Abusos y violencias eclesiales: te creo, hermana
En la localidad de Sampacho, el sacerdote Pinamonti recibió por juicio canónico la pena máxima de prohibición total de ejercer el ministerio por abuso sexual a una niña hace 20 años. Luego de hacerse público, dos mujeres más lo denunciaron. Vive en libertad y puede seguir realizando una vida sin ningún tipo de restricciones. Un patrón repetido en la mayoría de este tipo de denuncias que no llegan al ámbito legal penal. En esta nota, las Católicas por el Derecho a Decidir y la colectiva feminista local Las Ranquelas nos comparten data importante con la cual contar.
Por Verónika Ferrucci para La tinta
Transité mi infancia y juventud en un pequeño pueblo de la provincia. Eran los años 90, la vida parroquial y la pertenencia a la iglesia católica era, mayoritariamente, de los pocos lugares de encuentro -además de las creencias y tradición-. No es necesario ahondar en las marcas profundas que nos dejó esa década que nos despolitizaba con cada propuesta y no lugares. Hay un patrón común que se repite entre quienes transitamos por esos espacios religiosos, que hoy en perspectiva recordamos y decimos: “Che, eso que hacía el cura no daba”. Los lugares que elegían para la confesión, las preguntas que nos hacían, la mano del cura en nuestras piernas -como gesto absolutorio-, hacernos cosquillas como “un juego”, las invitaciones a la casa parroquial con excusas, entre otros muchos relatos que he escuchado. “Qué amoroso que es el cura, tiene muy buena onda con la juventud”, decían en mi familia.
El cura de mi pueblo hasta mi juventud, tras una investigación realizada por un tribunal eclesiástico, fue sancionado por el Vaticano, en 2014, por abusar sexualmente de una niña donde era párroco por ese entonces, en la ciudad de Córdoba. Le prohibieron ejercer el ministerio sacerdotal durante 10 años y no tuvo denuncia penal. Sin confirmaciones, se dice que vive en Río Negro, con un obispo. Una política de encubrimiento repetida: el traslado. Existe una plataforma donde están sistematizadas las denuncias a miembros de la iglesia católica. Es el dato más actualizado con el que se cuenta.
Estas últimas semanas, circularon varias noticias sobre denuncias de abusos sexuales y violencias por parte de sacerdotes. En Salta, las hermanas de la orden San Bernardo de Carmelitas Descalzas denunciaron al monseñor Mario Cargnello por hostigamiento. La abogada defensora expresó en medios locales: “El trato que reciben les genera un enorme sufrimiento y daño desde hace muchos años”. Ayer, se realizó un abrazo simbólico en el convento San Bernardo con la consigna: #HermanaSiTeCreo. En Córdoba, a comienzo de marzo, trascendió la condena canónica a un cura en Sampacho por abuso sexual.
En diálogo con La tinta, Natalia Rodríguez, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), e integrantes del colectivo feminista Las Ranquelas de Sampacho, quienes llevaron adelante un conversatorio el sábado pasado en dicha localidad, nos comparten algunas reflexiones necesarias para poner nombre, señalar y visibilizar las violencias eclesiales.
Denunciar a un cura
Héctor Pinamonti tiene 90 años, es oriundo de Sampacho, se jubiló -con honores- como sacerdote el año pasado y, actualmente, vive en el pueblo, en la casa familiar. En febrero de 2021, el obispo de la Diócesis de Río Cuarto, Adolfo Uriona, se expidió con un comunicado, donde se detalla que, según lo establece el Derecho Canónico de la Iglesia Católica, por encontrarlo culpable de reiterados abusos sexuales en perjuicio de una niña, se le aplica al religioso la pena de “prohibición total de ejercer el ministerio sagrado en público por tiempo indeterminado”. La noticia trascendió hace pocas semanas, el hecho ocurrió hace 20 años, el abuso sexual a una niña desde sus 8 hasta los 12 años. Luego de que se hiciera pública esta sentencia, dos mujeres más denunciaron a Pinamonti también por abuso sexual.
La comunidad de Sampacho se indignó y horrorizó cuando se conocieron los hechos. Se realizó una marcha autoconvocada frente a la casa donde vive el sacerdote condenado. “Por primera vez en años, la iglesia estuvo cerrada y había policías de Río Cuarto para custodiar el templo y la casa parroquial. Nosotras no participamos de esa manifestación como Ranquelas, pero fue muy horrible ver ese vallado policial, pensando que se podía atentar contra el templo del pueblo”, cuenta una de las entrevistadas.
“No violarás”, decían los carteles que le pegaron junto con cintas rojas que ataron en las rejas de la casa. Inmediatamente después de que se fueron las personas congregadas, Pinamonti salió en chinelas, con la camisa abierta y un rosario, a desatar las tiras y bajar los carteles. ¿No es acaso eso una muestra de la total impunidad y libertad de la que goza? La causa penal está prescripta y este es un punto central y una de las principales demandas de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina.
El año pasado, el Papa Francisco reformó el Código de Derecho Canónico endureciendo las sanciones contra los abusos a menores para evitar los encubrimientos y se incluyó un artículo que establece la pederastia como delito contra la dignidad humana. ¿Pero cuáles son las limitaciones de los juicios canónicos? ¿Por qué no se puede pensar en la criminalidad de los abusos sexuales por parte de sacerdotes? En el caso del cura de Sampacho, la mujer denunció en 2018, 3 años de investigación llevaron, el cura tiene 90 años.
