“En Ecuador, no dejaremos que nos conviertan en siervos del siglo XXI”
Con la llegada de Guillermo Lasso al gobierno, en Ecuador se profundizaron las políticas neoliberales. Frente a esto, diferentes sectores sociales se encuentran en las calles resistiendo.
Por Redacción La tinta
Washington Espín es presidente de la Federación de Trabajadores del Ecuador (FTE). En esta entrevista con La tinta, habla de la compleja situación que atraviesa su país, con la profundización de las políticas neoliberales desde que asumió la presidencia el empresario Guillermo Lasso.
Espín también explica el ciclo de protestas que se vienen acumulando en el Ecuador, al mismo tiempo que desde el gobierno se estrechan las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se recurre a la represión abierta, sobre todo desde que el Ejecutivo dictó por 60 días el estado de excepción en toda la nación. A su vez, el titular de la FTE reflexiona sobre el legado del ex presidente Rafael Correa y analiza el futuro del correísmo.
—¿Cómo analiza las jornadas de protestas de finales de octubre?
—La movilización del 26 al 28 de octubre es un episodio más en la lucha que enfrenta a la oligarquía hoy gobernante con varios sectores de la sociedad, tanto de la ciudad como del campo. Este conjunto de sectores sociales son conducidos a la ruina, a la precarización, a la miseria, al empobrecimiento, al desempleo a partir de 2017. Los campesinos, los pequeños propietarios y productores del campo, se han visto obligados a vender sus productos a la oligarquía exportadora o a los dueños de la industria a precios que no cubren casi los costos de producción. Han sido sometidos a un sistema que les cobra el 25 y el 28 por ciento anual por los préstamos que reciben del sistema financiero, a diferencia de la propia oligarquía, que recibe los préstamos del mismo sistema a un interés que va del 8 al 12 por ciento. Esto está conduciendo a la ruina a varios sectores productores del campo, ya sean arroceros, lecheros o paperos.
Los obreros ecuatorianos, a partir de 2020, han sufrido despidos, rebaja salarial y la precarización de las condiciones de trabajo. Según el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 2020 fueron desvinculados 680.000 obreros del sistema productivo. No conocemos exactamente el número de obreros cuyos salarios fueron recortados gracias a la famosa ley humanitaria del ex presidente Lenín Moreno. Tenemos casos de obreros que aún hoy tienen que devolver a sus patrones los salarios cobrados durante la cuarentena.
Los trabajadores de la economía popular y solidaria tenían, hasta 2016, una orden de prelación, o sea, la preferencia de que el Estado compre sus productos. A partir de 2017, a través maniobras burocráticas, fueron perdiendo este derecho. Pero lo grave viene a partir de 2020, donde prácticamente son arrasados y eliminados de las compras públicas. Fundamentalmente, en la pandemia, las compras del Estado se redujeron al negocio con los grandes grupos económicos y las corporaciones transnacionales.
—Estas políticas oficiales de ajuste, ¿cómo afectan al funcionamiento básico del Estado?
—Los problemas en los sistemas nacionales de salud y educación son graves: recortes presupuestarios, despidos de servidores salubristas por miles; ya van unos 80.000 trabajadores despedidos del sistema de salud público, además de profesores despedidos de las universidades y de los colegios, o a los que también se les han recortado sus salarios. Todo este panorama ha ido configurando una realidad social insoportable, que se estaría reflejando en una nueva ola migratoria de ecuatorianos al extranjero, en particular a Estados Unidos. Según una investigación periodística de The Washington Post, se estima que unos 10.000 ecuatorianos se encuentran presos actualmente en las cárceles de Estados Unidos, en la frontera con México, al ingresar en calidad de inmigrantes ilegales. Según esa investigación, las personas que se encuentran detenidas trabajaban en Ecuador, ya sea en el campo, en el pequeño comercio, o eran pequeños propietarios, que han sido conducidos a la ruina por la oligarquía financiera, exportadora e industrial de Ecuador.
