Reverso de los discursos económicos: organizaciones debaten sobre planes, Estado y promesas de campaña
La economía resuena en las consignas de campaña, los debates televisivos y las conversaciones de vereda. Cuatro economistas encienden el debate y explican los impactos reales de los discursos económicos que más resuenan: ¿hay que eliminar los planes sociales? ¿El Estado debe intervenir en la economía?
El pasado martes, se realizó la jornada de formación «El ReVerso de los discursos económicos. Construyendo argumentos y propuestas para el debate», en la que economistas feministas desentramaron cuatro de los aspectos más relevantes del discurso económico de campaña actual: la dolarización, los impuestos, los planes sociales y el rol del Estado. Luego de abordar los dos primeros ejes, en esta nota, avanzamos sobre los dos últimos para comprender qué hay detrás de las consignas que tanto circulan, pero poco se explican. ¿Qué son los planes sociales, quiénes los cobran y cuál es su peso en la economía argentina? ¿Cuál es el rol del Estado y qué pasaría si prohibiéramos su intervención en la economía?
La propuesta fue abordar las propuestas económicas que circulan en contexto electoral, aportar argumentos frente al discurso neoliberal y exponer los impactos que suponen en la vida de las mujeres y colectivos en situación de vulnerabilidad. Entre tanto verso repetido hasta el cansancio, un debate nutritivo para comprender el reverso de discursos vacíos y analizar el impacto real sobre nuestras economías cotidianas.
“En el marco del debate electoral, se esgrimen argumentos económicos como la dolarización, el ajuste del Estado, la eliminación de las políticas sociales, entre otros; un grupo de organizaciones feministas convocamos a una jornada de formación económica que aporte herramientas a la militancia popular y al conjunto de la población para el debate sobre los impactos que podrían tener estas propuestas, en particular, sobre las mujeres y colectivos en situación de vulnerabilidad y pobreza”, explicaron sobre la jornada las organizaciones impulsoras: Asociación Lola Mora, Andhes, CELS, Católicas por el Derecho a Decidir, CISCSA Ciudades Feministas, LATFEM, Proyecto Generar y Fondo de Mujeres del Sur.
¿Hay que eliminar los planes sociales?
“Una mentira repetida cien veces se convierte en una verdad” dice el refrán y parece ser el caso de los planes sociales. La idea de que los planes sociales son la causa de todos los males que aquejan a la sociedad ha sido instalada por quienes anteponen la acumulación individual por sobre la redistribución social, y apuntalada por fuerzas políticas y formadores de opinión que responden a estos intereses.
Itai Hagman -economista, diputado nacional, director de OCEPP e integrante del Frente Patria Grande- y Soledad González -economista feminista, consultora e integrante de CISCSA Ciudades Feministas- brindaron algunas precisiones para comprender todo aquello que se señala como planes sociales, qué monto representan en relación a la canasta básica familiar y qué porcentaje del PIB se destina a sostenerlos.
Para comenzar, Itai explica que es problemático seguir hablando de planes sociales porque, en esencia, su finalidad no es la misma que hace veinte años cuando surgieron. Además de ser un concepto que está estigmatizado, es una rémora de los primeros planes sociales que se aplicaron en un contexto específico de políticas neoliberales de desindustrialización, y su consecuente caída del empleo, como el Plan Trabajar de los años noventa y el Plan Jefas y Jefes de Hogar del año 2012. El plan quedó asociado a esa política pública frente al desempleo masivo. Hoy la situación es diferente: Argentina tiene altas tasas de empleo y la tasa de actividad es muy alta (esto es, el porcentaje de población que trabaja o busca trabajo). Las políticas sociales que hoy se implementan no tienen que ver con la subsistencia de personas desempleadas, sino que se trata de transferencias de ingresos que hace el Estado a segmentos de la población de bajos ingresos. La filosofía perversa del neoliberalismo, dice el economista, es construir la idea de que hay un sector que trabaja y se esfuerza, mientras que otro sector parasita su esfuerzo, y para ello meten en la categoría estigmatizada de plan social a “políticas de transferencia de ingresos que son parte de un proceso de ampliación del sistema de seguridad social en Argentina y parte de las políticas redistributivas que el Estado lleva adelante para tratar de corregir asimetrías y desigualdades injustas que se producen en el mercado de trabajo”, sostiene.