“El procedimiento de denuncia en la iglesia en sí mismo es violento, los delitos prescriben en los casos de abuso, porque a las víctimas les lleva mucho tiempo contar y denunciar, muchas de ellas son personas creyentes, que viven una situación dolorosa en cuanto a sus espiritualidades. La estructura eclesial está aceitada para desalentar la denuncia, ofrecer acompañamiento espiritual, dilata el proceso, lograr que la denuncia no se haga en la justicia ordinaria y, en caso de hacer la denuncia canónica, le imponen secreto pontificio mientras se hace la investigación”, explica una de las Ranquelas.
Natalia Rodríguez, coordinadora del área de diálogo ecuménico e interreligioso de CDD, detalla que, tradicionalmente, la iglesia católica pone en marcha mecanismos de disuasión y encubrimiento cuando hay denuncias de abuso, que están mediados por la preocupación de la imagen de la iglesia y no de las víctimas y sobrevivientes. Y agrega: “Cuando se hace una denuncia canónica, el modus operandi suele ser frecuentemente el mismo: mientras se investiga, se lo traslada a otra diócesis, incluso a otro país, llegan a esos lugares sin antecedentes, lo reciben en parroquias o colegios sin contar con información, y generalmente cumplen algunas otras funciones menores del ministerio”.
Es un problema sistemático y estructural, hay recurrencia de estos casos, no son aislados, se repiten las formas de cómo se dan estas violencias. Los líderes religiosos generan pertenencia y referencialidad, son ubicados dentro de lo sagrado. Las Católicas por el Derecho a Decidir están trabajando en red con teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas, con la colectiva evangélica Sororidad y Fe, y Las magdalenas, un grupo de ex monjas. “Desde esta red ecuménica, proponemos una definición amplia sobre violencia eclesial, en tanto aquellas que se dan dentro de la iglesia cuando se usan las interpretaciones, doctrinas o enseñanzas para ejercer poder, violencia sobre otras personas, ya sea de manera simbólica, económica, laboral, en aspectos físicos, emocionales o espirituales. La peor expresión es el abuso sexual”, explica Rodríguez.
Muchas veces, los vínculos afectivos son muy fuertes y se busca justicia en términos eclesiales, pero es importante, en caso de ser víctima de una situación de abuso y/o violencia por parte de un sacerdote o líder religioso, hacer la denuncia penal, aclara con insistencia la integrante de CDD. Y comenta que están trabajando en una propuesta para incorporar la violencia eclesial en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Feministas de pueblo: Las Ranquelas
Un caso de abuso sexual seguido de intento de femicidio movilizó a todo el pueblo de Sampacho en 2019, en una marcha presidida por la iglesia local en repudio de lo sucedido, que fue nombrado como un hecho de inseguridad. A partir de ahí, se organizaron Las Ranquelas y comenzaron con charlas sobre violencia de género, para poner un contrasentido a la idea de inseguridad que se había instalado y enfocar el hecho en lo que era, la violencia machista. “Creamos un grupo de WhatsApp y nos juntábamos los sábados cada 15 días. Es difícil ser feministas en un pueblo pequeño -entre 8 y 10 mil habitantes-, diferente a lo que puede significar en las grandes ciudades. Lo primero es quitarse los prejuicios, porque acá nos conocemos entre todes, quizá tenemos que ayudar a mujeres cercanas con quienes no teníamos tanta onda o no nos conocíamos -o a la actual de mi ex-”, dice entre risas una de las ranquelas.
Y otra de ellas detalla: “Los pactos de confidencialidad son mucho más grandes cada vez que acompañamos casos de violencias, una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), algo que hacemos en red con otras organizaciones y el Punto Mujer. La prioridad es cuidar a las personas que se acercan y que encuentren realmente un espacio de confianza”.
Dicen que lo más difícil ya lo pasaron, cuando organizaron un pañuelazo el día de la votación de la ley IVE en el Senado, actividad a la que se sumaron muchas jóvenes. “Fue el primer día que me sentí intimidada, a pesar de haber vivido toda mi vida acá”, dice una de ellas. Después de las primeras exposiciones, sabían que eso impactaba en la vida personal, sentir que peligran sus trabajos, por ejemplo. “No fue fácil, pero hoy estamos fortalecidas y trabajando con mucha red”.
Están muy contentas con el conversatorio porque puso en agenda un tema importante por lo que está viviendo el pueblo y porque esta es una olla que se empieza a destapar en la zona. “Hubo mucha difusión en medios locales y de toda la provincia. Fue un espacio donde encauzar y ordenar la indignación. Denunciar y visibilizar a los agresores, comprender que la comunidad puede y es importante que pida explicaciones a las instituciones, en este caso, a la iglesia, para que aclare el hecho”, detallan Las Ranquelas.
Desde CDD, comprometidas con la sensibilización de estas temáticas, realizaron tres conferencias disponibles para ver en YouTube: Panorama de abusos eclesiásticos en Argentina con Mariana Carbajal; Complicidad y encubrimiento de los abusos eclesiásticos con Miriam Lewin y Abusos Eclesiásticos: justicia y reparación frente al maltrato de los cuerpos con E. Stola.
*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: Diana Segado para La tinta.
