La quema del Corán y los límites a la “libertad de expresión”
En Suecia, arde un Corán prácticamente a diario y el gobierno parece no tener la menor idea de cómo evitarlo: ¿qué está pasando con el islam en Europa?
En Suecia, existen amplias leyes respecto de la libertad de expresión desde 1766, pero surge una pregunta respecto de cuáles son sus límites. Este es el debate que se está dando no sólo allí, sino en gran parte de Europa. Durante la primavera sueca, la policía prohibió varias convocatorias que tenían como objetivo la quema en la vía pública del libro más sagrado para el islam, pero a finales del mes de junio, un tribunal finalmente autorizó una quema. Nada más y nada menos que frente a la mezquita de Estocolmo, la principal de los musulmanes suecos. ¿Qué pasa cuando, con esa “libertad”, se ofenden las creencias más profundas de miles de millones de personas gratuitamente? ¿Es un ejercicio legítimo de esa “libertad” quemar un texto sagrado para tanta gente?
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se mostró preocupado respecto de las “profanaciones de ejemplares del Corán, que ponen en riesgo la seguridad de Suecia”. En la misma semana de estas declaraciones y del incremento exponencial en la quema de libros sagrados, el país elevó su estado de alerta terrorista por temor a posibles represalias de organizaciones radicales. La ley que penaba la blasfemia se derogó en el país en 1970, por lo que no hay figura legal que se pueda aplicar, de acuerdo con los expertos en leyes y jurisprudencia, a los manifestantes que incendian el Corán en la vía pública, incluso frente a mezquitas o al Parlamento del país. En este sentido, el primer ministro se refirió a las posibles consecuencias y a la provocación que representa un acto de estas características: «Todo lo que es legal no es apropiado. Puede ser un acto horrible, pero aun así es legal. Tratamos de promover un tono respetuoso entre países y pueblos”.
Las manifestaciones cobraron notoriedad hace meses cuando, durante enero pasado, Rasmus Paludan, un dirigente de extrema derecha radical, quemó un ejemplar del Corán delante de la embajada turca en Estocolmo para protestar contra el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, en un momento donde Suecia necesitaba el voto de Turquía para lograr ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el marco del conflicto en Ucrania. Paludan lidera el partido Stram Kurs (Línea Dura), conocido por sus actos extremistas contra árabes e inmigrantes. No obstante, en la actualidad, hay otro protagonista detrás de las revueltas. Paradójicamente -o no-, se trata de un inmigrante iraquí llegado en 2021 al país, llamado Salwan Momika. Dice que no va a parar “hasta que se prohíba el Corán en el país” porque la religión “pone en riesgo los valores suecos”. Momika también milita en un partido de extrema derecha y pretende presentarse a las próximas elecciones.
Hoy en día, hay 25 millones de musulmanes distribuidos en todos los Estados miembros de la Unión Europea, aunque la mayoría se concentra en Francia, donde representan el 7% de la población, seguido por los Países Bajos (4,6%), Bélgica (3,8%) y Alemania (3%). Actualmente, el 8% de los habitantes de Suecia cuenta con procedencia de un país de mayoría musulmana, sobre todo, de Siria, Irak e Irán. Sin embargo, apenas cerca del 1,5% de la población sueca practica el islam, es decir, aproximadamente 150.000 personas de 10.42 millones de habitantes con los que cuenta el país.
Suecia siempre fue un país con fama de “abierto” a la migración y la integración, pero tras el crecimiento de la llegada de musulmanes y los conflictos culturales que se fueron produciendo en el seno de su sociedad, esto fue cambiando.