En los casos de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Estado generó una igualdad de derechos, universalizó un derecho de seguridad social: el PUAM frente a todas las personas, sobre todo mujeres, que no tenían sus aportes hechos para poder jubilarse (porque no habían trabajado en el sector formal, porque no cumplian los 30 años de aportes, porque se habían dedicado al trabajo de cuidados, etc); y la AUH para todos los niños y niñas menores de 18 años cuyos padres no tenían acceso al empleo formal y, por ende, no accedían a una asignación familiar. Precisa Itai: “Si sos menor de 18 años o mayor de 65, independientemente de si estás en el mercado laboral formal, tenés acceso a un derecho”.
En este sentido, reflexiona sobre el rol de la redistribución social: el mercado laboral es un mercado y, como todo mercado, asigna valor a las cosas según criterios de mercado, por eso un trabajo paga más que otro. No mide esfuerzo o mérito, sino rentabilidades. Por ejemplo, para el mercado las tareas de cuidados valen cero. Como sociedad no estamos obligados a aceptar esa valoración del mercado como criterio distributivo, el Estado puede definir otra valoración y decidir redistribuir esos ingresos hacia la equiparación.
¿Y el Potenciar Trabajo? Hagman explica que del 2001 a esta parte, se fue configurando un proceso y un emergente político hoy conceptualizado como sector de la economía popular, es decir, todas aquellas personas que realizan trabajos por fuera del mercado formal y que no son profesionales o cuentapropistas. La economía popular surge cuando los sectores que resultan excluidos del mercado laboral formal, crean su propio trabajo y circuitos de comercialización como cuentapropistas de bajos ingresos u organizados en redes y cooperativas de trabajo. En este sentido, el Potenciar Trabajo es una transferencia de ingresos del Estado a personas que si bien trabajan, sus ingresos no llegan a completar la canasta básica de alimentos: “Es un salario social complementario al trabajo para alcanzar la canasta básica y no caer en la indigencia, es un piso de dignidad”, sostiene el economista. “No son un subsidio al desempleado, sino que es el Estado sosteniendo y subsidiando -no me da miedo la palabra- a los que menos tienen: así como el Estado subsidia al capital y a las pymes, también subsidia a las cooperativas y a los trabajadores de la economía popular. Y son trabajos que sin ese subsidio, no se podrían sostener”.
Nadie en Argentina vive de un plan, porque no alcanza. El monto de programas como Potenciar trabajo, la Tarjeta Alimentar o la misma AUH -¿recuerdan el “se embarazan por un plan”?- es un porcentaje de la canasta básica alimentaria, que se establece por sobre la tasa de indigencia. En este marco, Soledad aporta datos desde la variable de género, que evidencian la profunda feminización de la pobreza: “En Córdoba, la participación de las mujeres en la economía es del 48% y la de los varones del 74%, por ende hay 26 puntos de brecha. Eso también se expresa en el nivel de ingresos, que presenta una brecha del 29% en el mercado formal y del 36% si sos trabajadora de la economía informal”. La economista explica que la baja participación de las mujeres en la economía se debe, principalmente, al trabajo doméstico de cuidados no remunerado. “Ellas llevan adelante el 68% de las tareas de cuidados, dedicándoles 6.24 horas diarias”.
Soledad menciona que las beneficiarias de Potenciar Trabajo son, en su mayoría, mujeres y destaca dos aspectos clave a atender: la precarización de sus vidas cotidianas y el extractivismo de tiempo de estas trabajadoras. En cuanto a la precarización, el 65% de la composición del primer decil de ingreso -el décimo de la población que menos ingresos recibe, un promedio $19.000-, son mujeres y, si miramos la contracara, el último decil de quienes reciben más ingresos, el 65% son varones. “Aún recibiendo el Potenciar trabajo, los ingresos de las mujeres no llegan a la canasta básica familiar”, puntualiza la especialista. El Potenciar Trabajo permitió reconocer trabajo de comedores y merenderos, y trabajos del sector de la economía que no corresponde al sector productivo, sino al reproductivo, no vinculado a la producción de bienes, sino al sostenimiento de la vida, a reproducir la fuerza de trabajo.
