Abogadxs Culturales: cinco años fortaleciendo el derecho a la cultura en Córdoba
La organización celebra su quinto aniversario y continúa trabajando junto a artistas, gestores y espacios culturales que solicitan asesoramiento jurídico para profesionalizarse y desarrollar su actividad.
Por Julieta Pollo para La tinta
Abogadxs Culturales Córdoba es una organización sin fines de lucro que asesora y defiende jurídicamente a artistas y espacios culturales autogestivos e independientes. Este mes, cumplen cinco años de trabajo en esta rama del derecho de la cual son pioneres en Córdoba y que resulta esencial para ampliar el derecho a la cultura y la profesionalización de les trabajadores del sector.
Además de sostener un espacio de atención de casos, promueven la formación y el desarrollo del derecho cultural, participan de encuentros federales sobre el tema y hacen llegar las necesidades y demandas de diferentes ecosistemas artísticos a les decisores políticos y al Estado.
Desde La tinta, conversamos con Mercedes Gómez Chapman, Juliana Aguilar, Ramiro Pereyra Zenklusen, Michelle Conte-Grand, Débora Fassio y Francisco Alcalde sobre políticas culturales, redes federales y la necesidad de avanzar en una Ley Federal de Cultura.
“Abogadxs Culturales nace en Buenos Aires hace una década. Cuando pasó lo de Cromañón, se pusieron muy rígidas las políticas de habilitación y se empezaron a clausurar muchos espacios culturales en Buenos Aires. En ese contexto, Claudio Gorenman y otros colegas empezaron a trabajar en este sentido y así se formó la agrupación. En un intento de federalizar el trabajo que se había hecho en Buenos Aires, lanzaron una convocatoria y se formó Abogadxs Culturales Córdoba, en 2017”, cuenta Ramiro. Actualmente, la atención de casos es los miércoles por la tarde en la biblioteca del Teatro La Luna, pero han habitado espacios como Nodo, Dto 6, Casa 13 y Espacio Mora.
La organización busca “acercar la cuestión jurídica al ámbito cultural y artístico desde un lugar un poco más amable, poniendo en foco la importancia que tiene lo jurídico en la revalorización del trabajo cultural y la profesionalización del trabajo de artistas, gestores culturales o agrupaciones que desarrollan la actividad cultural”, dice Juliana y Michelle agrega: “Hoy por hoy, Abogadxs Culturales está ganando un espacio de intermediaria entre el Estado, las políticas públicas que existen y las demandas culturales en el territorio”.
Sus diez integrantes actuales organizan su trabajo en comisiones como institucional, académica, prensa, personería jurídica, atención de casos y género, una de las más nuevas. “Creo que la comisión de género es una respuesta a las demandas sociales y culturales que están sucediendo hoy por hoy. Por ejemplo, vemos la necesidad de que el Estado facilite un protocolo ante la violencia de género en espacios culturales y gastronómicos, ya que los propios espacios lo están pidiendo para poder trabajar mejor y solucionar los conflictos que surgen respecto de esto”, puntualiza Michelle. Juliana coincide con su compañera: “Hay una carencia muy fuerte en cuanto a perspectiva de género feminista, no solo en el Estado, sino también en el sector privado y autogestivo”.
La organización lanza convocatorias para que quienes quieren sumarse puedan hacerlo. Francisco, quien se sumó este año, cuenta que una de las cosas más importantes de la experiencia es “aprender a ejercer la profesión de manera colectiva”.
Políticas públicas y sostenibilidad de la cultura
Mercedes, una de las integrantes fundadoras de Abogadxs Culturales en Córdoba, cuenta que las consultas que reciben son variadas, pero una de las más comunes es cómo constituirse como persona jurídica para poder acceder a los fomentos que ofrecen los Estados municipal, provincial y nacional. Desde la organización, brindan información y asesoramiento al respecto. “La crisis que vino con la pandemia profundizó los problemas que ya veníamos trayendo en el sector cultural, que no eran pocos lamentablemente. Por tratados internacionales de derechos humanos, el Estado argentino -a través también de las provincias y los municipios- tiene la obligación de garantizar el sostenimiento de la cultura. En este sentido, ofrecen líneas de fomento, subsidios y políticas culturales que brindan colaboración económica a los espacios culturales -a nivel municipal y nacional hay bastantes, pero a nivel provincial son prácticamente inexistentes-. Lógicamente, estos apoyos son insuficientes, ya que no llegan a cubrir lo necesario para poder desarrollar una actividad cultural, además de estar atravesados por las ineficiencias y demoras del Estado como pagador. Mucha gente busca constituirse como persona jurídica justamente para poder aplicar a estas líneas de fomento”.
