Estela Giménez: desafuero rechazado y un embate ganado por la lucha sindical
La semana pasada, la justicia rechazó el pedido de exclusión de tutela sindical requerido por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en contra de la histórica y reconocida Secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Estela Giménez. Pretendían el desafuero de la enfermera, para cesantearla de su cargo, por protesta del año 2013, «acusada falsamente de negar la atención de salud a usuarios y padres los días 6 y 7 de diciembre, cuando se desarrollaba una protesta en el Hospital de Niños por reclamos de falta de insumos básicos”, según los comunicados de la UTS.
Por Redacción La tinta
Estela Marys Giménez era -y es- enfermera del Hospital de Niños de Córdoba, hija de una enfermera ya jubilada del mismo nosocomio. Por segundo periodo, es Secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de Salud (UTS) de Córdoba, reelegida el 12 de mayo pasado. Hace casi una década -con De la Sota como gobernador-, lxs trabajadorxs del Hospital de Niños se organizaron en asambleas para reclamar ante una grave situación de falta de insumos. Era diciembre de 2013 y, por esos días, la policía realizó una huelga general, conocida como acuartelamiento policial, con motivo de reclamos salariales. Esto agudizó una crisis social provincial, de años de desidia y vaciamiento. Como siempre y como hoy, a la salud pública le faltaban insumos y recursos, y le sobraban propagandas y flexibilización laboral.
Desde ese entonces, la delegada enfrentó un camino de persecución judicial. En noviembre de 2020, el ministro de Salud, Diego Cardozo, había firmado la resolución donde pide al gobernador la cesantía de Estela, como sanción por el sumario iniciado en 2016, donde se la acusaba falsamente de impedir la atención a los pacientes en diciembre de 2013, cuando se realizaba el reclamo por la provisión de insumos. A principios de mayo del 2021, el Poder Judicial inició el juicio laboral para solicitar su desafuero, paso necesario para poder despedirla, como sanción por participar de un conflicto gremial cuando era delegada del Hospital de Niños.
Finalmente, la semana pasada, una resolución de la Justicia rechazó “el pedido de exclusión de tutela sindical requerido por el Superior gobierno de la provincia de Córdoba en contra de Estela Marys Giménez” y le impone al gobierno (hoy de Juan Schiaretti) las costas del proceso y los aportes previsionales. Además, el fallo cierra señalando la falta de diálogo de las autoridades del gobierno: “(…) Instar por medio de esta resolución a Superior gobierno de la provincia de Córdoba a que propicie y refuerce instancias, espacios o áreas de diálogo y trabajo conjunto -inter partes- en las situaciones de conflicto con los sectores de salud a su cargo, con el fin de propiciar la paz social, la atención preeminente del servicio de salud y evitar dilaciones y soluciones tardías de hechos o problemas suscitados en dichos ámbitos de salud”.
Desde La tinta, conversamos con Estela, que, agradecida por el apoyo recibido en estos años, remarca la convicción de que la lucha sindical logró vencer las persecuciones. Lo primero que nos recuerda es el contexto de ese fin de año: “Después del levantamiento policial, en los hospitales se vivía un clima álgido por falta de insumos. En el Hospital de Niños, faltaban elementos para dar atención básica: faltaban antibióticos o los líquidos para diluirlos o las jeringas. Faltaban prótesis para lxs chicxs que tenían cirugía de traumatología, faltaban analgésicos para el sector de oncología, filtros para hemodiálisis. Luego de hacer notas y muchísimas actividades para visibilizar el reclamo y la situación, sin obtener respuestas, decidimos hacer asambleas con presencia, con quita de colaboraciones, las cuales fueron numerosas y participaron profesionales de todos los sectores del Hospital”, detalla Giménez.
En esa época, los directores de los hospitales eran quienes manejaban los fondos para la compra de los insumos y lo que se argumentaba desde el nosocomio era que los fondos no bajaban de la provincia, aclara la enfermera; por tal motivo, la medida de reclamos se convertía en un llamado de atención a la provincia. “El director había cerrado las puertas, pero denunciaba que nosotras las habíamos cerrado y no dejábamos entrar a la gente. Nunca tuvimos las llaves. Las puertas de emergencia estuvieron cerradas -con alambre- por años por orden de la dirección, porque era imposible manejar la entrada y salida de gente porque tenían alarma y entraban y robaban”, explica.
En 2014, la Provincia inició un sumario por la supuesta toma del hospital. Para Estela, y aunque sus cuatro compañerxs imputadxs quedaron sobreseídxs, el fiscal decidió elevar su causa a juicio por ser la más mediática: “Si veías la causa, eran todas fotos y capturas de pantalla de los medios de televisión donde yo había dado notas. El juez indicó que se debían presentar pruebas porque no eran suficientes. Así quedó parado durante unos años. Como el sumario estaba sujeto a ese juicio, el actual ministro Cardoso inició otra querella en los tribunales de trabajo; ahí me hicieron juicio por las acciones de 2013 y pidieron mi desafuero para así poder cesantearme, porque la Provincia consideraba que mis acciones habían sido de tal gravedad que debía ser cesanteada”.
Todas las personas que testimoniaron -de ambas partes- durante el juicio concordaron que sabían que era delegada del Hospital y de la UTS, y recalcaron que nunca se hicieron acciones para impedir el acceso al hospital, sino asegurar que toda la gente que requería atención pudiera entrar y estar en el hospital, para evitar daños hacia otras personas. «La acusaron falsamente de negar la atención de salud a usuarios y padres los días 6 y 7 de diciembre de 2013, cuando se desarrollaba una protesta en el Hospital de Niños para reclamar por la falta de insumos básicos. A 8 años de los hechos y luego de que la denuncia del Gobierno fuera desestimada en la justicia penal, se trata de una clara medida para disciplinar a los trabajadores y sus organizaciones gremiales», expresa el comunicado del gremio.
Para el gremio, enjuiciar a Giménez fue «un ataque a la libertad sindical, no solo contra Estela, sino contra la UTS, por su cuestionamiento a la política sanitaria oficial, el mal manejo de la pandemia y el incumplimiento de los derechos de los trabajadores de salud». El fallo es «un acto de justicia para nuestra compañera Estela Giménez (…) y un importante triunfo de nuestro sindicato, con el patrocinio legal del doctor Lucas Cocha, contra la persecución y la actitud antisindical que el Ejecutivo mantiene contra la UTS. Ratifica la legalidad y legitimidad de la UTS. No nos van a amedrentar, seguiremos en la lucha colectiva y construyendo el gremio de las y los trabajadores de la salud pública”.
“La justicia no le dio lugar al pedido de la provincia y reconoció todos mis derechos, y exhorta a la Provincia a que se siente a dialogar con todos los trabajadores de la salud. Veremos cómo sigue. Nosotrxs, como siempre, luchando por un mejor sistema de salud pública”, concluyó Estela.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
