En casa hay una menos
En lo que va de 2021, casi 100 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre por los femicidios. A 3 años de la ley que busca para ellos una reparación económica, cómo se implementa y cuáles son los obstáculos de la Justicia y la burocracia estatal. Testimonios de quienes sobreviven “vacíos, perdidos en la plaza”.
Por Lucrecia Bibini para Perycia
A Verónica Manzanel la mató su pareja y padre de sus hijas. Fue en 2011, en una localidad pequeña de Santa Fe. A partir del femicidio de su mamá, Fernanda se hizo cargo de su hermana Ainalén y de mantener la casa priorizando lo básico: la comida y las cuentas.
Ainalén es la hija más chica de Verónica. Tiene 18 años y quiere estudiar una carrera vinculada a las ciencias económicas en Rosario. Como debía dos materias de la secundaria, no pudo inscribirse en la Universidad, así que está haciendo cursos que la acercan a los contenidos de la carrera que quiere seguir. Hasta hace poco, trabajó de niñera.
A fines de 2018, junto a su hermana, comenzó los trámites para poder acceder a los derechos de la “Ley Brisa”. El otorgamiento de la tutela judicial se demoró y Ainalén pudo empezar a cobrar recién en octubre del año pasado. Dice que recibir la reparación económica es una “re posibilidad”, porque, además de poder comprar las cosas materiales de las que había tenido que privarse, ahora puede colaborar en la casa.
—Es una gran ayuda para las familias que hayan pasado por esto. Lo cobro yo, pero, cuando hablo, digo “cobramos” porque la plata no es solo mía, mi hermana se esforzó muchísimo.
La Reparación Económica para Niñas, Niños y/o Adolescentes (RENNyA) se conoció en su momento como «Ley Brisa» y así la siguen llamando incluso las familias afectadas, aunque luego se recomendó evitar ese nombre para resguardar la identidad de la menor cuya historia impulsó la iniciativa.
Promulgada el 26 de julio de 2018, la Ley 27.452 establece que los hijos y las hijas de hasta 21 años de mujeres víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar y/o de género tienen derecho a recibir una reparación económica mensual equivalente a una jubilación mínima (hoy, poco más de 20.000 pesos), acceder a una cobertura integral de salud y ser acompañadxs y protegidxs de manera integral durante su crianza.
Los requisitos son pocos y claros, pero, desde la implementación de la ley, han presentado algunos obstáculos que traumatizan el duelo hasta llegar, incluso, a revictimizar a las familias:
En el caso de que el progenitor o progenitor afín haya sido procesado o condenado, se necesita que el auto de procesamiento como la sentencia estén firmes.
En el caso de la extinción penal por causa de muerte, se necesita que la autoridad judicial declare la extinción de la acción por causa de muerte.
En el caso de fallecimiento por violencia intrafamiliar o de género, se necesita que la autoridad judicial competente lo determine.
Si quien debe percibir la reparación es menor de 18 años, tiene que cobrar la persona que tiene la guarda, el tutor, curador o adoptante.
Si bien la cantidad de reparaciones otorgadas va creciendo año a año, lo que principalmente retrasa el trámite es el desconocimiento de la ley por parte de los operadores estatales y, por supuesto, la inoperancia de la Justicia.
—Tenemos identificada la demora, que los trámites se dilatan, especialmente por el proceso judicial. Desde el Ministerio, analizamos las solicitudes, cotejamos la información y elaboramos un informe que enviamos a SENAF, que es la autoridad de aplicación de la ley.
Carolina Varsky, Subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, cuenta a Perycia que, en 2021, creció la cantidad de accesos a la reparación. La Comisión Permanente de Seguimiento de la ley (COPESE) está conformada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y la ANSES, y son quienes trabajan articuladamente para gestionar la aplicación de la misma.
Esta ley no solo es una reparación económica, sino que simboliza el reconocimiento del Estado de la problemática de violencia de género y, por esto, es uno de los instrumentos más importantes creados para abordarla.
Perycia buscó testimonios en primera persona de integrantes de Atravesados por el Femicidio, un grupo de 146 familiares de víctimas de femicidio.
¿A quién está dirigida?
Aquellas niñas, niños, adolescentes o jóvenes hasta los 21 años, o personas con discapacidad sin límite de edad que hayan atravesado algunas de las siguientes situaciones:
—El padre/madre o progenitor/a afín (pareja de padre/madre) haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género, siendo esta determinada por la autoridad judicial.
—La persona victimaria haya sido procesado/a y/o condenado/a con sentencia firme.