Son estas condiciones las que mantienen vivo el enfrentamiento entre el pueblo ecuatoriano y la oligarquía rapaz gobernante. El paquetazo del aumento del precio de los combustibles no es más que una manifestación del conflicto. El primer punto de las protestas fue la rebaja del precio de los combustibles, que es muy utilizado por los pequeños productores del campo en sus maquinarias, los pescadores artesanales en sus embarcaciones y, en el caso de los choferes, en sus vehículos de transporte público. Este es el primer punto de la protesta, pero no abarca todo el conflicto social que abarca Ecuador.
La verdad, para el pueblo ecuatoriano, para sus sectores laboriosos del campo y de la ciudad, el neoliberalismo, ya sea en las políticas gubernamentales de los dos últimos gobiernos o a través de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, resulta insoportable, inaceptable y es el camino más certero que nos conduce a la ruina, a la precarización, al desempleo, al recorte salarial y a la miseria. Esas son las razones que condujeron a la movilización de los últimos días de octubre. Por eso, hubo una solidaridad entre los pueblos originarios, los trabajadores de la ciudad, los obreros del campo, sean florícolas, bananeros o cañicultores. Todos estos sectores confluyeron, incluidos los choferes, más inclinados a negociar con el gobierno. Pero todos estuvieron de acuerdo en la protesta.
—¿Por qué el gobierno declaró el estado de excepción?
—Si pudiéramos definir la concepción ideológica con que la oligarquía gobernante opera desde el gobierno, digamos que es el cinismo. El decreto que declara el estado de emergencia presenta como argumento, como razón fundamental, la situación alarmante en las cárceles del país. Lo curioso es que este decreto se emite una vez que las organizaciones sociales declararon la movilización, en protesta por la situación que vive el pueblo ecuatoriano. Y ya en la operatividad misma del decreto del estado de excepción, lo que movía al gobierno de Lasso no es la situación que se vive en las cárceles del país, sino el descontento, el cansancio del pueblo ecuatoriano ante la aplicación del modelo neoliberal. Nada más importante han realizado la policía como el ejército en estos días que no sea la represión, la persecución de la movilización y de los sectores movilizados en los últimos días de octubre. Tanto es así que hace unos días, en la cárcel modelo de Guayaquil, volvió a producirse un enfrentamiento sangriento, con muertes incluidas, sin que el ejército y la policía hayan podido evitarlo. El estado de excepción no fue decretado para solucionar el problema carcelario, sino para confrontar y reprimir la movilización social.
—¿Los sindicatos y movimientos indígena y campesino están en condiciones de resistir las políticas neoliberales del gobierno?
—La oligarquía ecuatoriana no convence de las supuestas bondades de su proyecto neoliberal. No hay sector popular que se incline a las propuestas de Lasso ni a las condicionalidades del FMI, que son lo mismo. El sistema de hegemonía de la oligarquía en el Ecuador está quebrantado, como en el resto de América Latina. Pero además, el sistema político de representación también se encuentra en crisis. Los niveles de aceptación del presidente se han venido abajo en el último mes. La propia credibilidad de Lasso está en entredicho. Esto se ha agravado después de la publicación de los Pandora Papers. No existe, dentro del Estado ecuatoriano, ninguna institución que goce de la confianza de los ecuatorianos y mucho menos de los sectores laboriosos del país. Todos están en entredicho, incluida la Asamblea Nacional, por tanto la oligarquía, conociendo esto, cada vez más recurre a la violencia y pone las esperanzas suyas en un régimen arbitrario y violento para gobernar el Ecuador.
