Bukele contra todxs
El presidente de El Salvador enfrenta una serie de movilizaciones populares en su afán por la “bitcoinización” de la economía y sus intentos de reforma constitucional.
Por Julián Inzaugarat para ARGMedios
El 1 de junio de 2019, Nayib Bukele asumía su cargo como nuevo presidente de El Salvador tras romper con la tradición bipartidista, predominante en el país desde el fin de la guerra civil. El joven empresario millenial, que se transformó en símbolo de la renovación política, cosechó una imagen y aprobación altísima de su gobierno.
Sin embargo, el avance en la “bitcoinización” de la economía y el impulso a una reforma constitucional, para lograr la reelección presidencial, provocaron movilizaciones de rechazo.
“Son tres temas en donde el actual gobierno de El Salvador está generando mucho debate y, sobre todo, importantes expresiones de rechazo popular, a pesar de la alta popularidad que mantiene el presidente. La señal más importante fue el 15 de septiembre, día del bicentenario de la independencia, donde hubo movilizaciones en San Salvador”, explica Leonel Herrera, integrante de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS).
Miles de salvadoreños marcharon contra la imposición del Bitcoin, el intento de reelección presidencial, la remilitarización del país y la grave regresión democrática en el tiempo que lleva la administración Bukele.
División de poderes y reelección
Desde el 1 de mayo de este año, el bukelismo controla la Asamblea Legislativa y, con ello, ha pasado a tener bajo su dominio a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. En su primera sesión plenaria, la bancada oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, sin seguir el debido proceso y sin causas justificadas, colocando en su lugar a figuras funcionales al mandatario.
De hecho, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avaló, el pasado viernes 3 de septiembre, la reelección presidencial inmediata, a pesar de que la Constitución de la República lo prohíbe.
“La reelección en El Salvador está prohibida. Hay por lo menos cuatro artículos constitucionales que la impiden. El 88 establece la alternancia en el ejercicio de la presidencia y el 152 establece que el presidente no puede ser candidato presidencial -indica Herrera-. Bukele está aprovechando que domina el sistema judicial de la Corte Suprema de Justicia, nombrada por el oficialismo. La Sala de lo Constitucional, a pesar de que es la máxima intérprete de la Constitución, no puede avalar algo que está expresamente prohibido”.
Estados Unidos condenó el fallo de la Sala de lo Constitucional que avala la reelección presidencial inmediata. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, hizo pública la postura de esa instancia gubernamental, en la que, aparte de condenar el hecho, hace un llamado directo al presidente Bukele. “Condenamos la decisión de la Corte salvadoreña que habilita reelección presidencial inmediata a pesar de que la Constitución la prohíbe. Llamamos al presidente Bukele a que demuestre su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho”, destaca el portavoz en su mensaje.
El partido de Bukele, Nuevas Ideas, arremetió contra el norteamericano: “Que se lleven las ensambladoras de calzoncillos que pensaban traer. No necesitamos esos sueldos de hambre. Que se pongan de acuerdo con algún gobierno corrupto, como el de Honduras, para que las pongan ahí”, escribió en su cuenta en Twitter el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
El avance contra la división de poderes también se dio el pasado 31 de agosto, cuando la bancada oficialista aprobó una reforma a la Ley Orgánica Judicial para “jubilar” obligatoriamente a un tercio de los jueces y juezas del país.
Asimismo, el oficialismo controla el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), desde diciembre de 2020, cuando cambió la correlación con comisionados afines al gobierno. También se aprobó la “Ley Alabí” para poner un manto de impunidad sobre las irregularidades cometidas en el uso de fondos públicos durante la pandemia.
La bitconización de la economía
A principios de septiembre, entró en vigencia la Ley Bitcoin, la normativa aprobada hace tres meses por el oficialismo para dar curso legal a la criptomoneda. La Ley del Bitcoin se aprobó sin consulta popular y sin debate técnico.
“Se aprobó cinco días después de que el presidente lo anunció y a pocos días de que los hermanos del presidente tengan reuniones secretas con inversores del Bitcoin. El proceso legislativo duró tres horas, es un proceso parecido al de hace 20 años atrás cuando se impuso la dolarización”, comentó el integrante de ARPAS.
A pesar de las advertencias sobre sus posibles consecuencias negativas y el abrumador rechazo popular, el gobierno de Nayib Bukele no desistió en su implementación. El inicio de la bitcoinización, sin embargo, estuvo marcado por dos situaciones relevantes. En primer lugar, las diversas movilizaciones en contra y, luego, las dificultades técnicas en la implementación de la medida, sobre todo con el uso de “Chivo Wallet”, que no ha estado disponible en los primeros días de aplicación de la ley.
Siete de cada diez salvadoreños señalaron estar “en desacuerdo o muy en desacuerdo” con que el Bitcoin circule a la par del dólar, de acuerdo a una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), que consultó a 1.281 personas a mediados de agosto. Herrera considera que representa un peligro en términos de “convertir al país en un paraíso de lavado de dinero”.
La economía de El Salvador depende fuertemente de las remesas que vienen desde Estados Unidos. Al año, entran seis mil millones de dólares, el equivalente al 23 por ciento del PBI. “Si las personas deciden enviar esos dólares en Bitcoin, esos dólares no entrarían a la economía nacional. Pone en peligro la economía dolarizada, en la medida que dejen de entrar dólares y no haya liquidez”, señala Herrera.
Las críticas a la incorporación del Bitcoin como moneda de curso legal van desde sindicatos, partidos de izquierda hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Claramente, son por motivos distintos, en el caso del FMI es porque si la economía de El Salvador cae, se pone en peligro el pago de la deuda”, remarca Herrera.
El Salvador es el único país del mundo que tiene esta criptomoneda como moneda de curso legal. Ningún otro país del mundo lo quiso hacer por la alta volatilidad e inestabilidad que tiene el precio del activo digital. “El Salvador, de entrada, perdió tres millones de dólares porque el gobierno compró 500 bitcoins y el precio cayó, provocando una pérdida al Estado”, explica.
Y agrega: “A pesar del rechazo popular y todos los problemas que podría generar en la economía, se avanzó para favorecer negocios familiares y amigos. Ellos lo están haciendo como una medida para ver si funciona como una alternativa al déficit de las finanzas públicas y para esconder fondos de corrupción”.
Reforma Constitucional
En la noche del 15 de septiembre, Bukele recibió de su vicepresidente, Félix Ulloa, un paquete de reformas a la Constitución, que incorpora algunos puntos que son demandas de la población, como el derecho al agua y la alimentación. Pero contiene, a su vez, elementos perniciosos, como la eliminación de la prohibición de partido único, la posibilidad de legalizar grupos armados y el aumento de competencias del Ejecutivo.
La Reforma Constitucional también avanzó sin consulta popular. “No tiene nada que ver con el proceso chileno, que ha sido impulsado por las movilizaciones sociales. Aquí es una apuesta del gobierno de adecuar el marco constitucional a su intenciones autoritarias de mantenerse en el poder”, asegura Herrera.
La reforma también busca eliminar el Tribunal Superior Electoral (TSE) y se crea una sala en lo electoral dentro de la Corte Suprema de Justicia, que actualmente está controlada por Bukele. Las reformas parecen tener como objetivo adecuar el marco constitucional a las ambiciones antidemocráticas de Bukele. “Se necesita modificar la actual Constitución Nacional, pero esta no es la forma de hacerlo y no tiene un objetivo democrático”, resume Herrera.
*Por Julián Inzaugarat para ARGMedios / Foto de portada: Marvin Recinos – AFP
