En 2014, cuatro militares fueron condenados por el atentado en la Fábrica Militar de Río Tercero. El comienzo del juicio al ex presidente Menem por su responsabilidad en la explosión intencional estaba previsto para fines de febrero, pero, con su muerte, la causa cayó. La tinta conversó con el abogado Horacio Viqueira, único querellante.
Por Redacción La tinta
El pasado 24 de febrero era la fecha prevista para que el ex presidente Carlos Saúl Menem se presentara a Tribunales, en el banquillo de los acusados como responsable de estrago doloso calificado por las explosiones en Fabricaciones Militares de Río Tercero, que, en 1995, dejó siete muertos, más de 300 heridos y enormes daños. Su muerte dejó al descubierto la impunidad y una justicia inútil que dilató y tardó 26 años en tramitar un enjuiciamiento.
En diciembre de 2014, los cuatro directivos de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino, fueron condenados con penas de entre 10 y 13 años de prisión como autores mediatos penalmente responsables del delito “estrago doloso agravado por muerte de personas” y el ex presidente era el único imputado que quedaba en la causa.
“Hubo un juicio oral donde se sometió a juicio a 4 ex jefes militares de fabricaciones militares, tanto del nivel de Río Tercero como nivel central: Menem, en ese momento, era otro de los procesados, pero estaba con una instancia de apelación, por lo tanto, no fue sometido en su momento al juicio. Los jefes militares resultaron condenados a penas que van entre 10 y 13 años de prisión, por el delito de estrago doloso seguido de muerte”, dice, en diálogo con La tinta, el Dr. Horacio Viqueira, único querellante en la causa.
Para el abogado, el cierre del proceso judicial por la muerte pone en evidencia una “lamentable” actuación de la Justicia, que dilató desmedidamente los tiempos, dificultando e impidiendo que se identificaran a todos los autores y partícipes del brutal hecho, y usando la hipótesis del accidente para plantar líneas investigativas y desviar -durante dos décadas- la investigación.
“En los fundamentos del fallo, se estableció que la voladura había sido un hecho planificado y programado desde una estructura organizada de poderes. No fue un hecho llevado adelante por personas ajenas a la estructura del Estado, sino por personal estatal, con el motivo de eliminar todo tipo de vestigio y rastro que pudiera acreditar que todo el material bélico que supuestamente había sido enviado a Río Tercero para ser reparado, en realidad, había salido del país con rumbo a Croacia, vinculando la voladura de la fábrica con el tráfico ilegal de armas”, relata el querellante.
Viqueira agrega que el abogado del ex presidente había pedido ya la suspensión de la audiencia por el problema de salud. “Con el fallecimiento de Menem, la causa queda clausurada. No existen otros procesados en la causa, porque varios de los que estuvieron vinculados al proceso ya han fallecido y otros fueron sobreseídos, como el caso de la ex General Balza, a pesar de los distintos planteos que se hicieron en su oportunidad”.
Queda una causa incompleta y, aunque los responsables militares recibieron condena, la justicia definitiva era con Menem condenado. Una ciudad con una herida abierta, esperando durante años justicia y reparación histórica, un cuarto de siglo después.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Matías Tambone.
