La marea verde en Latinoamérica
Los pañuelos verdes se multiplicaron en toda la región. Las luchas por el derecho al aborto pendulan entre una Colombia que avanza y un Perú en fuerte retroceso. En algún punto del medio, el debate en Chile se pone interesante. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, No Binaries y Bisexuales, conversamos con compañeras aborteras de estos países.
Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta
El mapa regional de luchas por la despenalización del aborto cobró fuerte dinamismo en los últimos años. Se multiplicaron las movilizaciones y acciones por la autonomía de nuestros cuerpos y vidas, al tiempo que los sectores de derecha conservadora profundizaron la persecución y criminalización. Compañeras de Perú, Colombia y Chile nos cuentan las realidades de sus territorios.
La de arena: despenalización por plazos en Colombia
El caso de Colombia resulta interesante para la región. Su situación es de avanzada respecto a los otros países: la despenalización del aborto es hasta la semana 24. Johanna Cepeda es enfermera feminista, magíster en salud sexual y reproductiva, activista de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y cofundadora del grupo Enfermería por el Derecho a Decidir.
En conversación con La tinta, explica que, desde el 2006, el aborto estaba despenalizado bajo tres causales en el marco de la Sentencia C355 de la Corte Constitucional, que contemplaba una visión de salud integral. «Fue un precedente bien importante para que no se nos siguiera viendo como un instrumento reproductivo -narra Johanna-. Pero los logros, después de varios años de su implementación, seguían siendo muy pocos, la mayoría de los abortos se hacían en la clandestinidad y los que llegaban a las instituciones eran realizados con mecanismos no seguros u obsoletos”.
La baja implementación de la Sentencia C355 y su entendimiento sesgado y limitado actuaban como barreras para el acceso, y las mujeres más vulnerables enfrentaban los mayores obstáculos. «Una investigación de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres encontró que, después de la Sentencia, habían aumentado los casos de mujeres criminalizadas, judicializadas y denunciadas por abortar», señala la activista.
La persecución se transformó en una de las barreras estructurales más importantes para garantizar el acceso al derecho a la interrupción del embarazo. Estiman que más de cuatro mil mujeres eran denunciadas por aborto cada año, “las más pobres, rurales y sin educación eran las más perseguidas, y aproximadamente el 30% de las denunciadas habían denunciado ser víctimas de violencia sexual”, afirma.
En el año 2020, crearon el Movimiento Causa Justa por el Aborto, buscando la despenalización total de la práctica, reuniendo a más de 90 organizaciones y unas 150 personas de diferentes ámbitos. “En septiembre de ese año, radicamos una demanda constitucional ante la Corte para modificar el art. 122 del Código Penal, que todavía determinaba el aborto como delito”, señala.
Personas y organizaciones antiderechos comenzaron a interponer solicitudes para dilatar el fallo, que salió el 22 de febrero de este año, “dejando a Colombia en una posición de interpretación mixta en la que hay causales, pero hay despenalización por plazos -explica Johanna-. El aborto dejó de ser un delito en Colombia si se realiza antes de la semana 24 de gestación y, a partir de ahí, se implementan las causales que estaban desde 2006”.
Frente a este panorama de avanzada, con una despenalización de plazos tan amplia, la avanzada antiderechos no se hizo esperar. “Llenaron todo de mala información. A pesar de que el fallo dice que es de inmediato cumplimiento, hay limitaciones al acceso porque no les dan información completa, dicen que el fallo no es vinculante o que no es obligatorio su cumplimiento”.
Johanna explica que la cuestión de los tiempos gestacionales generó escozor en la sociedad porque no se entendió de fondo su implicancia: “Si la mayoría de las mujeres acceden en el primer trimestre, lo que ocurre en la mayoría de los casos, muchas van a dejar de llegar en el segundo trimestre. El 90% de las interrupciones se realizan antes de la semana 12, solamente un 10% por encima de ese tiempo y solo 1% después de la semana 20 de gestación”.
Para Johanna, hoy el desafío es luchar por la despenalización social del aborto: «Tenemos una sentencia de avanzada, pero si no hay una despenalización social, van a seguir las barreras para que haya realmente autonomía reproductiva».
La de cal: inestabilidad en el Perú
Los vaivenes de la política institucional peruana se traducen en retrocesos en materia de derechos para las personas gestantes y en persecución para los activismos. Magdalena integra Serena Morena, un colectivo feminista que, desde 2017, brinda información y soporte emocional a quienes eligen abortar. Le consultamos sobre la situación en su país. “Si bien el aborto terapéutico era legal desde 1924, recién se ha podido ejercer este derecho desde el año 2014, pues no existían protocolos. Estaba la ley, pero no había acceso”, explica.