Aunque la comunidad musulmana no es particularmente significativa en términos numéricos, tiene una fuerte presencia tanto política como mediática. En 2006, Mahmoud Aldebe, miembro del Consejo Musulmán de Suecia, escribió una carta a los partidos políticos del Riksdag -el parlamento sueco- y al gobierno del país, exigiendo demandas puntualmente polémicas. Entre ellas, se encontraban el derecho a vacaciones islámicas específicas, financiamiento público especial para la construcción de mezquitas, que todos los divorcios entre parejas musulmanas sean aprobados por un imán y que a los imanes se les permita enseñar el islam a infancias musulmanas en escuelas públicas. Esto fue rechazado por las autoridades suecas; además, generó mucho ruido mediático y, de alguna manera, alimentó las teorías conspiranoicas de la extrema derecha respecto de que la comunidad musulmana sueca busca establecer una especie de “autogobierno” ajeno a las leyes nacionales. El Poder Judicial también ha prohibido algunas conferencias de predicadores islámicos extremistas que habían sido invitados a exponer en mezquitas o asociaciones en los últimos años.
Lo que está pasando en Suecia ya tiene consecuencias internacionales y diplomáticas, ya que, por ejemplo, Irak expulsó a los embajadores suecos de Bagdad y anunció que le prohibiría a las empresas suecas operar dentro de los límites de su territorio. Se espera que otros países de mayoría musulmana lo hagan.
La Organización de Cooperación Islámica (OIC), que nuclea a los 57 países musulmanes del mundo, emitió recientemente un comunicado donde condena la incapacidad -o permisividad- de Suecia para no ponerle un freno a las manifestaciones. La crisis también se extendió a Dinamarca, donde el partido de extrema derecha Daneses Patriotas organizó quemas del Corán frente a embajadas de países como Egipto, Irak y Turquía. El gobierno allí parece más decidido a terminar con esta situación antes de que escale. El canciller danes Lars Løkke Rasmussen aseguró que «el Gobierno explorará la posibilidad de intervenir con una herramienta legal en situaciones especiales en las que se insulte a otros países, culturas y religiones, y en las que esto pueda tener consecuencias negativas significativas para la seguridad de Dinamarca».
La profundización de la islamofobia no se limita a la extrema derecha de dirigentes como la italiana Giorgia Meloni o el español Santiago Abascal, también existe un profundo rechazo al islam por parte de las élites liberales representadas por líderes como el actual presidente francés, Emmanuel Macron. Desde ese sector, tildan al islam de fanático, violento, intolerante y misógino, lo cual, por supuesto, es completamente falso. Autores como Edward Said han demostrado que estas afirmaciones son falacias que caen en la trampa de considerar al islam de manera monolítica y homogénea, sin reconocer la compleja diversidad de una religión con más de 1.900 millones de seguidores en todo el mundo.
En el complejo escenario de las protestas en Suecia y su relación con la libertad de expresión, se plantea un interrogante fundamental sobre cómo equilibrar los límites de la expresión individual y el respeto por las creencias de otrxs. Si bien la libertad de expresión es un pilar esencial de la democracia y permite el debate abierto y la confrontación de ideas, también es crucial reconocer que esta libertad no está exenta de responsabilidad y consideración hacia las sensibilidades culturales y religiosas.
Las protestas y quemas de libros sagrados, como en el caso del Corán en Suecia, ponen de manifiesto un choque entre la voluntad de ejercer la libertad de expresión y el impacto negativo que puede generar en la convivencia social y en las relaciones diplomáticas. Estos actos, aunque legales, pueden inflamar tensiones y exacerbar divisiones, socavando el principio de respeto mutuo y tolerancia en una sociedad diversa.
La cuestión se torna aún más compleja cuando se considera el contexto político y la propagación de discursos extremistas. La utilización de la libertad de expresión como herramienta para impulsar agendas ideológicas radicales puede tener consecuencias profundas en la estabilidad de un país y en sus relaciones internacionales. La solución a este dilema requiere de un enfoque equilibrado y cuidadoso. Los líderes políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación tienen un papel crucial en este proceso, al promover valores de coexistencia pacífica y fomentar la educación en temas culturales y religiosos.
En última instancia, la libertad de expresión debe ser ejercida con sensatez y responsabilidad, teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener en la convivencia social y en las relaciones internacionales. La capacidad de expresar opiniones divergentes es fundamental para una sociedad democrática, pero también lo es el compromiso de hacerlo de manera que no se fomente la intolerancia ni se dañe la armonía en la comunidad global.
*Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta / Imagen de portada: Morteza Nikoubazl / NurPhoto a través de Getty Images.
