La guerra contra el narcotráfico: un fracaso funcional
La situación del narcotráfico en Rosario ocupa la centralidad en los medios de comunicación en los últimos días. El trágico episodio en el cual asesinaron a Máximo Jerez, un niño de 12 años, e hirieron gravemente a otros niños mientras celebraban un cumpleaños conmovió a una opinión pública a pocas horas del ataque a un supermercado vinculado a la familia Roccuzzo. Sin embargo, ambos casos son solo una muestra de tantos otros que no logran la misma trascendencia mediática. El nada novedoso discurso bélico reaparece con su remanida receta: la “guerra contra el narcotráfico” y comienza el show.
Por Verónica Michelle Cabido para La tinta
El tratamiento periodístico, vestido de chaleco antibala, no escatimó en una espectacularización que, lejos de la genuina preocupación informativa, banalizó la problemática, convirtiéndola en un morboso entretenimiento nacional. Numerosos funcionarios, especialistas en seguridad, políticos y periodistas han aprovechado para insistir en la urgente necesidad de llevar adelante una firme intervención represiva. Ya sea mediante la policía, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad de la Nación, incluso, se llega a señalar la necesidad de las fuerzas militares. El nada novedoso discurso bélico reaparece con su remanida receta: la “guerra contra el narcotráfico”.
Las narrativas bélicas sobre narcotráfico en Latinoamérica hacen pie en la construcción de enemigos internos, conformados por organizaciones criminales que justifican las intervenciones represivas en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Esa construcción legitima el accionar armado de las fuerzas de seguridad, encarnado en policías militarizadas, o en el arribo de fuerzas de Gendarmería que, lejos de resolver el problema, lo agravan incrementando la conflictividad social.
Las denominadas políticas de “guerra contra el narcotráfico” implementadas por muchos países de la región y Estados Unidos han demostrado su fracaso, al menos respecto de sus fines declarados. Surgidas en el imperio del norte, alcanzaron mayor fuerza en la década de 1960 y 1970, cuando se utilizaron, principalmente, para justificar la persecución a quienes consumían marihuana y como un instrumento de control social, ya que encubría el propósito de perseguir a disidencias, militantes de izquierda y activistas. Bajo la presidencia de Richard Nixon, se declaró a las drogas como principal enemigo y se expandió el modelo a los países de Latinoamérica.
La política de guerra contra el narcotráfico tiene como objetivos declarados reducir el tráfico de drogas ilegales y disminuir el consumo y la adicción, y a pesar de los esfuerzos realizados, no se han alcanzado. Numerosos autores señalan como razones de este fracaso la falta de enfoque en las causas subyacentes, el favorecimiento económico del narcotráfico y su consecuente aumento de poder, entre otras.
Nils Christie, criminólogo noruego, fue un crítico importante de la política de guerra contra las drogas y del sistema penal en general. Argumentó que ha sido ineficaz en la lucha contra el narcotráfico, ha llevado a la sobrepoblación de las prisiones y a la creación de una industria de la justicia penal que beneficia a pocos a expensas de muchos. En La industria del control del delito, analiza el crecimiento de dicha industria y advierte cómo ha favorecido la criminalización de las personas empobrecidas y ha tenido efectos negativos en las comunidades marginadas.
No se puede soslayar los beneficios económicos de la criminalización de las drogas. Como advirtió el criminólogo Alessandro Baratta, el consumo de drogas está implicado en la estructura misma de la economía de mercado en el sistema capitalista, donde la producción no está determinada por las necesidades del sujeto productor y consumidor, sino por la magnificación del beneficio y de acumulación del capital en el interés de la reproducción del sistema económico global. Los traficantes pueden obtener ganancias exorbitantes usando la violencia armada para proteger su territorio e intereses, favoreciendo la creación de mercados ilegales y dando lugar a la violencia, la corrupción y la inestabilidad política en muchos países.
De esta manera, las políticas de la “guerra contra el narcotráfico” han llevado a un aumento de poder de las organizaciones criminales, ya que la represión desembocó en una mayor concentración de poder y control en las manos de sus líderes. Pero además de haber contribuido a la creación de mercados ilegales, el aumento del poder y la corrupción de las instituciones policiales, en el plano social, las consecuencias se reflejan en el aumento exponencial de la violencia, la degradación urbana y la pérdida de los espacios públicos, el retroceso de los derechos y libertades individuales en pos de la “seguridad”, y la estigmatización de los sectores empobrecidos.
La supuesta persecución a las sustancias encubre una guerra que se libra contra los sectores vulnerables. En la persecución del narcomenudeo y el secuestro de drogas, desatienden las causas de fondo del problema, como el reparto desigual y la acumulación de la riqueza, la falta de oportunidades económicas y la desigualdad social que, a menudo, son factores que impulsan a las personas a involucrarse en el tráfico de drogas.
Han fracasado, en gran medida, debido a su enfoque en la represión y la eliminación de los traficantes de drogas a baja escala, en lugar de abordar las causas subyacentes del problema y tratar la adicción a las drogas como un asunto de salud pública. No obstante el favorable avance en los últimos años del enfoque de reducción de daños y los cambios en materia de jurisprudencia (fallo Arriola), el paradigma de la criminalización del consumo y tenencia de drogas nunca se abandonó del todo. Esto ha llevado a un limitado acceso a servicios de tratamiento y prevención para las personas que sufren de adicción a las drogas, que son objeto de persecución penal.
Cuando algo perdura en el tiempo a pesar de su evidente fracaso, debemos preguntarnos si en verdad fracasa o cumple con creces su función verdadera, aquella oculta. Si se persiste en los mismos abordajes, quizás no es por falta de imaginación política o por mera tozudez. Tal vez, deberíamos considerar la posibilidad de que aquel modelo que, en apariencia, no funciona es, en realidad, bastante funcional. En este punto, debemos recordar los aportes de Michel Foucault. Sabemos que los objetivos declarados del derecho penal rara vez son cumplidos. ¿Cómo es que, a pesar de su fracaso, se sostiene y, más aún, se expande? La respuesta de Foucault será que hay otras funciones no declaradas que sí están cumpliendo. Lo mismo sucede respecto de la criminalización de las drogas.
La criminalización de las drogas ha sido un fracaso funcional. La persecución de los consumidores, productores y comerciantes genera un aumento de la violencia punitiva, justificando las políticas represivas. La criminóloga Rosa del Olmo señala que, al ser definido como un problema de seguridad nacional, se allana el camino para la violación de derechos humanos y libertades civiles por parte de las agencias del Estado, al tiempo que maximiza la producción de ganancias, contribuyendo a la acumulación del capital, incrementando la desigualdad y favoreciendo la creación de mercados informales y la fuga de capitales hacia centros financieros o paraísos fiscales, permitiendo una concentración aún más desigual de la riqueza.
La experiencia reciente de países como Portugal, Uruguay, Nueva Zelanda, Suiza y Canadá, entre otros, que han implementado reformas legislativas para avanzar en la descriminalización, legalización o regulación de consumo de drogas, ha sido positiva y permitió a los gobiernos quitarles el control a los narcotraficantes y supervisar la producción, provisión y uso responsable de las drogas. Sin embargo, la retórica bélica permite desviar la mirada respecto de las causas de fondo: ofrece narrativas simplistas de buenos versus malos, con chivos expiatorios estereotipados, y justifica la expansión del poder punitivo bajo un accionar policial discriminatorio que solo exacerba la violencia contra los pobres.
*Por Verónica Michelle Cabido para La tinta / Foto de portada: A/D.