Los pueblos originarios del Ecuador, con la CONAIE a la cabeza, tienen en cambio el respaldo y el beneplácito de todos los sectores laboriosos. En las últimas encuestas, Leónidas Iza (titular de la CONAI) recibió el mayor porcentaje de confianza del pueblo ecuatoriano en comparación con otros líderes políticos, incluido Lasso. Más allá de la descomposición que vive el movimiento sindical ecuatoriano, entre los trabajadores jamás fue bien vista la precarización del trabajo. Tampoco son aceptados los despidos, la privatización de la seguridad social, la rebaja de los salarios, así que el malestar es enorme. Y la solidaridad entre los distintos sectores de la ciudad y del campo es algo que se mantiene vivo.
—Con el gobierno de Lasso, ¿cómo queda el sistema institucional ecuatoriano?
—Al no acudir al llamado de la Asamblea Nacional a declarar sobre los Pandora Papers en los cuales está involucrado, Lasso está cerrando espacios institucionales de la democracia formal para que el conflicto político que se vive en el Ecuador tenga un canal institucional de solución. La amenaza de terminar el conflicto y la crisis política mediante un referéndum también deja sin posibilidades institucionales de canalizar el conflicto social. Y por tanto, quienes jugarían un papel fundamental en la solución del conflicto social, político y económico del Ecuador, no son más que los sectores trabajadores de la ciudad y del campo.
Conocemos de la reforma policial del Estado ecuatoriano que está en curso, conocemos la amenaza que significa el imperio norteamericano, que desde hace rato exige que en las Constituciones latinoamericanas conste que, en caso de convertirse las protestas sociales en rebeliones, se le conceda el derecho al imperio de intervenir en nuestras naciones. Sabemos muy bien del cinismo y la manipulación ideológica y psicológica que animan a los actuales asesores del gobierno de Lasso para manipular las conciencias, para presentar un mundo distinto al que vive el pueblo ecuatoriano, mediante lo cual se justifica la represión del descontento social y político. Sabemos también el papel que cumplen los medios de comunicación para blindar al gobierno oligárquico y manipular la información y la conciencia de los ecuatorianos. Pero también conocemos la inteligencia de nuestros pueblos originarios, de nuestros trabajadores y trabajadoras, como ya sucedió en octubre de 2019, donde ante todos nosotros quedó al descubierto el papel que jugaban el cinismo de la oligarquía y la manipulación de los medios de comunicación. Por eso, hay que asumir el reto, cumplir el papel que históricamente estamos llamados a hacer.
La lucha apenas ha comenzado en estos días de octubre. No es la ofensiva final de los pueblos originarios o de los obreros y trabajadores en general. Es el inicio de una lucha y la vamos a cumplir. No dejaremos que nos conviertan en esclavos, en siervos del siglo XXI. No aceptamos que nos precaricen. No aceptamos que a los hermanos trabajadores del campo los lleven a la ruina. No aceptamos que se privatice la salud, la educación y los sectores estratégicos de la economía, ya sea el petróleo, la electricidad o las telecomunicaciones. Vamos a defender el patrimonio de los ecuatorianos y vamos a luchar porque un mundo distinto es posible.
—¿Cómo observa el futuro del correísmo y del ex presidente Correa?
—El ex presidente Correa, en sus dos últimas elecciones, llegó a su límite histórico electoral: la cuarta parte del electorado, el 25 por ciento. Su comprensión de que la solución de todos los problemas sociales, políticos y económicos en el Ecuador pasan por la estabilización del capitalismo no hace sino marcar su límite histórico y político, y eso lo condujo a serias confrontaciones con los pueblos originarios, que se oponen al extractivismo, al agronegocio. Eso lo llevó también a un serio conflicto con los trabajadores sindicalizados o no, al mismo tiempo de conflictos con otros sectores, como los jóvenes, el movimiento de mujeres y de defensores de la naturaleza.
En octubre de 2019, se abre una nueva posibilidad, que está fuera del conflicto correísmo y anti-correísmo en el Ecuador. Es la posibilidad que los sectores dominados y explotados constituyan una fuerza de renovación, de solidaridad, de justicia en el Ecuador.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: Dolores Ochoa – AP
