Ecuador: estado de excepción y gatillo fácil
El gobierno de Guillermo Lasso militarizó las calles del país por 60 días. Los peligros de un autogolpe institucional están latentes, siempre con el aval de Estados Unidos.
Por Revista Crisis
La noche del lunes 18 de octubre, por cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso anunciaba el decreto del estado de excepción por 60 días. El mismo día de la primera jornada de movilizaciones de los sectores agricultor y educativo; y durante el anuncio de una jornada nacional de movilizaciones anti-neoliberales para el 26 de octubre. Lasso escenifica una demostración de fuerza del Poder Ejecutivo y las élites políticas y económicas en torno al presidente. La militarización del territorio nacional por un periodo de 60 días dificulta considerablemente las condiciones de un proceso organizativo popular en contra del gobierno hasta, al menos, el 17 de diciembre. Lasso podría pasar los siguientes tres meses gobernando bajo un estado de excepción que le confiere facultades extraordinarias al Ejecutivo y a las fuerzas represivas, además de interponerse a un posible proceso organizativo popular en las calles.
Así mismo, el lunes 18 sesionó la comisión que investiga la vinculación de Lasso con paraísos fiscales, develada por los Pandora Papers. Adicionalmente de tratar el proyecto de ley alterno, la Asamblea Nacional (AN) contravendría al propuesto, aumentando así la animosidad frente al Ejecutivo y la posibilidad de una muerte cruzada. Intereses le sobran a Guillermo Lasso para disolver la asamblea. En el gobierno interino que se conformaría, el presidente contaría con facultades para gobernar por decreto ante la eventual falta de un Poder Legislativo, con la facultad de aprobación de leyes.
La declaración del estado de excepción le antecede a la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el martes 19 de octubre, el cual posteriormente también se reunirá con Iván Duque en Colombia. La estrategia de la criminalización de la protesta social se implementa de manera conjunta con el repertorio regional acorde al imperialismo yanqui. Los tentáculos militaristas de este aparato impositivo se despliegan mediante la inversión y cooperación militar, la dotación de indumentaria represiva y la confabulación de una estrategia regional renovada de la criminalización de las clases populares, bajo el estandarte que legitima de la guerra contra las drogas. Históricamente, Estados Unidos siempre ha apoyado la represión y los crímenes de Estado en América Latina. Así como el mayor desestabilizador interno en la historia del continente son las élites burguesas, de la mano del imperialismo yanqui.
Las condiciones de una posible y futura revuelta, sin duda, no serán las mismas que octubre de 2019. Así, y frente a una AN y sectores sociales organizados adversos al oportunismo neoliberal de la banca como gobierno, Lasso demuestra todo su margen de acción al instaurar el estado de excepción como medida “profiláctica”. En este sentido, el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, Luis Hernández, general condecorado por su desempeño guerrerista durante la Guerra del Cenepa, indica una preparación del aparato represivo tanto en contra del narcotráfico como en contra del enemigo interno: el pueblo.
La medida se toma bajo la excusa de la seguridad, colocando al narcotráfico como un desafío para la paz y el orden en el país, e inaugurando una nueva etapa de “guerra contra la delincuencia”. La radicalización de los discursos securitistas tienen implicaciones directas sobre las vidas y los cuerpos del pueblo, ahora más expuestos que nunca a los abusos de poder, tanto en su capacidad para proveer al hogar en el ejercicio del trabajo informal, por ejemplo, como en el cumplimiento pleno del derecho a la protesta frente a las crecientes injusticias del Estado burgués.
Como bien habíamos advertido anteriormente, la securitización como política se convierte en una de las caras características del neoliberalismo, que cumple con varias funciones primordiales para sostener el orden de las cosas. Por un lado, instrumentaliza la violencia que se genera en la sociedad a partir de la precarización extrema de las condiciones materiales del pueblo, dando carta libre a la militarización del espacio público. Esto normaliza la colonización de la fuerza pública al ámbito de lo cotidiano y colectivo, acostumbrando de a poco a la presencia militar y policial en las calles y barrios, legitimando la criminalización de la pobreza y la violencia como método de control social.
