¿Cuánto se puede avanzar en la institucionalidad indígena en Perú?
¿Cómo se ubican hoy los pueblos originarios y afroperuanos en su relación con el Estado peruano? ¿Cuál es el nivel de representatividad real que tienen?
Por Elena Burga Cabrera para La Mula
El discurso del presidente Pedro Castillo, en la toma de mando del 28 de julio, llamó la atención por ser la primera vez que una autoridad de ese nivel nombraba a los pueblos originarios y afroperuanos: “Comienzo saludando a mis hermanos descendientes de los pueblos originarios del Perú prehispánico, a mis hermanos quechuas, aimaras y amazónicos, a los afroperuanos y a las distintas comunidades descendientes de migrantes, así como a todas las minorías desposeídas del campo y la ciudad. Juntos, decimos hoy, ¡KACHKANIRAQMI! ¡SEGUIMOS EXISTIENDO!”.
Definitivamente, un inicio potente en un país en el que conviven 55 pueblos originarios o indígenas que hablan 48 lenguas. De acuerdo con el último censo (2017), son seis millones de personas que se autoidentifican como miembros de un pueblo originario o indígena, lo que representa el 26 por ciento, y un 4 por ciento como afroperuanos (30 por ciento de la población total). De ellos, cuatro millones y medio hablan una lengua indígena como lengua materna (16 por ciento), pero algunos expertos consideran que puede haber alrededor de un millón más que habla alguna lengua originaria, principalmente quechua, como segunda lengua o como lengua que aprendió después.
Pero este acto simbólico de saludo a los pueblos originarios y afroperuanos tiene que concretarse en atención prioritaria a sus demandas, también históricas, y en impacto real de las políticas que ya existen y que tienen que implementarse con verdadera prioridad, mayor eficacia y eficiencia, y, por cierto, con adecuado presupuesto.
El Perú es uno de los países con mayor desigualdad en América Latina, pese a los importantes avances en términos normativos: las brechas de atención a los pueblos indígenas siguen siendo las más críticas y es insuficiente lo que se ha logrado en el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales y en el aseguramiento de sus necesidades básicas. Por poner algunos ejemplos, sólo el 48 por ciento tiene acceso a agua y, aunque el SIS (Seguro Integral de Salud) se ha universalizado, las postas y centros de salud de las comunidades rurales e indígenas están desabastecidos y sobreviven en una precariedad lamentable. Si bien la educación primaria tiene una cobertura del 94 por ciento en zonas indígenas, sólo un 54 por ciento de estos estudiantes recibe una educación intercultural bilingüe (EIB), es decir, una educación de acuerdo con su cultura y tanto en su lengua originaria como en castellano (según datos del Ministerio de Educación calculados sobre el número de escuelas que reciben todos o algunos de los componentes del Modelo de Servicio de EIB). En los otros niveles educativos, la cobertura es menor aún y la falta de pertinencia también. La desnutrición crónica y la anemia, especialmente en niños indígenas amazónicos menores de cinco años, llega al 55,3 por ciento, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Más de 2.000 comunidades nativas y campesinas no logran aún el reconocimiento y la titulación de sus territorios. Todos estos indicadores se agravan más con la pandemia.
Pero además de estos enormes desafíos en el cierre de brechas de atención con políticas públicas, hay un aspecto fundamental para los pueblos originarios o indígenas por resolver: el de la institucionalidad indígena.
En efecto, durante los últimos 20 años, la institucionalidad indígena ha tenido importantes momentos, con mayor o menor peso dentro del aparato del Estado, y cambios que no siempre han significado mejora en la atención a la población indígena y afroperuana. Desde la desaparición de la cuestionada Conapa (Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos / 2001-2003), pasando por la creación y luego extinción del Indepa (Instituto de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos – 2005), que en el 2007 pasó a ser un órgano adscrito al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, para luego regresar a la Presidencia de Consejo de Ministros (dadas las protestas de las organizaciones indígenas luego de los hechos de Bagua), y ser finalmente “absorbido” por el Viceministerio de Interculturalidad dentro del Ministerio de Cultura (creado en 2010), el órgano a cargo de las políticas públicas a favor de los pueblos indígenas y afroperuanos sigue siendo uno de los más débiles del aparato estatal.
El Viceministerio de Interculturalidad es actualmente el ente rector en materia de pueblos indígenas y afroperuanos. Esto fue visto por las organizaciones indígenas y afroperuanas en su momento como una oportunidad, pues se trata de un órgano de rango viceministerial. Sin embargo, en mi breve paso por este viceministerio, pude comprobar dos cosas: las organizaciones indígenas y afroperuanas no lo ven como la instancia que está velando por sus derechos, y cuestionan su nivel y grado de representatividad a través del Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas (GTPI) y del Grupo de Trabajo de Políticas Afroperuanas (GTPA); y al interior del aparato estatal, es un viceministerio frágil y con uno de los presupuesto más exiguos.
La institucionalidad indígena tiene que ver con la participación institucional de los pueblos indígenas y afroperuanos dentro del aparato estatal, y este sigue siendo un tema por resolver: ¿es suficiente la institucionalidad existente?, ¿cómo se ubican hoy los pueblos originarios y afroperuanos en su relación con el Estado?, ¿cuál es el nivel de representatividad real que tienen?, ¿qué otras instancias a niveles regionales y locales ven el tema indígena?, ¿son suficientes los espacios de participación que existen en algunos sectores para hablar de institucionalidad indígena? Son sólo algunas de las preguntas que como país, Estado y sociedad deberíamos responder.
Queda mucho por hacer tanto desde el Estado como desde la sociedad en su conjunto para que los ciudadanos y ciudadanas de pueblos originarios o indígenas se sientan realmente como tales, y puedan ejercer sus derechos individuales y colectivos. Esperamos que la mención simbólica, pero tan oportuna que hiciera el presidente en su discurso, en este año también simbólico del bicentenario, haga carne y se convierta en prioridad de políticas y acciones concretas para acelerar el cierre de todo tipo de brechas que afectan a los pueblos originarios y afroperuanos… Y claro, construir una mayor institucionalidad indígena que permita verdadera representatividad y participación en todos los niveles de gobierno.
*Por Elena Burga Cabrera para La Mula / Foto de portada: A/D