Hace unos meses, la organización lanzó una convocatoria a Contadores Culturales interesados en sumarse al proyecto para ofrecer un servicio que complemente los aspectos jurídicos y administrativos necesarios para constituirse como persona jurídica. “La propuesta surgió por una necesidad que detectaron desde la Red de Gestión Cultural Pública. Nos comentaban que tienen muchas personas jurídicas sin regularizar y esa gestión requiere necesariamente un doble abordaje, jurídico y contable. Entonces salimos a la búsqueda de contadores que tengan la misma vocación de servicio que nosotros y que, por precios populares, nos ayuden a dar una mano a estos espacios”, explica la abogada.
Otra de las consultas usuales en el espacio de atención de casos es el sostenimiento de esas personas jurídicas una vez que han sido constituidas: “El Estado pide esos requisitos, pero no brinda un aporte económico o una ayuda para que puedan sostener esa personería que genera costos y trámites. Entonces creo que una de las asignaturas pendientes del Estado es brindar contención a todas estas personas jurídicas culturales. Por otro lado, también nos llegan consultas sobre cuestiones de derechos de autor, registración de marcas, plagios… hay muchos conflictos de este tipo dentro del ecosistema cultural”.
Juliana identifica otras falencias en cuanto a políticas públicas actuales: “No tienen una visión a largo plazo, no son sostenibles. Tampoco profundizan demasiado en desde qué lugar vamos a financiar y a apoyar a la cultura: vamos a apoyar proyectos vinculados a la industria cultural, propuestas más de tipo masivas o que ya cuentan con infraestructura y una organización planteada; o vamos a destinar fondos a generar cultura a nivel regional y local, en distintos puntos de la ciudad, promoviendo el desarrollo de nuevos artistas”.
En este sentido, Débora destaca la importancia de generar un movimiento cultural fuerte para exigir al Estado las transformaciones culturales que necesitamos: “El Estado tiene la obligación de proveer, pero también cada ciudadane tiene la posibilidad de exigir eso. Córdoba muchas veces se queda en lo pasivo, pero está bueno generar movimiento para poder ir al Estado y exigir leyes, subsidios y una cultura para todes. Peticionar al Estado por vías judiciales o trabajando proyectos de ley con legisladores, por ejemplo”.
Federalizar la cultura
Una de las apuestas de Abogadxs Culturales es participar en encuentros y foros, para compartir con otres experiencias, aprendizajes y conformar redes federales de colaboración mutua. “Este año, estuvimos en el Foro de Cultura de Paravachasca y en la Sidrería Cultural de Villa General Belgrano, y fueron experiencias muy lindas. Nos llama la atención el desconocimiento que hay en cuanto al derecho a la cultura y la importancia que tiene. Les contamos qué significa ser un actor cultural, un gestor cultural, un artista, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de nuestro sistema de leyes. Y se sorprenden porque, por lo general, tienen que estar pidiendo por favor que les den participaciones, espacios, retribución económica, reconocimiento… Hay que trabajar muy fuerte también en autopercibir la importancia que tienen para toda nuestra sociedad los aportes de la cultura y de todos los que trabajan y producen. Eso creo que es una necesidad y una carencia a nivel federal fuerte”, cuenta Mercedes.
Abogadxs Culturales también estuvo presente en el Encuentro Cruce, en Mendoza. “Fue un encuentro hermoso y muy federal que duró tres días. Participaron personas de muchas provincias, se compartieron experiencias, discutimos temáticas de género, originarias y realmente es un avance en generar comunidad. La gestión cultural desde el punto de vista comunitario y con perspectiva de género inclusiva es fundamental. Estaría buenísimo poder replicar este encuentro en Córdoba porque el arte sin gestión cultural, sin interdisciplinariedad, dificulta lograr la estabilidad económica y profesional para las personas que viven de esto”, explica Juliana desde Mendoza.
