Ajuste y subejecución presupuestaria, las marcas del área de salud mental provincial
A un día de la tradicional Marcha por la Salud Mental y a un mes del Día Internacional de la Salud Mental, el médico e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, Iván Ase, toma las fechas para volver a hacer un balance sobre el proceso de implementación de las leyes de salud mental -Ley provincial n.° 9.848 y Ley nacional n.° 26.657- en Córdoba.
Por Iván Ase para La tinta
Es necesario reconocer que implementar la normativa vigente en salud mental requiere un enorme esfuerzo por parte del Estado y de los diversos actores no estatales del campo de la salud mental. Leyes que obligan a impulsar políticas asentadas en los paradigmas de la desmanicomialización, la atención primaria de la salud integral y el enfoque de derechos humanos requieren de un complejo proceso de construcción de capacidades administrativas, técnicas y políticas que permitan enfrentar los obstáculos que seguramente se presentan y deben ser sorteados.
Pero reconociendo lo anterior y aceptando la existencia de algunos avances al respecto, queda pendiente una enorme deuda en relación al cumplimiento de los objetivos de las normativas señaladas: la construcción de una red de dispositivos comunitarios no manicomiales que permita el cierre o la transformación de los hospitales monovalentes sin que esto implique dejar de garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud mental en todo el territorio provincial. Es decir, ahuyentar el fantasma de que la implementación de las leyes de salud mental está al servicio de un brutal ajuste y achicamiento del sector.
En consonancia con esto, año tras año, desde la sanción de las leyes, hemos insistido en que mientras el Estado no asigne los recursos necesarios para una tarea de tamaña complejidad, difícilmente se puede evitar lo señalado arriba. Es cierto que los recursos presupuestarios no resolverían todos los problemas que deben enfrentarse cotidianamente en la tarea, pero sí permitirían construir mejores condiciones de posibilidad de la misma. No serían condición suficiente, pero sí, inevitablemente, necesaria.
Los propios organismos sanitarios internacionales recomiendan que, para llevar adelante un proceso de implementación de semejante complejidad, los países deben destinar un piso del 10% de los recursos destinados a salud al área de salud mental. Esta recomendación está explícitamente reconocida en la Ley nacional n.º 26.657. Sin embargo, desde la sanción de las normativas sectoriales, ninguna jurisdicción estatal (nacional, provincial o municipal) ha cumplido con la misma.
En el caso de la provincia de Córdoba, no solo no se han incrementado los recursos para el área, sino que se han venido disminuyendo de manera sistemática. La promesa de que el achicamiento de los hospitales monovalentes permitiría reconducir recursos presupuestarios hacia los dispositivos comunitarios y no manicomiales se ha mostrado como una falacia. El cierre del Hospital Santa María y la disminución ostensible de pacientes de la Colonia Vidal Abal no se ha traducido en más recursos para los nuevos dispositivos, sino, por el contrario, en menos recursos para todo el sector.
El gobierno de Córdoba que, en los últimos 20 años, destinaba un promedio de entre 6 y 7% del presupuesto para salud al área de la salud mental, pasó a destinar, en el 2021, en plena pandemia, el 3,88%, siendo el registro más bajo de las últimas dos décadas. En lo que va del corriente año, según la ejecución presupuestaria provincial al 30/06/22, lo destinado al área de la salud mental se encuentra en el 4,34%. Este leve incremento no implica mayores fondos para salud mental en comparación con 2021, sino que pone en evidencia el ajuste de todo el presupuesto de salud pospandemia, que pasó del 11,45% del total del gasto provincial en 2021 al 8,99% en lo que va del 2022.
Pero, además, en el primer semestre del año, el presupuesto del Ministerio de Salud en su conjunto tiene una ejecución del 47,15%, mientras que el área de salud mental tiene una ejecución del 34,80%.
En definitiva, ajuste y subejecución presupuestaria son marcas del área de salud mental provincial en los últimos años. En este contexto, no solo la implementación de las normas de salud mental se volverá una quimera, sino que deberemos acostumbrarnos a que se naturalicen flagrantes violaciones de derechos.
*Por Iván Ase para La tinta / Imagen de portada: A/D.