—Se haya declarado extinta la causa penal por la muerte del acusado en el marco de la investigación por homicidio del progenitor/a.
Gabriel Ávalos es el hijo mayor de Inmaculada Nuñez. Vive en Lomas de Zamora junto a sus cuatro hermanos. A finales de 2017, encontraron asesinada a su mamá y todavía no saben quién la mató. Gabriel habla sin pausa. Su voz y la velocidad con la que construye las frases hipnotiza. En pocos minutos, resume las peripecias por las que tuvo que pasar para que, aún habiendo hecho todos los trámites, el director de la UDAI (Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión) le informara que no podían percibir la reparación económica.
“El principal inconveniente que tuvimos es que la causa estaba caratulada como homicidio y en ANSES no me lo podían cargar con esa carátula. Así que fui a Tribunales, expliqué la situación y me pasaron la causa a presunto femicidio. Vuelvo a ANSES y la chica me dice: ‘No, tiene que decir femicidio’. Vuelvo a Tribunales y le pido al juez que, por favor, me pongan la carátula como femicidio. Así fueron tres días seguidos. Me pasan la carátula como femicidio, voy con ese papel a ANSES, con el trámite de guarda de mis hermanos, todos los requisitos, y no me pudieron cargar en el sistema porque no hay un acusado, un procesado, un sentenciado”.
A Gabriel le cambiaron la carátula porque, imperativamente, explicó que “necesitaba acceder urgentemente a la Ley Brisa porque soy el sostén de mi familia y no puedo estar cagándome de hambre. Ellos, como Estado, tienen que poder cambiar eso porque, ¿qué tengo que demostrar yo acá? ¿Tengo que demostrar que la mataron? ¿O la Justicia?”.
Le pidió al director de la UDAI que, de todas maneras, lo cargara en el sistema y que lo evaluaran los otros integrantes de la COPESE, pero no lo consiguió. “Fue un cansancio mental tan grande que desistí, porque no lo puedo iniciar, si no sé ni quién mató a mi mamá ni cómo”.
Gabriel tuvo que hacerse responsable de sus dos hermanos más chicos. “No me fui de vacaciones, no conocí otro país, quería estudiar, tenía proyectos. No hablo solo de lo económico, hablo de lo personal, la esencia de uno. Recién ahora, con casi 29 años, puedo decir ‘bueno, seguimos’. Por un momento, la vida se me quedó congelada”.
Gabriel dice que, si le preguntan qué siente, la respuesta es vacío, como si se cayera a un pozo, pero nada lo frenara y cayera cada vez más y más profundo. “A veces me siento un nene perdido en la plaza, quiero llorar, quiero gritar. Uno quiere a su mamá. No logro aceptar qué nos pasó, cómo me di cuenta que mi mamá no volvió a mi casa, cómo la encontramos, dónde la encontramos, todo el proceso de traerla, de velarla, de juntar la plata para enterrarla. Mi casa era un mundo de gente y, de repente, no había nadie”.
¿Cómo hago?
—Reuní toda la documentación.
—Sacá un turno en ANSES a través de la página web o llamá al 130.
Claudia Vallejos es la mamá de Melissa Kumber, una joven policía de la Ciudad de Buenos Aires a quien, en 2019, su pareja, también policía, pero de la Federal, mató de un disparo con el arma reglamentaria de ella, delante de su bebé. Mauricio Sánchez, el femicida, fue encontrado culpable por homicidio agravado por el vínculo y por femicidio.
Claudia reprograma la charla con Perycia un par de veces porque tiene que cuidar de su nieto de dos años: “Organizo con mi hija para que lo entretenga y hablamos tranqui”, dice M., el nene, es el hijo de Melissa. Claudia aprovecha el sol de la mañana de un sábado y los manda a comprar harina integral para hacer un budín: “El nene es chiquito y muy demandante”, explica, disculpándose.
El 11 de marzo de este año, salió la guarda. Su abogada le dijo que el femicida ya fue notificado. Si bien el padre de él desistió de enviar notificaciones para obtener un régimen de visitas, tener la guarda es un alivio. Pero aún así no pueden tramitar el RENNyA, porque la sentencia aún no es firme.
—Todavía estoy pagando las cuotas de los ajustes judiciales porque contraté una abogada particular “para hacer todo más rápido”.
De todos modos, desde que tiene la guarda, intenta sacar un turno en ANSES, pero no lo consigue. “La pandemia perjudica todo”, se queja.
