Buscan a una niña en un Paraguay convulsionado
Una misión de derechos humanos viajó a Paraguay para constatar la represión desatada por el gobierno de Mario Abdo Benítez. Además, la comitiva demanda la aparición con vida de Lichita.
Por Euge Murillo para Página/12
El Congreso de la Nación paraguaya rodeado de alambres de púa y los camiones de la policía federal cubiertos de banderas blancas que decían “El único camino es la paz”, componían el paisaje que encontró la Misión de Observación de Derechos Humanos (MODH) argentina al llegar el miércoles pasado a Asunción. Era el último día de una serie de movilizaciones en esa plaza principal, frente al palacio legislativo donde se discutió un pedido de juicio político contra Mario Abdo Benítez, presidente del Ejecutivo y su vice, Hugo Velázquez. La multitud no se fue, la echó la represión. “Creo que a muchos de nosotros no se nos va a olvidar nunca este día, porque hace mucho tiempo que en Paraguay no vemos esta cantidad de personas en la calle, persistiendo, a pesar de que la policía sacó a la montada para dispersarnos, nos agrupamos y volvíamos a cantar”, cuenta Florencia Amado, una de las tantas estudiantes que desde el 3 hasta el 15 de marzo resistieron el calor y la amenaza de la COVID-19 -que ha colapsado el sistema de salud-, envueltas en banderas paraguayas y cantando “Marito, basura, vos sos la dictadura”.
Pero la Misión argentina, compuesta por organizaciones sociales, feministas, periodistas y abogadxs, y apoyada por Nora Cortiñas, no tenía que ver con esta revuelta iniciada por personal de salud y familiares de pacientes con la COVID-19, que con el hashtag #EstoyParaMarzo2021 (emulando la revuelta de la crisis política paraguaya de 1999), ocupaban las calles y las redes. Su tarea, que todavía se está desarrollando pese al hostigamiento del gobierno, tiene que ver con fortalecer la presencia internacional para que se investigue de una vez la muerte de las dos niñas argentinas en septiembre de 2020, durante un operativo militar que fue festejado públicamente por Mario Abdo Benítez como un golpe exitoso contra el terrorismo. Sus nombres eran Lilian Mariana y María Carmen Villalba, ambas de 11 años.
En coincidencia con la llegada de la Misión humanitaria, el canciller Felipe Solá entregó a Eculides Roberto Acevedo Candia, su par en Paraguay y presidente pro témpore del Mercosur, el modelo de protocolo para la actuación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAEF), al que ya se le había impedido el ingreso al país para realizar la autopsia de los cuerpos de las niñas que ya habían sido enterrados dos veces. La primera inmediatamente después de presentar sus cadáveres públicamente vestidas como guerrilleras. La segunda en San Pedro, después de que la familia consiguiera que se las exhumara y se les entregara los cuerpos para despedirlas.
“Tenemos pruebas de que no estaban vestidas de guerrilleras como dijo este gobierno, que cometió un crimen de lesa humanidad. Estaban vestidas de niñas”, explica Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y parte de la comitiva. La Gremial de Abogadas y Abogados, Mutual Sentimiento, Mumalá, Movimiento de Rebelión Popular, el Colectivo Ni una Menos y otras organizaciones sociales y políticas, nucleadas en una plataforma de solidaridad con los derechos humanos en Paraguay, viajaron al país también para exigir que se busque a Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba, de 15 años, desaparecida en el mismo operativo de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) contra el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), en el que murieron las dos niñas. Además, se detuvo como parte del mismo operativo a Laura Villalba, en un destacamento militar donde es la única mujer. Ella es la tía de Lichita y madre de María Carmen Villalba.
Recién el martes 14 de marzo, día anterior a la llegada de la Misión argentina, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) logró que se haga lugar a un Habeas Corpus para que la policía federal inicie la búsqueda de Lichita. La decisión es tomada tres meses después de su desaparición.
¿Dónde está Lichita?
Esta es la pregunta que no flota en el ambiente ocupado por la urgencia de una población arrasada por la crisis sanitaria y la revuelta popular, con las clases suspendidas y las restricciones en la circulación como últimas medidas tomadas por un gobierno, que en el contexto de la pandemia carga con 40 muertes por día y un 100 por ciento de las camas de terapia intensiva ocupadas con diagnósticos positivos de la COVID-19.
La Misión argentina decidió viajar al norte de Paraguay, en donde su tía Laura la vio por última vez con una herida en una de sus piernas. “Es como buscar un alfiler en un río”, dice Carmen Villalba desde la cárcel de Buen Pastor, en Asunción. Ella es madre y miembro del EPP, y cumple una condena de 17 años privada de su libertad.
