Los fantasmas del pasado no dejan en paz a Perú
Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta
Como si ya no pasaran suficientes cosas en la política del Perú, el Tribunal Constitucional del país andino, mediante una decisión judicial, restituyó los beneficios de un indulto que se había decretado en 2017. Esta medida beneficia nada más ni nada menos que a Alberto Fujimori, dictador del país durante la década de los noventa y condenado por delitos de lesa humanidad hace 13 años. Además de haber sido condenado por delitos como la masacre de Barrio Alto, de 1991, donde fueron asesinadas 15 personas, entre ellos un menor de 8 años, o la esterilización masiva de más de 20.000 mujeres pertenecientes a pueblos originarios, Fujimori además cumplía penas menores por corrupción. Se trata del presidente con más procesamientos en toda la historia peruana y uno de los ciudadanos que mayor dinero debe, producto de la cantidad de demandas y condenas civiles en su contra, acumulando más de 17 millones de dólares en costes de reparación civil. El Poder Judicial del Perú deberá definir antes del viernes la liberación del expresidente de facto, de 83 años, y que, de acuerdo con las sentencias en su contra, debía permanecer en la cárcel hasta 2032.
Fujimori ya había logrado la excarcelación los días previos a la Navidad de 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un “indulto humanitario” tras varios pedidos por parte de sus abogados. En aquel momento, el mandatario era sujeto de un pedido de destitución del Congreso, del cual saldría airoso gracias a la abstención de un grupo de legisladores que respondían al exdictador. Poco después, el partido de la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori, Fuerza Popular, denunció que el Ejecutivo peruano, encabezado por Kuczynski, compró a los congresistas a cambio de obras para sus regiones y el indulto a su padre. Por ese hecho, fueron procesados Kuczynski, el hermano de Keiko, Kenji Fujimori, y el exministro de Justicia del gobierno. Unos días después, el 24 de enero del año siguiente, Fujimori tenía que volver a la cárcel y PPK no escaparía a la suerte de gran parte de sus predecesores y sucesores, por lo que terminaría su gobierno abruptamente el 21 de marzo de 2018, tras renunciar a su cargo.
En este contexto, ya comenzaron los movimientos para prohibirle a Fujimori la salida del país, ya que, en caso de ser liberado, podría irse inmediatamente a Japón. Esto, sin embargo, fue negado por su hija, quien aseguró que su padre permanecerá en el país para afrontar todos los procesos judiciales pendientes de acuerdo con lo que estipula la ley. Según sus críticos, el Tribunal Constitucional está integrado en su mayoría por “jueces fujimoristas”, que aún responden al expresidente. Lo cierto es que la figura de la vacancia presidencial fue utilizada por primera vez contra el mismo Fujimori, en el 2000, quien entonces debió renunciar a su cargo. Luego de esto, la oposición de corte fujimorista volvió a utilizar esta figura para destituir a distintos presidentes, empezando por el mismo Kuzcynski en el 2017 y luego a Martín Vizcarra, en el 2020, hecho que motivó violentas revueltas que terminaron con muertos y represión policial.
El indulto del dictador no hace más que recrudecer las divisiones políticas que atraviesa Perú desde hace tiempo. El actual gobierno de Pedro Castillo no logra hacer pie y ya ha debido cambiar a su gabinete seis veces desde que comenzó su mandato en julio del año pasado. Además, Castillo se encuentra enfrentando un proceso de destitución solicitado por la oposición. Hace una semana, con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Parlamento peruano, formado por 130 congresistas, aprobó iniciar una moción de vacancia contra el presidente por “incapacidad moral permanente”. Para que el proceso concluya con la destitución de Castillo, la oposición deberá contar con 87 votos, en caso de que esto suceda, asumiría su vicepresidenta, Dina Boluarte. Lo cierto es que, si bien, la popularidad de Castillo se encuentra en un momento muy malo, la del Congreso tampoco es mucho mejor, con índices de rechazo de 70%. Los últimos cinco presidentes de Perú terminaron destituidos por el Parlamento y/o procesados en la Justicia.
La herencia del fujimorismo continúa latente en Perú, un país donde la política aún no ha logrado saldar muchas de sus deudas con la sociedad y entre sí. La inestabilidad institucional endémica del país es el principal desafío que tienen todos los que llegan al Palacio de Pizarro. Cualquier tipo de modificación o cambio respecto de las estructuras económicas o políticas se encuentra inmediatamente frente a la barrera de una clase política enquistada y con más poder que cualquier presidente. Castillo, por ahora, no ha podido enfrentar seriamente esto, a pesar de los cambios que prometía durante su campaña y en los primeros días tras su asunción. El presidente debe, ni más ni menos, que sobrevivir en su cargo, cuando apenas van siete meses y medio de mandato, y la oposición intenta destituirlo ya por segunda vez. Es en este contexto, además, donde vuelve la sombra del fujimorismo y los recuerdos de la historia reciente peruana. Por lo pronto, los fantasmas del pasado sobrevuelan nuevamente, sin ninguna intención de dejar en paz a Pedro Castillo ni al resto de los peruanos.
*Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta / Imagen de portada: Sputnik.