En cuanto al extractivismo de tiempos, la economista destaca que las personas que reciben estos ingresos deben responder a una unidad ejecutora socio productiva, cumplir horas de trabajo y atender a tareas de co-gestión que sobrecarga de tareas a las mujeres que sostienen los espacios comunitarios. “A pesar de que está pensado como remuneración individual, muchas donan parte de sus salarios para sostener los espacios, el apoyo escolar, el merendero, o sus propias casas, ya que el 47% de los espacios comunitarios funcionan dentro de sus propias casas -usando su garrafa de gas, su servicio de luz, etc-. Hay una gran deficiencia de infraestructuras en esos cuidados que se sostienen gratuitamente y que le convienen al capital que extrae”, analiza González.
Otro de los lugares comunes en torno a los planes sociales que abordaron lxs especialistas fue el tan mencionado “hay que convertir los planes en trabajo”, que lleva implícita la concepción de que quienes cobran planes no trabajan. En este sentido, Soledad es contundente: “En Córdoba hay un 8% de desocupades y un 40% de personas bajo la línea de pobreza, lo cual demuestra que la gran mayoría somos trabajadorxs de esta economía, aún estando empobrecides o con salarios por debajo de la canasta básica”. Las y los titulares de Potenciar no están desempleadxs, trabajan todos los días y la idea de que hay que sacar a esa persona y enviarla a trabajar en una fábrica, asegura Itai, es errónea, principalmente porque no tendrían un ingreso mejor al que tienen.
Hoy en Argentina el mercado laboral se ha reconfigurado y la economía popular es un sector más como el público y el privado: a grandes rasgos, menciona que la población laboralmente activa es más o menos 22 millones de personas. Hay 2 millones de desocupados y quedan 20 millones que se reparten en 10 millones de trabajadores formales entre sector privado y público, 5 millones que trabajan en la informalidad y otros tantos como cuentapropistas profesionales y cuentapropistas no profesionales. Hay 8 millones de personas sin empleo formal en Argentina de los cuales 1.300.000 son beneficiarios de Potenciar trabajo. Esos 7 millones restantes, que no son beneficiarios, destaca el economista, tampoco eligen ir a trabajar a una fábrica, entonces no se sostiene esta idea de que no ingresan al sector laboral formal porque son beneficiarios de un plan.
Frente a las críticas de clientelismo en relación a Potenciar trabajo, Itai sostiene que el problema no es que está expandido, sino que está acotado: se resuelve con universalización. Esto es, explica, un salario básico universal que asegure un piso de ingresos equivalente a la canasta básica familiar a todas las personas que no tienen salario formal. En términos económicos, el costo del salario básico universal es bastante bajo: para unas 4 millones de personas, tendría un costo bruto de alrededor de 2 puntos del PBI -con un costo real bastante menor porque parte de las políticas sociales podrían absorberse-. Para tomar dimensión, el diputado aporta un ejemplo elocuente: la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que se votó hace unas semanas en el Congreso, es el 0.83% del PBI para gente que gana entre $700.000 y $1.700.000 por mes. “Yo diría que, si podemos plantarnos frente al Fondo Monetario Internacional para decir ‘vamos a devolver los impuestos al que gana un palo y medio por mes’, podríamos plantarnos frente al Fondo Monetario Internacional para decir ‘vamos a garantizar un piso equivalente a la canasta básica alimentaria para 4 o 5 millones de personas que trabajan en la economía popular y que no llegan a la canasta básica’”, concluye Hagman.
¿Para qué sirve el Estado?
¿El Estado no sirve? ¿Para qué sirve el Estado? ¿A qué se llama gasto del Estado? ¿Qué acciones de intervención en el mercado existen actualmente y qué beneficios generan en la población? ¿Qué pasa cuando el Estado no interviene para regular el mercado?
“El mercado a nosotras no nos incluye ni nos ha incluido nunca. No nos presta plata, no nos contrata… en general, no participamos en clave de igualdad”, comienza diciendo Lucía Cirmi -economista y subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación- quien comparte el panel con Luna Miguens -directora del área Tierra y Vivienda del CELS-. La construcción de la economía es la construcción de un varón sin responsabilidades de cuidados, continúa la economista, históricamente hemos estado afuera. Lo más importante que trae la economía feminista es que, ya que no todos participan del mercado, el ejecicio de redistribución es un ejercicio necesario y constante.
Frente a quienes piden el retiro del Estado, Cirmi dice que el Estado no se retira sino que, en todo caso, pasa a obedecer a otros intereses, y ese es el primero de varios mitos que intenta derribar: no se puede resolver todo en el mercado. En segundo lugar, el mercado no funciona con una lógica de meritocracia, en nuestra sociedad, quien más se esfuerza no es a quien mejor le va. Ejemplo es que a nivel mundial las mujeres trabajan más horas que los varones, pero ganan menos que ellos.
