Ocho acciones para hacer de la lucha contra la violencia institucional una Política de Estado
Por Lucas Crisafulli para La tinta
Un joven de 17 años a bordo de un automóvil recibe un disparo en la cabeza provenientes de policías de civil de la Ciudad de Buenos Aires. Una joven de 19 recibe un culatazo en la boca en un control policial en el barrio Nueva Córdoba por parte de la policía de Córdoba. Un joven es asesinado en el calabozo de una comisaría de San Clemente del Tuyú por nueve policías de la Provincia de Buenos Aires que se encuentran ahora detenidos.
Estos tres hechos sucedieron en Argentina en el lapso de tres días. Podríamos mencionar muchos otros que, desde el retorno de la democracia, se repiten. Sin embargo, estos tres hechos son significativos puesto que las tres policías involucradas dependen de gobiernos de distinta extracción política e ideológica, lo que da cuenta, por un lado, que la violencia institucional no es (solo) un problema de un partido político en particular, sino de la forma en la que se comportan las fuerzas de seguridad en América Latina. Por el otro, de la complejidad de la respuesta en materia de políticas públicas para propiciar la eliminación o, al menos, la reducción de la violencia institucional.
No basta mandar a las fuerzas a realizar un curso de derechos humanos para reducir la violencia institucional. Requiere esfuerzos de los poderes judiciales, ejecutivos y legislativos nacional, provinciales y municipales, así como la necesidad que la sociedad comprenda que se trata de un problema serio de convivencia democrática. En otras palabras, requiere que la lucha contra la violencia institucional se transforme en una política de Estado que trascienda a quienes ocupan responsabilidades de gobierno.
Propongo aquí ocho puntos para hacer de la lucha contra la violencia institucional una política de Estado.
1. Medios de Comunicación
Los medios masivos de comunicación son espacios privilegiados de circulación y establecimiento de sentidos comunes compartidos. Por eso es tan importante lo que los medios dicen sobre una temática al construir un sentido sobre lo dicho. Sabemos que esa construcción nunca es ingenua y que depende mucho de quien pague la tinta los sentidos que quieren construirse. No en vano P. Bourdieu mencionaba la técnica de ocultar mostrando como una forma de censura invisible con la que los medios operan. Darle más protagonismo a un tema que a otro, la foto que eligen para contar un tema, así como las palabras, carece en absoluto de neutralidad política e ideológica, pese a presentarse los medios como neutrales.
Sin embargo, y sin desconocer ello, creo que es posible construir acuerdos con los medios masivos en torno a la violencia institucional. Acuerdos que, por supuesto, son implícitos y en la que muchos se abrevan más por corrección política que por convencimiento. Así como los medios dejaron de hablar de crimen pasional y comenzaron a hablar de femicidios, es necesario que los medios hablen de violencia institucional y dejen de construir las versiones periodísticas únicamente en base a los informantes de la policía. En otras palabras, hacer policiales sin llamar al comisario, que siempre habla de enfrentamiento como forma de justificar casos de gatillo fácil.
2. Control disciplinario de las Fuerzas de Seguridad
Es de vital importancia la existencia de mecanismos civiles para investigar y juzgar las faltas disciplinarias de las fuerzas de seguridad que impliquen violencia institucional. No pueden participar las propias fuerzas de seguridad en autocontrolarse, ya que la experiencia histórica demuestra que, por el espíritu de cuerpo, se han encargado más de encubrir que de descubrir la verdad sobre los hechos.
3. Formación de las Fuerzas de Seguridad
Los Derechos Humanos deben ser la columna vertebral de la formación de las Fuerzas de Seguridad y no simplemente una materia dentro de la currícula que enseñe de manera formal la lista de tratados internacionales. En cada materia de las escuelas de oficiales y suboficiales, así como en los cursos de ascenso, los derechos humanos deben ser un eje transversal. Incluso en las asignaturas prácticas como educación física o práctica de tiro.
Sin embargo, no alcanza pensar los derechos humanos como eje de la formación de las fuerzas de seguridad, pues es necesario que estos también permeen los discursos que circulan hacia dentro de las fuerzas, los que suelen vincular el prestigio policial con la exhibición de la masculinidad y esta, con la violencia. Numerosas etnografías dan cuenta de cómo estos discursos performáticos tienen el poder de moldear prácticas y funcionan como una práctica profesional en la transmisión de conocimientos de los policías más antiguos hacia los más nuevos.
