudencia al volante. El entorno de las víctimas tiene una posición clara al respecto: toda infracción vial que derive en un siniestro no es un accidente, es un crimen vial.
El acto conmemorativo se llevó a cabo en medio de gran incertidumbre para las familias. No solo que aún no hay fecha de elevación a juicio de la causa, sino que no hay confirmación oficial, por parte del Gobierno Provincial, de seguir cubriendo la rehabilitación de las jóvenes afectadas por el siniestro.
En un principio, les anticiparon que solo acompañarían el proceso hasta diciembre, cuando cambien de gestión. Luego, extraoficialmente, prometieron que se harían cargo, pero aún no ha habido respuesta a las solicitudes formales presentadas ante el Ministerio de Justicia de Córdoba.
¿Por qué la Provincia debe cubrir la rehabilitación de las víctimas?
El día que Oscar González se cruzó de carril e impactó el auto de Alejandra Bengoa, circulaba en una camioneta BMW X1 25l de color negro, patente AB293MY.
¿González había comprado esa camioneta valuada en casi 500 millones de pesos? No. Se trataba de un vehículo judicializado por tener patente melliza apócrifa y que luego se descubriría que figuraba como robada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, en Buenos Aires.
La BMW fue entregada a la Legislatura en 2019 en calidad de “depositario judicial”, en el marco de las atribuciones de la ley n.° 8.550, “para su exclusiva afectación a una función o servicios públicos específicos”, y González -como presidente de la Legislatura- se la autoasignó para él, así como ya se había autoasignado una Volkswagen Amarok, una Land Rover y un Audi.
Cuando el TSJ le entrega a González la camioneta, le pone como condición que: debe ser manejada por un chofer (por ser de uso oficial); que registre el vehículo para descontinuar el delito de circular con patente apócrifa; y que le contrate un seguro o una póliza de responsabilidad civil. Pedidos que el legislador no cumplió.
Según la Ley 8.550: «El organismo que recibiere un automotor en depósito asumirá las obligaciones inherentes a su guarda, custodia, conservación y habilitación para circular. Además, sin excepciones, deberá cumplir y acreditar las siguientes condiciones mínimas: a) Contratar un seguro de responsabilidad civil; b) Comunicar la nómina de personas expresamente autorizadas para conducir el vehículo; c) Realizar la inspección técnica vehicular y la verificación física integral sobre el estado de conservación del automotor. d) Abonar los tributos y multas que pesen sobre el mismo devengado durante la duración del depósito; e) Utilizar el automotor de acuerdo a las exigencias y fines previstos en esta norma; f) Informar anualmente sobre el estado de conservación en que se encuentra el vehículo, y g) Circular con la identificación en el vehículo regulada en el artículo 2° de la presente Ley».
Es por estas faltas que, la semana pasada, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó al dirigente schiarettista por ser «depositario infiel» del vehículo, que se suma a las imputaciones por «homicidio culposo agravado» y «lesiones culposas agravadas» que pesan sobre él por el crimen vial.
Y es en este contexto que la Provincia asumió la cobertura de responsabilidad civil del siniestro provocado por un funcionario de su gobierno, a través de la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor de Córdoba.
«Si bien, al momento, el Gobierno Provincial de Córdoba viene respondiendo por las necesidades requeridas por la menor Alexa, a raíz de la responsabilidad ocasionada por su dependiente, lo cierto es que ante un cambio inminente de gestión de gobierno, que acontecerá en los próximos meses, precisamos tener la certeza por escrito de que se continuará asumiendo los requerimientos que insume el costo diario en el padecimiento de la salud en la que ha quedado nuestra hija. Así lo solicitamos a los efectos de tener claridad y un compromiso escrito de la palabra dada», indicó Gustavo Álvarez, papá de Alexa, en la última misiva enviada al Ministerio.
Lo que pide el entorno de Alexa es que, hasta el momento final en que la Justicia se expida y dé un veredicto que ponga cosa juzgada al hecho ilícito en el que fue actor el máximo representante del organismo legislativo, la Administración Provincial asuma todos los gastos que sean necesarios en el proceso de rehabilitación de la adolescente de 15 años.
Hoy Alexa tiene una lesión medular que le afectó movilidad y sensibilidad. No puede caminar por su cuenta ni manejar su cuerpo del ombligo para abajo. Por su condición, debe afrontar una rehabilitación de por vida, con medicamentos, tratamientos médicos y psicológicos específicos; requerimientos de alojamiento y cotidianeidad; servicio de enfermería las 24 horas del día; servicio de rehabilitación y alimentos basados al requerimiento nutricional establecido médicamente, entre otros costos diarios que debe afrontar la familia.
En diálogo con La tinta, Gustavo, padre de corazón de Alexa (pareja de su madre desde hace años), expresó: «Si no tenemos justicia en esta causa, con todas las evidencias que hay, va a ser muy difícil para nosotros asimilar la situación. Debería ser condenado por homicidio simple con dolo eventual. Más allá de toda la indemnización económica, que la voy a pelear hasta el último porque necesito tener los fondos para poder llevar a Alexa a los tratamientos que le den cierta posibilidad de volver a caminar», concluyó.
* Por Ezequiel Luque para La tinta. Imagen de tapa: Paula Bassano.