Aunque los protocolos entraron en vigencia, muchos establecimientos de salud no realizan la práctica. “Eso obviamente deriva en que siga habiendo una cantidad muy amplia de niñas que son obligadas a parir porque no se está aplicando de forma adecuada el acceso al aborto terapéutico para las menores que han sido violadas sexualmente”, señala.
El gobierno de Pedro Castillo y la inestabilidad institucional perjudica fuertemente las luchas que llevan adelante por el derecho al aborto. “Es un gobierno bastante limitado en cuestiones relacionadas al acceso de las mujeres a la salud y al aborto terapéutico”, explica Magdalena, señalando que el partido oficialista fue uno de los que votó contra el enfoque de género en el currículo escolar, junto a fuerzas de derecha con historiales de abuso contra las mujeres del Perú. “Lo poco que se había avanzado para que en la educación básica regular los estudiantes accedan a información sobre cuestiones de anticoncepción se ha dado de baja, simplemente ya no es una posibilidad y era un logro por lo que se había peleado mucho”, expresa.
Existe, además, una brutal persecución con mecanismos institucionales a quienes se muestran a favor del aborto. Un ejemplo es lo que sucede con la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, Diana Miloslavich. En un programa televisivo, la funcionaria expresó el deseo de que, en algún momento, el aborto sea legal, libre, seguro y gratuito en Perú. Eso trajo como consecuencia que se la interpele desde el Congreso de la República, que tiene fuerte presencia de grupos conservadores. “Los argumentos que utilizan en la interpelación son del tipo: ‘Ser madres es un placer, no es un privilegio’, ‘¿Qué mujer no querría ser madre?’, ‘La maternidad te cambia la vida’, hablando de niñas y adolescentes, sin importar en qué condiciones ocurrieron los embarazos. Ese es el nivel de conversación que proponen estos sectores a través de las bancadas políticas a las que representan”, narra la activista.
En la misma línea, tres estudiantes de la Universidad Católica enfrentan un proceso de investigación por brindar información sobre el aborto con misoprostol, motivado por la misma universidad. “Es persecutorio y disciplinario contra ellas, y es un pésimo precedente. Nos encontramos en una cacería de brujas contra quienes osan hablar de aborto en un gobierno claramente limitado, frente a un legislativo plagado de corruptelas, de intereses individuales, de sesgos religiosos y de todo tipo”, señala Magdalena.
Presentaron un proyecto de Ley para que se despenalice el aborto en casos de violación, pero la compañera no se ilusiona con que prospere el debate: “La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos en un terreno de muchísima inestabilidad política y eso impacta, no hay procesos que se estén siguiendo, se han cambiado gabinetes demasiadas veces y todo eso frustra procesos de debate, de interpelación social, política, colectiva”, concluye.
Una de expectativa: la nueva constitución chilena
Carolina Cisternas integra Con las amigas y en la casa y Observadora de Ley de Aborto en Chile (OLA).
En conversación con La tinta, cuenta que la situación respecto al acceso en Chile es limitada, permitiendo tres causales, pero con importantes problemas en su implementación: “Por un lado, permite la existencia de objetores institucionales y equipos médicos, y, por otro lado, existen obstructores de derecho en los servicios de salud que no necesariamente firman la objeción, sino que niegan información y, por lo tanto, el acceso a garantías para las mujeres y niñas que requieren acceder a un aborto legal”.
Quienes acompañan interrupciones de embarazo cumplen una función de suma importancia para el acceso a la práctica de forma segura, cuidada y con medicamentos de buena calidad. La red nacional Con las amigas y en la casa, a través de 14 colectivas, acompañan en sus abortos a miles de mujeres y niñas cada año por todo el territorio chileno.
“El debate respecto al derecho humano al aborto está muy interesante hoy en Chile, ya que, en el borrador de la nueva Constitución, se encuentra de manera explícita la interrupción voluntaria del embarazo como derecho -explica Carolina-. Lo que toca ahora, de aquí al plebiscito de salida, es trabajar para que se apruebe y luego contar con esta carta magna para hacer exigibilidad de la legalización del aborto a través de leyes que despenalicen, legalicen y garanticen su acceso”, afirma.
*Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de imagen: Daniel Romero/Getty Images.
