Nueva ley para situaciones de violencia de género: ¿purple washing o respuesta «real»?
El 27 de octubre, el Senado aprobó una ley que incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) la atención integral a personas que viven situaciones de violencia de género. El proyecto fue impulsado por doce legisladoras de distintos bloques, aunque se lo conoció con el nombre de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, representante de una provincia donde las políticas de género y el cumplimiento de la legislación vigente encuentran serios obstáculos. Conversamos con dos activistas feministas que brindan su opinión al respecto.
Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky para La tinta
La semana pasada, la bancada cordobesa ocupó los portales nacionales con la aprobación de una ley presentada en Diputados en 2020 y votada por unanimidad en la Cámara de Senadores el jueves 27 de octubre. La normativa obliga a las obras sociales, prepagas y prestadores de salud a garantizar cobertura total y atención integral a personas en situación de violencia, asegurando prácticas preventivas y terapéuticas médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y todo tipo de atención necesaria o pertinente.
Surgen dudas al respecto: ¿estas prestaciones no están garantizadas en otras normativas? ¿Es una legislación que realmente va más allá del «purple washing» si la impulsa la misma senadora que, por ejemplo, votó en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo? ¿Acaso no se trata del mismo partido que gobierna Córdoba y que, entre otras cosas, achicó el presupuesto destinado a las políticas de género para 2022?
Mayca Balaguer, coordinadora de Asuntos Legales y de Géneros y Diversidad Sexual de Fundeps, en diálogo con La tinta, señala que celebra la implementación de políticas públicas que busquen prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas. “Es fundamental contar con una norma que reconozca la necesidad de que quienes padecen estas situaciones accedan a servicios integrales de salud en el sistema de la seguridad social y que estos servicios cuenten genuinamente con la capacidad de comprender y abordar de forma adecuada las complejidades características de estos casos”, afirma.
Ante las cifras alarmantes de femicidios, la violencia más extrema y la más visible, “contar con cada vez más mecanismos para su erradicación, para asistir a las víctimas antes de que sea demasiado tarde es, sin dudas, necesario. Pero, ¿qué sucede con las violencias que no son visibles? Nos preguntamos inevitablemente: ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué pasa con las personas que no tienen este tipo de cobertura? ¿Qué políticas públicas se están pensando para otros sectores?”, agrega la abogada.
El Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos MuMaLá – Mujeres de la Matria Latinoamericana reportó que, desde el 1 de enero al 30 de octubre de 2022, se produjeron 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales 196 son femicidios. El 47% tenía orden de restricción de contacto o perimetral, y el 17% contaba también con botón antipánico. Se registraron, además, 348 intentos de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Un dato resulta especialmente alarmante: en octubre, hubo 27 femicidios en todo el país, 12 más que en septiembre, es decir que aumentó en casi el 50%.
En Córdoba, los reclamos de diversas organizaciones apuntan a la deficiencia de las políticas públicas que abordan la problemática estructural de la violencia. Condiciones laborales hiper precarizadas para lxs trabajadorxs del Polo de la Mujer, programas del estado que no alcanzan a cubrir la demanda, denuncias a hospitales y clínicas por violencia obstétrica, obstáculos para realizarse ILE e IVE, revictimización por parte de las unidades judiciales y del Poder Judicial a personas que realizan denuncias, son moneda corriente. “Nos llama la atención que esta ley surja de una legisladora cordobesa, cuando se conocen y se vienen denunciando desde hace tiempo las dificultades para el acceso a los servicios de salud en la provincia, fundamentalmente a los vinculados con la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, como es el acceso a métodos anticonceptivos, a información clara y oportuna y a la interrupción voluntaria (IVE) y legal del embarazo (ILE) -explica Mayca-. Estos servicios ya cuentan con cobertura en el PMO en el sistema público de salud desde hace mucho más tiempo y, sin embargo, aún se observan obstáculos.”
“No poder acceder al método anticonceptivo elegido, no contar con información sobre la salud sexual y reproductiva, no poder acceder a la IVE y la ILE en las condiciones indicadas por la ley, también constituyen situaciones de violencia de género, pero de tipo institucional, y es ejercida por el propio estado provincial. Un abordaje integral de la violencia de género en el ámbito de la salud también tienen que contemplar estos aspectos”, agrega la activista.
Betiana Cabrera Fasolis es médica especialista en Medicina familiar y general y directora del Observatorio Nacional MuMaLá. Para ella, nombrar y visibilizar las violencias aporta al abordaje integral: “Hace varias décadas que se destaca que el personal de salud tiene un rol protagónico en detectar, intervenir y acompañar estas situaciones. Es tal vez una de las deudas, otra más, que tenemos los equipos de salud en cuanto a tiempo, recursos, voluntades y en relación a las gestiones de salud que no entienden esta prioridad o no tienen la voluntad política para realizar abordajes integrales”, reflexiona. Así, incluir la violencia de género en el PMO obligaría a discutirlo en esos términos. “Me imagino también que lo más interesante de esa ley no sólo el planteo de integralidad sino de celeridad si funcionara según nuestras expectativas, por ejemplo en las cirugías reconstructivas en mujeres quemadas”, agrega.
Una de las prestaciones más importantes es la atención de salud mental, tanto para quien está en situación de violencia como para el agresor. “Hoy es un privilegio de clase, las obras sociales en términos generales ofrecen atención deficiente en salud mental. ¿Cuántas veces ponemos otros diagnósticos tal vez más graves para que nos autoricen más sesiones o no haya que esperar tanto? ¿Cuántos dispositivos públicos existen para el abordaje de la violencia de género? Son muy pocos y centralizados, pese a que en nuestra provincia el 80 % de los femicidios ocurren fuera de la capital”, explica la referente. También añade que este marco ya está contemplado desde la Convención de Belém Do Pará y de CEDAW, “es decir se generan leyes sobre cosas que ya son obligaciones del Estado, pero también hemos aprendido que esa es una estrategia de visibilidad para que se cumplan nuestros derechos”.
Para Betiana, la Ley es positiva si trasciende la cuestión formal de ser «otra ley más» y se convierte en una realidad concreta para las instituciones y dispositivos de salud, “que realmente le cambien la vida a la gente y acompañen a mujeres y disidencias que están en situación de violencia porque de verdad tuvieron una respuesta oportuna en el centro de salud de su barrio o en la clínica que le corresponde por su obra social”, concluye.
*Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky para La tinta / Imagen de portada: El 1 digital.
