El problema no es la ley, es su falta de implementación
¿Qué posición tomar ante el bombardeo mediático que sostiene que “hay que modificar la actual ley de salud mental”? ¿Es la ley la que dificulta que se brinde una adecuada atención o es su falta de implementación?
Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos
Hace unos meses, en los medios masivos de comunicación de nuestro país, y a partir de casos de gran resonancia mediática, están circulando noticias que intentan construir un consenso que pone en tela de juicio la legitimidad de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada en 2010.
Esa información favorece la construcción de una opinión pública que expresa un gran desconocimiento sobre esta normativa y promueve dar marcha atrás a un largo proceso que busca garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
Desde la presentación del primer proyecto de ley en el año 2006 en la Cámara de Diputados, se generaron numerosos encuentros y debates públicos en los cuales participaron organismos internacionales, asociaciones de profesionales, autoridades políticas, académicxs, familiares y personas usuarias de los servicios de salud mental. Es decir, el proceso hacia la sanción de esta ley implicó la participación activa de diferentes actores implicados en la problemática de salud mental, en la definición de problemas y en el delineamiento de las formas de abordarlos.
Además, esta ley se asentó sobre fértiles experiencias que se llevaron a cabo en diversos contextos locales argentinos y receptó también numerosos instrumentos internacionales de salud mental que constituyeron un aporte fundamental para el trabajo de todxs aquellxs que defienden los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Ahora bien, ¿qué sucedió en los años posteriores a la sanción de esta ley? Pues poco. La incapacidad o la falta de voluntad política de nuestros gobiernos para su efectiva implementación y diversos intereses corporativos han provocado un proceso de deslegitimación social que hoy la pone en riesgo. De ese modo, se produce una enorme paradoja: se culpa a la ley de salud mental por las consecuencias que trae no implementar la ley de salud mental.
Se dice en los medios masivos de comunicación que la ley impide las internaciones involuntarias, aunque expresamente, en su capítulo 7, la ley habilita este tipo de internación, solo que establece una serie de recaudos necesarios, ya que se trata de un tema tan delicado como de la privación de la libertad de las personas usuarias.
En los medios, se exhibe el dolor de las familias cuando, si se implementara la ley y se brindaran los dispositivos y apoyos necesarios (hospitales de día, casas de medio camino, centros de rehabilitación, servicios de internación en hospitales generales, entre otros), esas mismas familias se verían más contenidas y no tendrían que transitar el abandono y la incertidumbre que el actual estado de cosas ofrece.
La mayoría de los argumentos que se emplean para atacar la ley son producto de su falta de implementación tanto por parte del sistema público como privado.
¿Qué lugar ocupan los medios de comunicación en este panorama? Estos pueden contribuir a instalar y difundir en los servicios de comunicación audiovisual el necesario cambio de paradigma sobre la salud/padecimiento mental o colaborar a la perpetuación de viejos modelos.
El primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental en Argentina del año 2019 indica, entre otros datos, que el promedio del tiempo de internación por problemas de salud mental en Argentina es de 8,2 años y asciende a 12,5 años en el sector público, que el 64% de las personas internadas no requerirían estarlo, que el 69% tiene ingresos económicos, pero el 72% de ese porcentaje no los administra, que el 58% tiene vivienda, pero el 74% de ese porcentaje no dispone de ella.
No podemos seguir avalando socialmente este modelo de atención en salud mental donde es legítima la negación de los más elementales derechos «por el bien de los pacientes».
Hoy, nos toca colectivamente exigir al Estado un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud, tal como lo prescribe la Ley Nacional de Salud Mental, y no que se modifique esta normativa.
Hoy, nos toca reclamar el cierre de los hospitales neuropsiquiátricos y la adecuación de los hospitales generales para que allí se brinde atención en caso de urgencias, y no repetir lo que algunos discursos interesados intentan instalar.
Hoy, nos toca demandar hospitales de día, casas de medio camino, centros de rehabilitación y no más internaciones prolongadas.
Hoy, nos toca conmovernos y reclamar por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental.
*Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos / Imagen de portada: Marina Chena.