Claudia tiene 50 años. “Si me ves, parezco de 70”. Se dedica a cuidar a su nieto. Algunos familiares y su hija la ayudan económicamente. El 21 de junio se cumplen 2 años del femicidio de Melissa. Dice que recibió asistencia psicológica en Quilmes, pero que tuvo que dejar de ir por dificultades económicas. Marcela Morera, integrante de Atravesadxs por el Femicidio y madre de Julieta Mena, siempre le dice que hable, que hablando va a estar mejor, pero le cuesta:
—Cuando me enteré de que mi hija estaba embarazada, fui la mujer más feliz del mundo, pero criar a su hijo es tremendamente triste.
Documentación del hecho, del hijo/a y del representante
-Partida/certificado de defunción, testimonio o sentencia/resolución de presunción de fallecimiento.
-Copia del auto procesamiento, auto de elevación a juicio oral o sentencia de condena firme, de acuerdo al Código Procesal Penal de cada provincia, donde figuren todos los datos de la causa por disposición del Tribunal Penal interviniente, por haber participado del delito de femicidio/homicidio.
La mirada cansada de estar triste. Esa es la imagen que devuelve Google al buscar ‘Carlos Vidosa’. Es el padre de Ingrid Vidosa, asesinada por su pareja en Carlos Paz hace seis años.
Atiende el teléfono una mañana de mediados de mayo. El viento golpea el celular y dificulta el diálogo. Dice que está en una zona complicada, haciendo un trabajito.
—No tengo problemas de hablar. Creo que si nos quedamos callados, a veces no es bueno. A mí me gusta discutir las cosas por más doloroso que sea.
Su nieta tiene 12 años y es la hija de Ingrid. Está percibiendo el RENNyA, pero sigue con la guarda provisoria. “En este momento, estamos con la tercera guarda provisoria y, para obtenerla, tuvimos que pasar por un montón de cosas feas. Tuvimos mucha dificultad para hacer los trámites de la Ley Brisa porque nos decían que no había sido femicidio, ya que el femicida no es el progenitor. Y como fuimos uno de los primeros casos, en ANSES no sabían nada y no tenían respuestas para darnos”.
Ante ese rechazo, Carlos dejó en ANSES una carpeta con toda la documentación requerida y el proceso que se desarrolló en el marco del juicio, y le dijeron que estudiarían nuevamente el tema. En una oportunidad, le explicaron que no podía cobrar la reparación porque, si la niña tenía un padre en vida, le correspondía a él. Carlos llamó a los medios de comunicación de Carlos Paz y se asesoró con Atravesadxs por el Femicidio.
Cerca de cumplirse seis años del femicidio de Ingrid, Carlos sigue desarmado. Dice que está bien criando a su nieta, pero que se siente la ausencia. “Es lo peor que te puede pasar. Estás muerto”.
—Esta es una ley muy dolorosa por el solo hecho de ir a la ANSES a llevar el certificado de defunción de tu hija y un montón de papeles que no querés ver, además de tener que repetir un montón de veces lo mismo.
Algunos números
Según datos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, en lo que va de este año, 78 niñas, niños y adolescentes accedieron a la RENNyA. Al mes de abril de 2021 y desde que se implementó la ley, hay un total de 882 reparaciones otorgadas: 805 todavía perciben la reparación y el resto cesaron por alcanzar los 21 años o haber fallecido
Según el Observatorio Mumalá, de los 94 femicidios de 2021 (uno cada 38 horas), 75 fueron directos. También hubo femicidios vinculados, es decir, cuando la muerte perpetrada por el femicida es para castigar o destruir psíquicamente a una mujer sobre la cual ejerce la dominación: 4 vinculados de niñas/mujeres, 6 vinculados de niños/varones, 5 vinculados de niños/varones por interposición en el hecho violento y 4 trans/travesticidios. Además, se registraron 140 intentos de femicidios. Como consecuencia de estos hechos, 95 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre.
A seis años del primer Ni Una Menos, desde Atravesadxs por el Femicidio, siguen sosteniendo su pedido por una Justicia con visión de género, por el cumplimiento efectivo de las penas, por la reforma de la RENNyA.
—El vacío que vivimos los familiares en el día a día es tremendo. Cuando ves la mesa puesta y falta un plato… —dice Marcela Morera a Perycia—. A mí me sigue pasando después de cinco años y medio. A veces vienen los chicos, saco ocho platos y digo “no, somos siete”. Lamentablemente es así y con eso convivimos.
Para conocer el texto completo de Ley 27.452, hacé click acá y acá.
Si sufrís violencia de género, llamá al 144.
*Por Lucrecia Bibini para Perycia / Imagen de portada: Juan Bertola.
