Eli Robledo presente: movilizan contra la impunidad
Familiares de Elizabeth Robledo, acompañados de organizaciones sociales, realizaron una movilización en Córdoba exigiendo justicia por la mujer asesinada en marzo de 2022 por su cuñado y oficial de la policía de Córdoba. Denuncian la impunidad que encubre a los agentes de las fuerzas represivas.
Por Anabella Antonelli para La tinta
Son las 9:30 de la mañana del lunes 12 de junio. Unas cuantas personas comenzamos a ocupar las veredas de la calle Pueyrredón esquina Cañada. Esperamos. Cerca de las 10, justo cuando el sol empieza a entibiar el día, bajamos a la calle y desplegamos banderas y carteles. La barredora que encabeza la columna sintetiza los reclamos: “Justicia por Eli. Siempre presente”. Detrás, unas doscientas personas caminamos y gritamos: “Ni una menos, vivas nos queremos”.
Nos dirigimos a Tribunales II, ese edificio de tamaño monumental en calle Fructuoso Rivera, cercado con altas rejas y custodiado por policías, con un cartel que reza: “Palacio de Justicia”. Vamos en busca de respuestas, de fecha de juicio, de algo que rompa la impunidad de hace más de un año. Vamos acompañándonos en el largo camino de encontrar algo que se parezca a la justicia.
“Estamos muertos en vida, vinimos acá porque queremos que vaya preso el asesino de mi hermana. Fue femicidio”. Amalia Robledo, hermana de Eli, escupe las palabras con bronca y dolor. El domingo, se cumplieron 15 meses desde que el oficial de policía Maximiliano Ruiz le disparó a Elizabeth, su cuñada, en su propia casa. “Asesinó a nuestra compañera de un tiro en una discusión -agrega Aylén Macías, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)-. En todas las movilizaciones que hicimos para que se acelere la causa, denunciamos que tiene la impunidad que le da la institución policial. La causa no avanza y no sabemos nada. La carátula dice homicidio culposo, significa que le pueden dar de 1 a 5 años y, con menos de 5, sale libre, es decir que no pisa ni un día la cárcel”.
Amalia y Luis Robledo, el padre de Eli, esperan que el fiscal les reciba y brinde algún dato de la investigación. “Él está libre, vive a una cuadra y media de mi casa, yo lo veo, anda como si nada afuera, haciendo remis”, dice con desesperación Luis.
Maximiliano Ruiz, el acusado, no es cualquier persona, “es un oficial con diez años de servicio en un rango jerárquico, tuvo cursos de tiro, sabía cuándo un arma estaba cargada, cuándo tenía seguro y cuándo no, y, aún así, le gatilló a Elizabeth Robledo causándole la muerte en pocos minutos -sigue Aylén-. No solo eso, además, quiso inculpar a su sobrino, el hijo de Elizabeth, que es menor de edad y que pudo contar su verdad con la ayuda de otros testimonios. También desapareció el teléfono de Elizabeth, que demostraba el acoso y las amenazas que ella sufría por parte de Ruiz”.
Según el comunicado de las organizaciones que acompañan a la familia, está demostrado que el arma estaba en perfectas condiciones y que Ruiz apretó ese gatillo contra Elizabeth. “Él sabía lo que hacía, lo que podía suceder y agitó el arma varias veces frente a su cuerpo”, confirma Aylén.
La causa está elevada a juicio en la Cámara en lo Criminal y Correccional 8va. El vocal que interviene es Nicolás Jaime y el fiscal de Cámara es Hugo Almirón. “El homicida es un oficial de jerarquía de la policía de la provincia, un Oficial Principal, lo que significa que es un especialista en tiro y en el manejo de armas -afirma André Demaría, abogado querellante, en conversación con La tinta-. Con la familia, sostenemos que estamos disconformes con la calificación legal de homicidio culposo. De mínima, por la jerarquía que tenía, los años de experiencia y sabiendo la peligrosidad del uso del arma, obviamente, se representó que manipular un arma podría resultar en la muerte de Eli”.
Cerca de las 10:30, Luis y Amalia entran a Tribunales. Del lado de afuera, quienes nos convocamos seguimos cantando, pegando carteles, leyendo mensajes. En las rejas del edificio, cuelgan decenas de globos negros. Las leyendas de los carteles apuntan contra la policía: “Basta de impunidad”, “Basta de ocultar a la policía femicida”. Sobran ejemplos de los dispositivos de encubrimiento que se activan dentro de la fuerza en los casos de violencia institucional.
Al pedido de justicia, las organizaciones le suman la exigencia de que los policías dejen de llevar la reglamentaria a sus hogares, “ya que son incontables las víctimas producto del uso del arma en contextos domésticos, menores de edad, disputas barriales que se dirimen con el arma, así como también los femicidios en manos de policías, a quienes ni siquiera se les realiza un análisis psicológico para saber si están en condiciones de usarla”, expresaron en el comunicado.
La portación del arma reglamentaria las 24 horas por parte de las fuerzas y su uso en cualquier circunstancia, incluso en conflictos personales, pone en riesgo a quienes conviven con estas personas y es una de las causas de femicidios. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), “una de cada cinco mujeres asesinadas por razones de violencia de género es víctima de la violencia de las fuerzas represivas. Estas alarmantes cifras, sin dudas, son producto de la impunidad que las instituciones y el Estado garantizan sobre estos hechos de violencia machista y patriarcal”.
La familia de Eli lleva su imagen sonriente en las remeras. “Eli era una mujer trabajadora, colaboradora, respetuosa, cariñosa. Le gustaba mucho ayudar a la gente, ella era el sostén de su familia, tenía tres niños”, recuerda Amalia. Para sus compañeras de la organización, la pérdida es inmensa: “Era una gran compañera, cubría muchos espacios en la organización, estaba en seguridad, en cocina, en administración, siempre presente para lo que necesitaban los compañeros, toda su vida estaba en la organización. La extrañamos muchísimo, es muy doloroso, no encontramos consuelo ni explicación”, dice Pamela Ledesma, integrante de la FOL en la Asamblea San Vicente, donde participaba Eli hacía cinco años.
Casi una hora después, el padre y la hermana de Eli bajan las escaleras. No hubo respuestas, solo una promesa de que, a la brevedad, el fiscal recibirá a la familia en una audiencia. Luis, el padre de Eli, camina entre la multitud. Llora y agradece a cada una de las personas por su presencia y apoyo.
“¿Hace cuánto tiempo que venimos a Tribunales y la Justicia no actúa? -se pregunta Marina Charras, compañera y amiga de Eli-. Que un uniformado, que debiera ser un ejemplo, le arrebate la vida a una compañera nuestra y él esté libre es una burla para la sociedad, ¿qué se puede esperar de la justicia? Él está libre como si no pasara nada, la familia destrozada y sus niños solos. ¿Dónde se ve la justicia acá?”.
“Como familia, estamos luchando día a día, junto con organizaciones donde ella pertenecía, con organizaciones hermanas y a la que pertenecemos nosotras, exigiendo justicia todos los 11 de cada mes. Esperamos que sea una condena que caiga con todo el peso de la ley y que este caso no quede impune, ya que, aparte de asesinarla, la acosaba”, refiere Amalia.
Es casi mediodía, las organizaciones bajan las banderas, desconcentran y comienzan a volver a sus barrios. En las rejas de Tribunales, quedan los carteles y los globos. “Queremos justicia, la extrañamos muchísimo, siempre va a estar en nuestros corazones y siempre vamos a salir a la calle por ella”, concluye Pamela.
*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.
