A 40 años de democracia, CORREPI presentó su informe anual sobre la represión
El viernes 17 de marzo, en Plaza de Mayo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) compartió su informe anual sobre la situación represiva en nuestro país. En esta nota, repasamos los principales datos que corresponden al año 2022, entre los que se destaca un aumento de asesinatos a personas bajo custodia estatal. Los casos de gatillo fácil se ubican en el segundo lugar.
Por Redacción La tinta
El Archivo de CORREPI nació en 1996 ante la necesidad de contar con información sistematizada y específica de los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad en todo el país, visibilizando la política represiva de cada etapa de la historia reciente. A partir de entonces, es actualizado año a año y presentado públicamente.
Como explica el documento, “el objetivo de este Archivo es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de Estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación”.
A lo largo del tiempo, la organización ha perfeccionado los mecanismos de búsqueda y procesamiento, pero, aún así, convoca a toda persona que lea el informe a “revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportar la información que falta”.
Los números de la violencia estatal durante el 2022
En esta 27ª actualización, se incorporaron 529 casos al Archivo, llegando a un total de 8.701 entre diciembre de 1983 y diciembre de 2022. De esos 529 casos nuevos, 436 corresponden al año pasado. Como el archivo se encuentra en permanente revisión, a partir de nuevos hallazgos, también se sumaron 91 casos ocurridos en el curso de 2021 y 2 de años anteriores.
Modalidades: el encarcelamiento mata
De las 436 muertes durante 2022, 319 ocurrieron bajo custodia; 80 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar (19 femicidios –incluida una desaparición- y un femicidio relacionado); 4 fueron consecuencia de otros delitos policiales (entre ellos, dos desaparecidos) y 13 a otras circunstancias (incluida una desaparición).
Respecto a estas modalidades, la organización destaca un notable aumento de las muertes bajo custodia, que incluyen: personas asesinadas privadas de su libertad en cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención; “suicidios” que encubren la muerte por aplicación de tormentos; incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda, y no reciben auxilio; muertes violentas por heridas de arma blanca que son ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios y fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, diabetes, etc.).
Veinte años atrás, la diferencia a favor de esta modalidad era muy inferior y estaba casi a la par del gatillo fácil. A lo largo del tiempo, el número se fue ampliando y tuvo un fuerte incremento a partir de 2020. En los tres años de gobierno del Frente de Todos, la brecha es de 1.066 muertes bajo custodia contra 300 fusilamientos por gatillo fácil.
¿A qué se debe este fenómeno? Como explican desde CORREPI, es necesario revisar la situación carcelaria nacional y el índice de encarcelamiento: “Según informes oficiales, entre 2001 y 2021, pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 100.000, a las que hay que sumar alrededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos”.
Y agregan que “la mitad de las personas presas no están condenadas y sólo el 17% registra reincidencia, al tiempo que la enorme mayoría de las detenciones responden a delitos contra la propiedad, con una incidencia muy menor de delitos contra las personas”. Esta realidad contrasta con los criterios judiciales aplicados contra los integrantes de las fuerzas de seguridad: “El encarcelamiento de uniformados por delitos graves, como homicidio calificado, es tan ínfimo que, si se aplicara de manera uniforme al resto de las personas bajo proceso, las cárceles se vaciarían en un instante”.
¿Quiénes disparan?
La totalidad de casos registrados desde 1983 muestra que las policías provinciales ocupan el primer lugar, con el 44,28% de los casos, seguidas por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 41,33%. Más lejos, se ubica la policía federal con un 7,53% y el resto de las fuerzas con incidencia muy menor.
Pero, al observar las últimas dos gestiones de gobierno, las tendencias cambian. Los servicios penitenciarios federales y provinciales son responsables de más del 60% del total de muertes en la actualidad, con el consiguiente descenso proporcional de las policías provinciales al 27,57%. A la vez, se verifica el descenso de la incidencia de las fuerzas federales.
La violencia estatal tiene alcance nacional
Si bien la provincia de Buenos Aires lidera el listado de mayores muertes en manos del Estado, el índice por millón de habitantes muestra que la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional. En muchos casos, las mínimas diferencias entre los distritos responden a la falta de suficiente información confiable. De esta forma, Buenos Aires continúa primera, pero con poca diferencia respecto a las que siguen: Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa y CABA. Córdoba se ubica en el puesto número nueve.
Acciones urgentes
Además de la sistematización de casos, el informe de CORREPI hace énfasis en medidas urgentes que podrían generar un impacto sobre esta realidad dolorosa.
En primer lugar, se destaca la necesidad de prohibir a todas las fuerzas de portar y usar el arma reglamentaria fuera de servicio o de civil, ya que el 66% de los fusilamientos de gatillo fácil y el 95% de los femicidios de uniforme ocurren en esas circunstancias.
En este punto, el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria resulta una muestra válida. En marzo de 2020, el Ministerio de Seguridad Nacional adoptó esta prohibición para dicha fuerza. Si bien se trata de la menos numerosa y con menos casos totales, desde ese momento, no se ha registrado un solo caso de gatillo fácil cometido por sus integrantes.
En segundo lugar, la organización menciona que es imprescindible revisar el uso masivo de la prisión preventiva. Esta situación “convierte en privilegio inalcanzable para las mayorías el derecho a transcurrir el proceso en libertad para delitos menores o sin peligrosidad hacia las personas”.
Sumado a esto, los números demuestran que la mayoría de las personas que mueren en comisarías estaban arbitrariamente detenidas. Por lo tanto, también resulta imprescindible eliminar el sistema de facultades que habilita a las fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, sea por “averiguación de antecedentes”, “por identificación”, por arrestos preventivos en materia contravencional o por razzias. En 2023, se cumplen 20 años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Walter Bulacio, que condenó al Estado argentino a eliminar dicho sistema de detenciones. A lo largo de estas dos décadas, algunos gobiernos se esforzaron en articular excusas, pero ninguno cumplió con la sentencia.
Finalmente, resaltan la importancia de garantizar atención médica y psicológica, y elementos básicos para la alimentación e higiene a las personas detenidas, que también mueren masivamente por enfermedades curables.
Como explica CORREPI, la política represiva, que hoy suma 8.701 personas asesinadas, “es una de las principales deudas de la democracia con el pueblo trabajador”. El informe es un documento y una herramienta valiosa que aporta datos para visualizar y analizar una realidad compleja y desgarradora. Cada uno de esos números representa un nombre, una historia, una familia y una red de personas que lucha por los derechos humanos y contra el aparato represivo que sigue siendo parte de nuestro presente y que, a 40 años de democracia, es urgente desmantelar.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: CORREPI.