El viernes, mientras la comitiva viajaba a la zona del Cerro Guazú, en el departamento de Amambay, al norte de Paraguay, comenzó a circular una operación mediática que ocupó las pantallas nacionales en la que se acusaba a German Lovari, militante de la Asociación Antirrepresiva en Argentina, acusándolo de ser miembro extranjero del EPP y de amenazar a las comunidades indígenas de los alrededores del cerro. Sin embargo, el día en el que figura la denuncia, Lovari se encontraba en Asunción participando de las actividades de la comitiva, al mismo tiempo que era denunciado en esta operación de noticias falsas.
“No viene nadie acá”, son las primeras palabras traducidas del guaraní del Cacique de la comunidad Jasuká Venda. Es una de las, al menos, 40 comunidades indígenas que rodean la zona del Cerro Guazú, considerado por las comunidades Paí Tavyterás como el lugar en donde se inició la creación del mundo. “Ayer, durante el día, sobrevolaron helicópteros, que muchas veces disparan por los conflictos entre narcotraficantes”, dijo el Cacique, rodeado de casas de madera hechas de descartes de los silos de los campos aledaños, a la comitiva argentina en el primer día de recorrida de la zona. Por esos lados falta todo, pero, por sobre todo, una presencia estatal que no esté basada en la militarización de la tierra.
Esta es la zona de actuación de las FTC, que se crearon en 2013 con la modificación de la ley de Defensa y Seguridad Interna, con un presupuesto, en 2019, de 17 millones de dólares, y el objetivo de combatir al EPP, y enfrentar el negocio del narcotráfico que tiene puente directo con Argentina, Brasil y Europa. El senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), que preside la Comisión de Derechos Humanos, presentó un proyecto para derogar la ley que permitió la existencia de la FTC, pero en medio de la crisis no pudo ser tratado.
Según el informe que presentó desde su banca, hasta el momento, las FTC llevan gastados casi 70 millones de dólares y la violencia en los sectores militarizados del norte creció exponencialmente. “Hay amenazas concretas a la gente, los niños van al colegio rodeados de fusiles, los del norte son los únicos departamentos del país que están militarizados. La FTC media entre los narcos y otros intereses económicos, vinculados a los estancieros que tienen el control de la tierra y de la producción, como pasa en Colombia, pero por la dimensión de nuestro país en una escala mucho menor. La guerra genera muchos ingresos y la política del gobierno es administrar las relaciones entre los narcotraficantes”, relata Fabricio Arnella, integrante de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia de Paraguay.
A 70 kilómetros del Cerro Guazú, se encuentra Yby Yaú, un pueblo de 30 mil habitantes en donde la temperatura en esta época ronda los 49 grados. Forma parte del distrito con mayor cantidad de comunidades indígenas del país. La señora que atiende uno de los restaurantes del centro tuvo coronavirus hace un mes: “Yo no pude cerrar el negocio porque nos moríamos de hambre”. Ella, como la mayoría de la gente en el pueblo, no conoce nada acerca del caso de Lichita y, cuando se habla del EPP, prefiere guardar silencio. En la ventana, hay un cartel que dice “Paz en el norte”. La señora barre la tierra colorada de la vereda mientras murmura que eso sería un milagro.
El EPP tuvo su primera acción visible en el 2008, con un manifiesto y la quema de un retiro de estancia, meses antes de que asuma la presidencia Fernando Lugo. A partir de ese momento, el EPP se presenta como una expresión organizada y armada con una fuerte presencia en el norte del país.
Derlis Muñoz es concejal municipal de Yby Yaú por el Frente Guazú (FG), y proviene de la dirigencia campesina. Caracteriza a la zona como habitada por pequeños productores campesinos ganaderos. “La presencia del FTC ha cambiado la dinámica del territorio, ha generado miedo dentro de la población y no tenemos mucho margen de acción para cambiar esta realidad. Hemos planteado desde la municipalidad que para combatir la violencia tiene que haber políticas sociales en todos los distritos del norte”, explica y habla del miedo generalizado en la población: “La gente tiene miedo porque acá se puede terminar con la vida de alguien sin que nadie investigue nada”. Esta es la realidad que se puede constatar en el caso de las niñas argentinas.