Tercer mito: “Si las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres”. Pero no es así, explica Lucía, ya que en un mundo donde el cuidado está feminizado y mal repartido, contratar mujeres es más caro que contratar varones. Los estereotipos sociales se reproducen en los mercados. La brecha salarial existe, es del 27% y está compuesta por una diferencia de tiempo de trabajo, por una diferencia de sectores que pagan distinto -los sectores llenos de mujeres, como el de trabajo doméstico, usualmente paga menos en relación a otros), y por una diferencia en jerarquías de trabajo.
Otro mito que cada vez se escucha más en Argentina es el tema del empleo -aún teniendo una tasa récord de empleo en la actualidad-, diciendo que hay que reducir el costo laboral para que haya más voluntad de emplear a las personas. Pero esto ya lo vimos en Argentina: en la época de Menem bajamos diez puntos porcentuales las cargas laborales para que emplear sea más barato y contraten más, y se duplicó el desempleo. Cuando los y las trabajadoras ganan más y sube el salario, asegura Cirmi, hay mejor rédito de la economía porque hay más capacidad de compra y lo que al final del día mira el empresario no es cuánto le sale contratar, sino si tiene alguien a quien venderle. La demanda es la que mueve la economía, destaca. En ese sentido el Estado es clave: el Estado tiene que mediar en términos de salarios, el trabajador no puede negociar con el empleador por la asimetría de poder que existe.
¿En qué gasta dinero el Estado? La subsecretaria explica que la mayor parte del gasto del Estado se destina a jubilaciones -en Argentina y en todos los países del mundo, asegura, ya que es una redistribución entre los que están participando del mercado de trabajo y los que no-. Otro de los gastos del Estado proviene de los subsidios, destinado tanto a les trabajadores -subsidios a la energía y al transporte, por ejemplo-, como al empresariado. “Todos los Estados del mundo tienen un gasto para nivelar entre sectores económicos más y menos productivos, nosotros lo hacemos entre el campo y la industria, y en Europa al revés, ya que el campo no es un sector competitivo para ellos.
En relación a la importancia del rol regulador del Estado frente a los mercados económicos, Miguens hace hincapié en la Ley de Alquileres, que por estos días está en el centro del debate. Es un mercado del cual dependen casi 10 millones de personas para tener un lugar donde vivir y el Estado no tiene datos ni registro de viviendas ociosas ni de quiénes son propietarios en Argentina. Mientras tanto, hay cada vez más viviendas, pero cada vez menos propietarios. “El derecho a la propiedad privada aparece como si fuera algo sagrado e indiscutible y la realidad es que no es así porque la propiedad está sujeta a su función social”, sostiene. El criterio con el que se regula la propiedad privada tiene que ver con algo superior a la voluntad individual de cada uno que es que todos podamos convivir en un mismo espacio de manera relativamente armónica y en común, y esta visión individual de la propiedad inmobiliaria entra en contradicción con el espíritu de lo urbano que es esencialmente colectivo.
Para finalizar, Lucía Cirmi puntualiza que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación -perseguido y amenazado por los sectores conservadores-, gasta solamente 20 centavos de cada 100 pesos del presupuesto nacional y ha brindado apoyo a un millón y medio de mujeres. “Otro mito es pensar que la agenda feminista viene después de la agenda de pobreza, pero son las mujeres las principales pobres. Pobreza y cuidados, informalidad y cuidados, están profundamente relacionados. Cerrar el Ministerio no solo no ahorraría nada, sino que además tendría un efecto cancelatorio en cascada -a nivel de ministerios, provincias, municipios, clubes, empresas, sindicatos- y el efecto habilitante de la violencia en la vida diaria de las mujeres sería lo más profundo”, concluye.
Podés acceder a la jornada completa de «El Reverso de los discursos económicos» desde el canal de YouTube de Asociación Lola Mora. Si te interesó el tema, también te recomendamos visitar «Mitos Impuestos: una guía para disputar ideas sobre lo fiscal», una serie de ensayos coordinados por Magdalena Rua y publicados en Anfibia.
Leé la primera parte de esta nota aquí.
*Por Julieta Pollo para La tinta. Fotos gentileza: Solange Avena.
