El gobierno boliviano afrontó el primer paro opositor
El presidente acusó a la oposición de pretender impulsar un nuevo golpe de Estado. El paro derechista tuvo escasa repercusión en el país.
Por Página/12
El presidente Luis Arce afrontó este lunes su primer paro nacional convocado contra un proyecto de ley que combate el blanqueo de las ganancias ilícitas y contra la “persecución política” que denuncia la oposición, una medida que el gobierno ve como un intento de desestabilización. De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, el paro tuvo mayor contundencia en Santa Cruz, el departamento gobernado por Luis Fernando Camacho, uno de los principales artífices del golpe de Estado de noviembre 2019 contra Evo Morales.
El presidente Arce acusó a la oposición de pretender impulsar un nuevo golpe de Estado con la convocatoria, pero confía en que la “gran mayoría” de los bolivianos y las bolivianas ya dejaron atrás esos “periodos nefastos de nuestra historia”. Este martes, la tensión política subirá otro escalón con la manifestación convocada por el oficialismo en defensa de la democracia en distintos puntos del país.
¿Cómo se desarrolló el paro?
Santa Cruz fue el punto más alto del paro: no hubo transporte público ni privado y la mayoría de los comercios cerró. Se registraron choques en el ingreso a la región cruceña de Los Lotes, entre quienes estaban bloqueando y un grupo de personas que se movilizó en contra de la medida.
En una parte de la Doble Vía La Guardia, el propio ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, salió a desbloquear y convocó a los vecinos a tomar la misma decisión. “Santa Cruz necesita trabajar, salgan a las calles a desbloquear, no puede ser que, por algunas personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, nos estemos perjudicando todos”, arengó Montaño.
En el caso de La Paz, el alcalde opositor Iván Arias se sumó a última hora a la protesta, pero los servicios municipales operaron con normalidad y las actividades urbanas solo fueron fugazmente afectadas por una marcha de comerciantes minoristas informales contra la ley sobre ganancias ilícitas. En la vecina El Alto, la alcaldesa Eva Copa llamó a “reconstruir el país en vez de parar”.
En las ciudades de Potosí, Tarija y Sucre, se registraron esporádicos puntos de bloqueo. Mientras tanto, en la ciudad de Cochabamba, que igualmente presentó algunos cortes, el sector donde se posaron las miradas fue la avenida Circunvalación. En ese lugar, la policía intervino un punto de bloqueo con el uso de gases lacrimógenos y, en medio de empujones, detuvo a algunas personas, de acuerdo al diario La Razón.
El presidente Arce garantizó que Bolivia no volverá a vivir una crisis política como la de 2019. “Con el patriotismo de hermanos y hermanas como ustedes, que son la inmensa mayoría de la patria, no volveremos a los periodos nefastos de nuestra historia, como fue el golpe de Estado de 2019 o como el que pretenden abrir nuevamente unas minorías”, aseguró Arce desde un acto en Pando. Para el mandatario, las minorías “solo conciben democracia cuando las mayorías están silenciosas y excluidas de la participación política”, pero eso “nunca más volverá a suceder”.
El proyecto de ley resistido por la oposición
La oposición convocó al paro fundamentalmente en rechazo a un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que consideran “draconiano”. La controversia gira alrededor de las facultades extraordinarias que se da a algunas instancias estatales para indagar conductas sospechosas de esos delitos, además de prohibiciones para evocar reserva, secreto de fuente y profesional cuando la Unidad de Investigaciones Financieras solicite alguna información.
En su defensa, el gobierno destacó que la norma busca cumplir estándares internacionales y dio algunas señales de retirar el secreto profesional si es un impedimento a que la ley sea aprobada. Por el momento, se paralizó su debate en el Senado debido a las controversias que levantó y se inició un proceso de “socialización” en todo el país. El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló la semana pasada que la legislación no vulnera la Constitución boliviana y mejora el control del Estado sobre organizaciones criminales y el posible blanqueo de dineros ilícitos.
Este martes, serán sectores afines al MAS, entre ellos, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (las Bartolinas), los que marcharán en Santa Cruz y otros departamentos como La Paz o Cochabamba “en defensa de la verdadera democracia” y para “consolidar la unidad del país”.
*Por Página/12 / Foto de portada: Claudia Morales – Reuters