La otra cara de la securitización es la normalización del uso desmedido de la fuerza por parte de los aparatos represivos del Estado frente a la protesta social. Crea un relato oficial que plantea un vínculo -ficticio- entre la amenaza a la seguridad y estabilidad nacional con un enemigo interno manufacturado que, a conveniencia o no del poder, puede relacionarse al narcotráfico, al comunismo, al terrorismo o cualquier otro elemento para generar miedo e inseguridad en la opinión pública. En este sentido, la securitización tiene ambas facetas: la criminalización de la pobreza y la criminalización de la protesta social, las dos ejecutadas desde la militarización del espacio público.
La declaración de estado de excepción faculta a las fuerzas armadas a mantenerse en las calles, desarrollando operativos de control y mantenimiento del orden interno. Sin embargo, las declaraciones de Lasso no se limitaron al anuncio del decreto, sino que dejaron en claro la permisividad e impunidad que se les otorga desde ahora a las fuerzas del orden para el uso indiscriminado de la fuerza, con la excusa del cumplimiento del deber. En la misma lógica, Lasso no solo planteó la formación de una unidad de defensa legal destinada para policías y militares, sino que habló de un proyecto legal, que solo puede interpretarse como una ley de “gatillo fácil”, como pasa en Argentina y Chile. “Actúen, señores de la fuerza del orden, con la valentía que les caracteriza –aseveró el mandatario-. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. Nuestros jueces deben garantizar la paz y el orden, no la impunidad y el crimen. Como parte de nuestro de apoyo a la fuerza pública, el Ejecutivo enviará en los próximos días un nuevo proyecto de ley dedicado exclusivamente a respaldar a nuestros agentes del orden y que llevará como nombre la Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública”.
Este nuevo estado de excepción y los marcos de acción que se les permite a policía nacional y a las fuerzas armadas tienen implicaciones directas en el trato que se dará a la protesta social. No es coincidencia que el mismo día que varios movimientos sociales hacen una convocatoria a nivel nacional para la resistencia a las políticas antipopulares del gobierno, el presidente decida demostrar que sabe utilizar la gran gama de mecanismos de opresión que tiene a su alcance. En sus declaraciones, Lasso insinúa la impunidad para crímenes de lesa humanidad que puedan ser cometidos por las fuerzas represivas. Con la declaración de estado de excepción, Lasso inaugura el Plan Nacional de Seguridad con un guiño directo a los aparatos represivos para el uso impune de la fuerza, tanto contra el pueblo más empobrecido como contra el pueblo organizado. Los discursos securitistas de las últimas semanas se han materializado.
Otro elemento de su discurso es el de la guerra contra el narcotráfico, del que ahora es fiel aliado -conjuntamente con el uribismo- al imperialismo yanqui. La advertencia de la eliminación de la tabla de consumo estaba sobre la mesa y ahora es cada vez más posible. Lasso se enuncia desde un discurso prohibicionista y en contra de las recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las experiencias prácticas de la despenalización del consumo de drogas alrededor del mundo. Lasso pretende fomentar las condiciones que catapulten al Ecuador hacia una catástrofe carcelaria -más grave aún- y hacia una espiral de violencia, la cual difícilmente encontraría salida bajo la lógica propuesta del neoliberalismo.
La política securitista de Lasso se podría ejecutar en los márgenes de la legalidad, amparando la represión desmedida, primero, bajo la figura del estado de excepción y, luego, bajo la Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública y la Unidad de Defensa Legal. Podríamos enfrentarnos a detenciones arbitrarias, golpizas públicas, amedrentamiento y extorsión, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La carta blanca a las fuerzas represivas del Estado tiene implicaciones gravísimas para toda la sociedad y profundiza la precarización de la vida del pueblo.
En este momento histórico, el cual incluye la fascistización social promovida por la profundización neoliberal representada por Guillermo Lasso, cristaliza una renovada agudización de la lucha de clases en el Ecuador. La burguesía en su dictado, el de la gran banca privada nacional, a la par de ampliar sus privilegios y defenderlos a plomo y fuego, materializa la precarización popular desenfrenada. Los antagonismos de clase vuelven a marcar el horizonte para la organización popular anti-neoliberal y anticapitalista. Frente a la reconstitución del poder del pueblo, el Estado burgués se blinda en términos represivos, “por la razón o la fuerza”. Nunca en la historia nacional reciente el pueblo se ha enfrentado a un Estado tan fortalecido en sus aparatos represivos.
*Por Revista Crisis / Foto de portada: María Fernanda Landin – Reuters
