Sin prestaciones y sin derechos para las personas con discapacidad
Desde hace meses, profesionales que trabajan en el área de discapacidad a nivel nacional no están cobrando por las prestaciones que otorgan. Ayer, comenzaron múltiples manifestaciones en todo el país para reclamar por los retrasos en los pagos y una crisis en el sector que no es nueva y que cada vez golpea más. La precarización de trabajos esenciales y la discapacidad como gasto.
Por Soledad Sgarella para La tinta
“Para los profesionales que elegimos por vocación, entre tantas otras cosas, trabajar en discapacidad, cada día se nos hace más difícil. Atrapados en un sistema injusto, donde no hay escucha para el reclamo, donde no hay a quién reclamar, donde hay teléfonos que suenan y suenan sin respuesta alguna. Es normal que esperes meses y meses para que comiencen a abonar tu trabajo ya realizado y los aumentos son insignificantes. Estando casi en septiembre, muchos de nosotros esperamos que las obras sociales abonen recién el mes de marzo, abril y mayo. Sí, así como lo leen, con lo que implica eso en este país, tan fluctuante”, dice un texto que vimos repetido en redes estos días, escrito por la psicopedagoga Luisina Stefanoni. “Este mes, muchas obras sociales no pagaron nada; frente al reclamo, responden que AFIP retuvo los fondos de nuestro dinero y, a raíz de eso, la Superintendencia de Salud no sabe cuándo emitirá los pagos; primeros días de septiembre quizás”, agrega.
Psicopedagogxs, psicólogxs, psicomotricistas, fonoaudiólogxs, terapistas ocupacionales, docentes, transportistas de personas con discapacidad y muchxs otrxs profesionales tienen naturalizada su situación de precariedad. Pero la crisis social y económica, y el contexto inflacionario, más los anuncios de los ajustes que el Gobierno nacional hará de $50.000 millones en educación y $10.000 millones en salud hicieron estallar a lxs trabajadorxs.
La situación es alarmante, dijeron desde el Colegio de Psicólogxs de Córdoba: “Las obras sociales dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud no están abonando las prestaciones brindadas en tiempo y forma a sus afiliados manifestando un quite monetario por parte de la AFIP. La demora en el pago a algunos prestadores llega a superar los 90 días, pese a ello, con mucho esfuerzo, los profesionales brindan sus servicios de manera ininterrumpida. Dicha irregularidad en los pagos y el retraso en las autorizaciones de las prestaciones solicitadas ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos generando innumerables perjuicios a una parte de la población y afectando el normal funcionamiento de los sistemas integrados de atención en discapacidad”.
No al ajuste en discapacidad (una vez más)
Por su parte, desde APADIM expresaron: “Las sucesivas medidas tienen la ‘originalidad’ de ver a las prestaciones para personas con discapacidad como gasto; a quienes participamos de un sistema que año a año vemos debilitarse. Un sistema del que hemos visto caerse instituciones endeudadas, profesionales que ‘salen y se dedican a otra cosa’, personas con discapacidad que quedan sin acceder a apoyos que necesitan y al que tienen derecho”.
La emblemática institución asegura que nada de esto es nuevo, pero que los impactos son cada vez más gravosos para organizaciones y trabajadorxs, con una última novedad que rebalsó el vaso: la comunicación de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) enviada a obras sociales y prestadores de discapacidad, y publicada en su sitio web, respecto del llamado Mecanismo de Integración: «La liquidación n.° 68 informa en los hechos de una demora, hasta la primera quincena de septiembre, aduciendo que se encuentra en el proceso normal de acopio en la recaudación mensual correspondiente, hasta la integración del monto total de dicha liquidación, sin quitas», y que «en función a las proyecciones de recaudación y del incremento en los montos de las prestaciones a financiar, se estima completar dicho acopio para su distribución por parte de la AFIP dentro de la primera quincena de septiembre de 2022”.
El marco de todo esto, dicen desde APADIM, es el ya conocido «tironeo» que se dio en los últimos días entre el gobierno y las obras sociales nacionales por los fondos que se destinan, precisamente, a solventar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), en el que los reintegros por discapacidad constituyen la principal cuenta. «Desde nuestra institución, consideramos que el equilibrio fiscal no debe alcanzarse a costa de los sectores menos favorecidos de la sociedad, entre ellos, el colectivo de las personas con discapacidad y las organizaciones que las acompañan en los distintos proyectos y etapas de la vida”, concluyó Martín Passini, en nombre de APADIM.
La discapacidad como gasto
Para la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Inclusión, “hoy fue un día histórico, en el que participamos una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud y educación, personas en situación de discapacidad y sus familiares, para visibilizar una lucha que perdura desde hace más de dos décadas. Teniendo en cuenta que parte de quienes estuvimos presentes no fue solo por convicción, sino también por causa de fuerza mayor al no contar con el recurso económico mínimo necesario para trasladarnos a nuestros lugares de trabajo”.
En una gacetilla publicada ayer, expresaron que, si bien en relación a los pagos la situación es crítica desde hace años, fue el 18 de agosto cuando se evidenció un quiebre a causa de pujas políticas que consideran al sector de discapacidad como un gasto. “No es la primera vez que las obras sociales denuncian al Estado que el fondo de distribución no ha alcanzado. En esta oportunidad, ante el pedido por parte de las obras sociales, el gobierno propuso comenzar a financiar desde la agencia y absorber este sector. Lo cual genera malestar y a quienes perjudica, como siempre, es a los y las trabajadores”.
La Asamblea expresó también que, actualmente, la ley de discapacidad se está formulando nuevamente y promete ser una ley con perspectiva de géneros y derechos humanos. “Nos cabe la pregunta de si esto será realmente así, cuando quienes sostenemos el sistema de inclusión, en mayoría profesiones feminizadas, tenemos todas las posibilidades de seguir siendo trabajadores que no salgan de la precarización.
Esta condición laboral nos pone frente a obligaciones sin ningún tipo de garantía para quienes, en definitiva, sostenemos el sistema de inclusión. Si esta reformulación no pone en tensión la condición liberal a la que nos somete la ley de prestaciones, no podremos hablar de una ley que garantice derechos ni que se haya pensado desde una perspectiva de géneros”.
*Por Soledad Sgarella para La tinta / Imagen de portada: El Megáfono.