4. Creación de un Registro Nacional Único sobre violencia institucional
No puede prevenirse aquello que no se conoce. Es necesario el compromiso de todas las provincias que tienen a su cargo fuerzas de seguridad de completar un registro con información sobre casos de violencia institucional, así como un pequeño organismo nacional encargado de llevar este registro, producir informes periódicos que sean de acceso público y proponer estrategias para reducir la violencia institucional. Este organismo incluso podría depender de la Corte Suprema o de la Procuración General de la Nación.
5. Enseñar a identificar, prevenir y denunciar la violencia institucional
En 2012 se sancionó la ley 26.811 que instituye el 8 de mayo como el día nacional de lucha contra la violencia institucional. También esa ley establece que los ministerios de educación incluirán ese día al calendario escolar con jornadas alusivas. Es fundamental que la violencia institucional sea incluida en las currículas escolares. Al fin de cuentas, es más probable que un adolescente en su vida cotidiana utilice sus derechos al ser detenido a que use el múltiplo común denominador.
6. El rol de los Ministerios Público Fiscal y Poder Judicial
Los casos penales que impliquen violencia institucional deben tener un abordaje prioritario por parte de los ministerios públicos y los poderes judiciales. Esto implica construir mecanismos hacia dentro de las burocracias judiciales que propicien su tratamiento especial, con un enfoque de derechos humanos y garantizando la privacidad y seguridad de las víctimas, sobre todo para evitar las represalias de las que pueden volver a ser víctimas. Es de destacar que, pese a algunos retrocesos, se propicia en los poderes judiciales la necesidad de incorporar la perspectiva de género para investigar y juzgar los casos de violencia. De la misma manera, es fundamental incorporar la perspectiva de derechos humanos para detectar, prevenir, investigar y juzgar los casos de violencia institucional.
7. Mecanismos no punitivos para limitar los discursos de odio
Deben existir mecanismos no punitivos que regulen y limiten la producción y reproducción de discursos de odio. Esto debe hacerse con especial énfasis para evitar que funcionarios públicos de cualquier orden arenguen a matar personas o defiendan públicamente a personas acusadas de homicidio. Cuando decimos mecanismos no punitivos estamos pensando en inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública o penas de multa, para evitar la reproducción de mecanismos punitivos y también para evitar que quienes profieren estos discursos terminen victimizándose en nombre de la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión no protege expresiones discriminatorias ni ampara discursos que propician el homicidio como forma de resolver los problemas de la inseguridad. Tal como lo planteó Karl Popper, aunque parece paradójico, para propiciar una sociedad tolerante, se debe ser intolerante con la intolerancia, pues de lo contrario, se corre el riesgo de terminar con el pluralismo.
8. Modificar discursos sociales sobre la violencia institucional
Quizás este punto sea el más difícil para lograr una política de Estado contra la violencia institucional. En primer lugar, es necesario desvirtuar la antinomia seguridad – violencia institucional. Circulan ciertos sentidos comunes alentados por algunos medios de comunicación y por políticos irresponsables que proponen que la única forma de obtener seguridad es a través de la violencia institucional. La ecuación que plantean es que, a mayor violencia institucional, más inseguridad y viceversa, cuanto menos violencia institucional, más seguridad. Así, se cree que asesinando personas por la espalda, los linchamientos tolerados por las fuerzas de seguridad, la utilización de picanas eléctricas o la tortura en los lugares de encierro pueden, de alguna manera, brindar seguridad. Primero que esa relación es falsa en términos empíricos, pero sobre todo es inviable en términos éticos, por lo menos dentro de una ética democrática en un Estado de Derecho. No existe seguridad posible con violencia institucional. Luchar contra la violencia institucional es también una manera de pelear contra la inseguridad.
Sabemos que el ejercicio del poder punitivo es selectivo y no se aplica a todos por igual. También el sistema penal subterráneo, como lo mencionaba la criminóloga venezolana Lolia Aniyar de Castro, es selectivo. Jóvenes, varones, morochos, pobres y portadores de una socioestética popular se transforman en materia prima del poder punitivo legal y también del ilegal en forma de violencia institucional. Sin embargo, existen hechos que no cumplen con esta regla, dando cuenta que víctima de violencia institucional puede ser cualquier persona. ¿Por qué es más fácil identificarnos con las víctimas de un robo que con las víctimas de la violencia institucional? Parece que no solo es selectivo el poder punitivo, sino también nuestra capacidad de reaccionar frente al horror.
Podrán incorporarse más puntos o modificarse algunos. Lo que no puede hacerse es minimizar un problema que pone en jaque a la democracia. La lucha contra la violencia institucional es una problemática que nos interpela a todxs como sociedad.
*Por Lucas Crisafulli para La tinta / Imagen de portada: Eloísa Molina para La tinta.
