Perú y la profundización de la deriva autoritaria
Pese a las múltiples acusaciones por genocidio y violaciones de derechos humanos, el gobierno peruano comandado por Dina Boluarte confirmó que permanecerá hasta 2026 y amenazó con más muertes si continúan las protestas.
Por Ana Dagorret para La tinta
La situación de violencia y crisis social que vive Perú está lejos de resolverse. Tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022 y las diversas protestas que le sucedieron, la represión policial alcanzó niveles salvajes, dejando un saldo de más de 60 muertos y cientos de heridos. Lo cual motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien expresó que existió exceso de la fuerza utilizada por la policía para la represión de las protestas y presentó el informe Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales.
«Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial; perpetradas por agentes estatales, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en un resumen del informe.
El mayor número de víctimas se registró en las regiones andinas de Ayacucho y Puno, focos de las protestas en demanda de nuevas elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que sustituyó a Castillo. En una conferencia virtual dando las conclusiones del informe, se manifestó: «Además, como estas son de privaciones múltiples de derecho a la vida, teniendo en cuenta la circunstancia, tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre». Dicho informe sigue a otro reciente de Human Rights Watch, que concluyó también que el Ejército y la policía de Perú fueron responsables de las muertes en las protestas.
A partir de estos informes, la fiscalía peruana ha iniciado una investigación preliminar contra Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» durante las protestas, en la que incluyó también a parte de su gabinete de ministros.
Sin embargo, poco preocupan a las autoridades peruanas estas investigaciones y denuncias. Pese a las presiones de estos organismos, así como también a las críticas de gobiernos latinoamericanos como Colombia, Bolivia, Venezuela y México (que ya anunció que pretende poner fin a las relaciones comerciales con Perú debido al carácter autoritario de su gobierno), la presidenta Dina Boluarte confirmó que permanecerá en el poder hasta 2026.
En diciembre, el Gobierno boliviano suscribió un comunicado conjunto con México, Argentina y Colombia en el que expresó «su profunda preocupación» por los sucesos que desembocaron en la salida del poder de Castillo, al que creen víctima de «un hostigamiento antidemocrático». El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo en un acto con simpatizantes: «Tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente».
Ante las presiones y acusaciones en su contra, Boluarte expresó: “La prensa en general sabe que el tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y con ese respeto al Estado de derecho, la democracia y la Constitución hasta julio de 2026″.
Si bien Boluarte llegó a decir que su intención es la de “gobernar conforme a la Constitución” y pidió al Congreso que cumpla con su deber y adelante las elecciones para abril de 2024, la mandataria afirmó sin titubeos su plan de mantenerse en el poder en los próximos tres años.
Consultada acerca de las protestas que se mantienen en varios puntos del país y a la inestabilidad social que se vive, Boluarte dio declaraciones contundentes: “Desde diciembre hasta febrero, hemos estado como bomberos, apagando casi 500 manifestaciones violentas. Ahora mismo hago un llamado a estas personas que nuevamente están anunciando la tercera toma de Lima: ¿cuántas muertes más quieren? ¡Por amor de Dios!”. Esta declaración fue vista en distintos sectores como una amenaza a quienes decidan salir a la calle.
La crisis social que atraviesa Perú tiene raíces políticas, pero también estructurales. Según el abogado y político peruano Rudecindo Vega, Perú sufre “la apropiación gubernamental por parte de organizaciones criminales camufladas y dueñas de partidos políticos, vientres de alquiler y clubes electorales que copan las ofertas electorales y nos brindan las nuevas autoridades electas”.
Para el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú durante el gobierno de Ollanta Humala, las actuales autoridades del Ejecutivo peruano “coparán y harán de todo para llegar al 2026 y van tras los organismos judiciales y electorales para seguir gobernando después del 2026. Dina es su títere, es útil. Todas sus leyes tienen ese sentido, incluido su arrebato por la bicameralidad y el inconstitucional gobierno remoto para que Dina salga (quizás fugue) del país”.
Lejos de resolverse, la crisis peruana promete profundizarse ante la movilización popular y la consecuente insistencia del gobierno en eliminar los focos de resistencia. El camino hasta 2026 promete ser de represión y continuidad de la crisis política y social del país sudamericano.
*Por Ana Dagorret para La tinta / Imagen de portada: AP Archivo.