También fueron invitades por el Ente Cultural Santafesino a un Foro de trabajadores de la cultura en Granadero Baigorria, Santa Fe. “Este ente oficia como la Red de Gestión Cultural Pública acá en Córdoba. Tienen 15 años de trayectoria en el territorio y funcionan como un alter ministerio de cultura, van articulando localidad por localidad y conectando toda la cultura de unas 70 localidades a través del ente. Tienen convenios de intercambio y van generando esa circulación de la cultura en toda la provincia”, dice la abogada y agrega que la idea es poder hacer convenios de colaboración interprovincial y replicar la experiencia a nivel federal. “Más allá de lo que se realiza desde el Ministerio de Cultura de la Nación, este ente colabora, difunde y promueve la cultura”.
“Otro de los temas que hablamos en Santa Fe fue el tema de la necesidad de una Ley Federal de Cultura. Desde Abogadxs Culturales, trabajamos mucho a nivel institucional en esto de vincularnos con el Estado, la universidad, el Colegio de Abogados donde está la Sala de Derechos Culturales… actores que, junto con el trabajo en territorio, son fundamentales para avanzar en políticas culturales y legislación. Nosotres acercamos esas necesidades y propuestas relevadas para que quienes tienen el poder de decisión pongan en funcionamiento las transformaciones que necesitamos”, explica Mercedes.
En 2018, se realizó en Paraná un encuentro de gestión cultural en el que se conformó una comisión para la redacción de una necesaria y anhelada Ley Federal de Cultura. Abogadxs Culturales fue elegida para coordinar esa comisión y participó en la Cámara de Diputados asesorando a la Comisión de Cultura en relación al texto del anteproyecto. Los diez ejes del mismo pretendían homogeneizar algunos conceptos básicos en torno a la cultura, que sirvan de base para la posterior implementación en provincias y municipios.
“Realmente es una necesidad unificar criterios a nivel nacional para que todos y todas entendamos lo mismo por cultura, más allá de que cada provincia gestione cultura desde sus criterios, pero con un piso mínimo común. Mismo que la cuestión presupuestaria: debería ser una política nacional que se cuente con un mínimo de presupuesto en cada territorio y no que sea algo que define cada provincia a su criterio. Es una Ley Federal de Cultura muy ambiciosa que tiene que pasar por muchas comisiones para su tratamiento. Para tomar noción, la prórroga que tanto costó modificar fue de un solo artículo y esta es una ley con 80 artículos. Ojalá podamos volver a poner en agenda este tema y movilizar este anteproyecto porque es una necesidad real del sector”, destaca Mercedes.
Un espacio para nutrir los derechos culturales
En diciembre de 2019, se inauguró la Sala de Derechos Culturales en el Colegio de Abogados de Córdoba, un avance importante para el reconocimiento y el desarrollo de este sector del Derecho. Mercedes, quien actualmente preside la Sala, cuenta que en el Colegio de Abogados hay distintas salas donde se trabajan distintas ramas del derecho. Hay Sala de Derecho Civil, Penal, Laboral… pero no existía una sala de Derechos Culturales. Desde la organización, decidieron presentar la solicitud, que fue aprobada, y hoy existe un espacio destinado a brindar formación y asesoramiento en esta temática: “La sala es un espacio abierto de consulta y tiene varias funciones. Por un lado, brinda formación y capacitación a los matriculados, porque nos encontramos con que saben más de derechos culturales los artistas y gestores, que los propios abogados. No tuvimos formación en la facultad, entonces fue un gran trabajo de autogestión en la formación. La sala también asesora a organismos públicos cuando acuden al Colegio de Abogados en busca de asesoramiento, por ejemplo, para una ley vinculada a temáticas culturales. O si hubiera algún conflicto a nivel público vinculado a la cultura y el Colegio quisiera pronunciarse, quien tiene la obligación y el deber de realizar ese dictamen es la sala”, puntualiza Mercedes.
La Sala propone una nutrida agenda de conversatorios y charlas sobre derechos culturales: “En agosto, estará el artista Elian Chali, quien nos va a contar sobre un juicio que tuvo y ganó en Inglaterra contra una aerolínea por una pared intervenida. También habrá dos presentaciones de libros: ‘Herramientas legales para la cultura’, de Virginia Juárez, y ‘Transitando espacios de mediación por el arte’, de María Milesi».
*Por Julieta Pollo para La tinta / Imagen de portada: Abogadxs Culturales.
