La cárcel como pena de muerte
En lo que va del año, ocurrieron 6 muertes en las cárceles de la provincia y 70 en los últimos 5 años. La situación actual de las prisiones, su inherente violencia y el deterioro que implica la sobrepoblación, repercute en un agravamiento de las condiciones de detención. Ayer, organizaciones anticarcelarias, de derechos humanos y familiares y amigxs de detenidxs realizaron una conferencia de prensa para denunciar la precariedad extrema en la que viven quienes están en prisión y que es responsabilidad del Estado.
Por Verónica Cabido para La tinta
El mes de abril comenzó con dos muertes en la cárcel de Bouwer. El domingo 2, fue asesinado Nicolás Baigorri. Tenía 28 años y estaba detenido desde agosto del 2022 por un robo. Si bien las cámaras no lograron registrar el momento del ataque, fueron captados los momentos previos. Baigorri y otros detenidos habían tenido una pelea. Uno de ellos lo llevó hacia un punto ciego y le clavó un puntazo. Minutos después, compañeros de Nicolás lo encontraron agonizando. El personal penitenciario llamó a emergencias, pero finalmente murió.
El segundo hecho sucedió el mismo fin de semana. Celeste Rodríguez era una mujer soltera, desempleada y con tres hijas, que llevaba 2 años cuidando de su madre. Tras reiterados pedidos de ayuda en redes sociales, la mujer, según declaró, decidió asfixiarla con una almohada. A raíz del hecho, estaba con prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario n.° 3 para mujeres. No cumplía condena, la fiscalía aún analizaba si era inimputable. Este fin de semana, decidió quitarse la vida en su celda.
Se le suma otro hecho ocurrido en febrero, en el que una persona de 25 años falleció presuntamente por una peritonitis. Sin embargo, la familia asegura que, como era un fin de semana largo, el servicio penitenciario demoró la atención médica. En total, suman 6 muertes en cárceles en lo que va del 2023 y 70 en los últimos cinco años en la provincia.
Las organizaciones de Familiares y amigxs de detenidxs, víctimas de tortura y muerte, autoconvocadxs por los derechos humanos y anticarcelarios, el Frente Antirrepresivo en Lucha y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos denuncian que la precariedad en la que viven lxs presxs es extrema y que aspectos indispensables como la alimentación, las condiciones edilicias, el acceso a la salud, educación y trabajo no están siendo garantizados por el Estado.
Ayer, miércoles 19, realizaron una conferencia de prensa para exigir al Ministerio de Justicia de la Provincia que se responsabilice de las muertes y del trato que reciben las personas privadas de su libertad. Y convocaron a medios de comunicación, organizaciones sociales/políticas, organismos de derechos humanos, colectivos y población en general a pronunciarse en contra de la grave situación que se vive dentro de las cárceles de Córdoba.
El encierro, gobierno de la carencia
Aun cuando, en apariencia, las muertes mencionadas obedecen a razones muy diferentes (homicidio, suicidio, peritonitis), en todos los casos, el denominador común es la situación de encierro bajo custodia estatal. El encierro punitivo implica la construcción de una relación directa entre la persona privada de su libertad y el Estado, por medio de la administración penitenciaria, donde este queda obligado a garantizar, entre otros derechos, la vida e integridad física de las personas detenidas bajo su órbita.
El encierro penal es, como advierte Foucault, una tecnología de poder dotada de suplementos punitivos que se expresan principalmente en el cuerpo. Los tres casos mencionados al principio comparten un mismo atravesamiento: la carencia. Ya sea de seguridad, de acceso a atención psicológica o de salud física, en todos ellos, podemos identificar una omisión estatal. Sin embargo, estas carencias no son una falencia del sistema, son un elemento constitutivo de la gobernabilidad carcelaria.
Las muertes en contexto de encierro siempre, de alguna manera, son consecuencia de prácticas estatales que las favorecen, permiten y perpetúan. Las indagaciones de Sykes nos permiten reconocer a la prisión como un espacio atravesado por un régimen de carencias y sufrimientos, donde las privaciones de acceso a bienes y servicios, como una alimentación adecuada, educación, salud y seguridad, provocan modos de adaptación, moldean subjetividades e interacciones entre lxs detenidxs y con el personal penitenciario, y posibilitan el ejercicio del poder intramuros. El poder se ejerce por medio de la violencia, pero también mediante la carencia.
En los últimos años, la cantidad de personas privadas de su libertad se ha disparado. Las últimas cifras oficiales son del informe anual del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del año 2021. En ese momento, había un total de 10.409 personas privadas de la libertad en la provincia: 9.923 varones, 468 mujeres, 7 varones trans y 11 mujeres trans. Del total, el 59% (6.137) estaban procesadas y el 41% (4.272) tenían condena firme. La cifra del 2021 casi duplica la del 2015, cuando había 6.400 personas privadas de su libertad en el sistema penitenciario provincial. Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario de Córdoba, indican que actualmente, en las cárceles de Córdoba, habría “cerca de 12 mil personas”.
La situación actual de las prisiones, su inherente violencia y el deterioro que implica la sobrepoblación, repercute en un agravamiento de las condiciones de detención. Esto no solo es violatorio de derechos humanos, sino que implica un incremento de los riesgos para la vida e integridad física de las personas presas. Según Elías Carranza, quien fue director durante años del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), las posibilidades de morir en prisión se incrementan 25 veces respecto de las posibilidades de la vida en libertad.
Las condiciones materiales y edilicias, el acceso a la salud y alimentación adecuada, a actividades educativas, laborales y recreativas, los propios regímenes de encierro, el gobierno y el control a través de la violencia y la carencia son algunos factores que pueden explicar las altas posibilidades de morir en prisión. El encierro punitivo es un castigo que atraviesa y se imprime sobre los cuerpos de lxs presxs. El objetivo del poder es imprimir sufrimiento en el cuerpo y las subjetividades. Señala Foucault que la cárcel como privación de la libertad no funcionó jamás sin cierto suplemento punitivo sobre el cuerpo. La prisión ha procurado siempre cierta medida de sufrimiento corporal. Las carencias y sufrimientos no son “problemas” del sistema penitenciario, son aquellos suplementos punitivos que regulan y estructuran la dinámica carcelaria, y permiten el gobierno.
Una muerte en contexto de encierro es la manifestación más extrema del funcionamiento de un sistema que tiene por propósito ejercer violencia. En palabras de Zaffaroni, la única verdad es la realidad y la única realidad en la cuestión criminal son los muertos. Se trate de un asesinato, un suicidio, un problema de salud, no debemos olvidar que, detrás, está el incumplimiento del Estado del deber de cuidado. Una muerte en contexto de encierro es siempre responsabilidad del Estado.
*Por Verónica Cabido para La tinta / Imagen de portada: Ezequiel Luque.