Según datos de Oxfam, en Paraguay, el 1,6 por ciento de la población es dueña del 80 por ciento del suelo. El 3 de febrero de este año, se cumplieron 31 años del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner (1953-1989), un legado pesado para un pueblo que conserva su lengua nativa, pero ha padecido el extractivismo, la pérdida de la tierra y el avasallamiento sobre las poblaciones nativas, en nombre de la lucha contra el narcotráfico y leyes antiterroristas. Mario Abdo Benítez, el presidente, es hijo del secretario de gobierno de Stroessner y, como se denunció en la plaza principal de Asunción, sigue el mismo legado.
Lejos de las supuestas amenazas y hostilidades contra las comunidades del Cerro Guazú, que supuestamente denunciaron los medios, la visita de la comitiva fue una oportunidad para hablar en círculo sobre la situación de la zona norte de Paraguay. Luego de visitar las comunidades, la Comitiva realizó una conferencia de prensa en la Municipalidad de Yby Yaú para informar sobre todas las actividades que realizaron hasta el momento. “Esta es una tarea que no termina acá, continuar reforzando los vínculos con las comunidades, seguir luchando por la aparición de Lichita y exigir justicia por las niñas es un compromiso asumido. Volver al territorio en el corto plazo es primordial”, expresó Alicia Machado, parte de la comitiva y del Movimiento de Rebelión Popular.
La palabra “kues” en guaraní colocada al final de una frase significa “fueron algo”, es una palabra que se repite en los discursos del de los habitantes del Cerro Guazú para registrar eso que se respira: la ancestralidad maltratada y aniquilada.
Paraguay quiere despertar
“Este es un país en que todos los días mueren personas por falta de comida y de salud. Se burlaron de la gente cuando los diputados estaban durmiendo en sus bancas mientras se debatía el juicio político, pero no vamos a abandonar la calle. Como Chile, nosotros también vamos a despertar”, dijo Andrés Olivares, oriundo de Ciudad del Este, de 24 años y estudiante de sociología. Él fue parte de las movilizaciones desde el 3 de marzo en Asunción. Como muchas y muchos, promete volver a las calles.
Cuando el Congreso rechazó el juicio político al actual presidente Abdo Benítez y su vicepresidente Velázquez, con 42 votos en contra, 36 a favor y 2 ausencias, la Plaza de Armas del centro de Asunción fue escenario de una enorme represión encabezada por los cascos azules (policía antimotines), con un saldo de 40 personas detenidas, el incendio de la sede central del Partido Colorado al que pertenece el presidente, y la renuncia del jefe máximo de Policía Nacional, Francisco Resquín.
Según las organizaciones políticas y populares, que el juicio político no iba a prosperar era una información con la que ya se contaba antes de su resolución, por la afinidad de la Cámara Baja con el actual presidente. “Por eso, desde las organizaciones y desde la propia gente que decidió ocupar las calles, convocamos a una movilización masiva, hasta ese momento no había habido presencia de cascos azules. La represión fue la única respuesta, el olor a gas lacrimógeno era muy fuerte, era imposible permanecer en la calle así. Nos apuntaban con las balas de goma a la cara”, cuenta Marian Álvarez, 29 años, feminista y miembro del MOPE (Movimiento por la Organización y Participación Estudiantil).
Sobre la misma Plaza de Armas y a los pies del Congreso, en donde se produjo la represión, hay un asentamiento hecho de casas precarias. Las trasladaron pocos días antes desde un barrio ubicado a orillas del río Paraguay, a muy pocos metros de allí. Las plazas ocupadas por casas levantadas de manera improvisada, es una escena que se puede ver en varios lugares de la ciudad y que habla de la precariedad de la vida de los sectores populares paraguayos.
La revuelta popular sofocada por balas de goma y gases se había iniciado el 3 de marzo, cuando trabajadorxs de la salud del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se juntaron con familiares de personas con COVID-19 positivo, reclamando por la falta de medicamentos para tratar los casos en terapia intensiva, la falta de camas y protección para quienes estaban en primera línea. Al viernes siguiente, ya se había instalado el hashtag #EstoyParaElMarzo2021, que gurda relación con el marzo paraguayo de 1999, en donde la gente salió a la calle en medio de una crisis política provocada por la renuncia del presidente de entonces, Raúl Cubas Grau, por el asesinato del vice Luis María Argaña.
El clima del verano paraguayo es calcinante, tanto así como la crisis política y sanitaria que atraviesa el país: asentamientos en las plazas y retrasos en las compras de vacunas. Este paisaje de tierra colorada y muertes diarias habla a las claras de la necesidad de la solidaridad internacional para con el país que ahora lidera el Mercosur, un hecho por demás significativo para la región entera, que ve venir la segunda ola de la pandemia con el paisaje de fondo de la extrema desigualdad.
*Por Euge Murillo para Página/12 / Foto de portada: José Nicolini
