Paraguay: a las mujeres no nos cuida el Estado
El acto oficial por el “Día de la Mujer Paraguaya”, donde se iba a reconocer al presidente Mario Abdo Benítez, se convirtió en resistencia. Frente al Ministerio de la Mujer, se realizó una jornada en demanda de justicia y por el cese de los feminicidios.
Por Claudia Colmán, desde Paraguay, para La tinta
Vienen siendo semanas de histórico dolor en Paraguay. En un año que ya suma cinco feminicidios, el país se conmueve por los casos de violencia hacia las mujeres, que trascienden diariamente en los medios de comunicación.
Desde la semana pasada, la mayoría de los casos de intentos de feminicidios que tomaron estado público desnudó, una vez más, la violencia institucional. La omisión, negligencia, demora y hasta complicidad del Estado, no mantuvieron a salvo a las víctimas de violencia, que, en su mayoría, ya habían denunciado al menos una vez a su agresor. Para nosotras, esta situación trae, de nuevo, la pregunta: ¿cuántas denuncias son necesarias para poder salvar nuestras vidas?
En medio de la preocupación por la falta de respuestas del Estado para proteger a las mujeres en situación de violencia, Nilda Romero, titular del Ministerio de la Mujer, anunciaba, una semana antes del 24 de febrero, cuando se conmemora el “Día de la Mujer Paraguaya”, que el acto recordatorio se haría “en reconocimiento al presidente Mario Abdo Benítez”, el mismo que en 2021 encabeza uno de los recortes presupuestarios más importantes de los últimos años de dicha institución, equivalente al 11 por ciento (cerca de 380 mil dólares), mientras aumenta exponencialmente el presupuesto de otros entes públicos.
Este recorte significa menos recursos para programas vitales, como es el de “Atención Integral a la Mujer en Situación de Violencia y Trata”, que sufre un recorte del 15 por ciento (cerca de 85 mil dólares), en un año donde crecen las denuncias de violencia hacia las mujeres.
Solo en enero de este año, el Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR) registró un total de 2.133 llamadas al Sistema Operativo de Seguridad (SOS 137), casi el doble de casos que enero del año pasado (1.202 llamadas) y el triple que enero de 2019 (725 llamadas).
Según datos de 2020 del Ministerio Público, cada 20 minutos se registra una denuncia por violencia familiar, un promedio de 70 denuncias diarias, siendo Central, Asunción, Alto Paraná y Caaguazú los departamentos más afectados.
El dolor y el olvido no se homenajean. En respuesta al acto oficial por el “Día de la Mujer Paraguaya”, la ciudadanía expresó rápidamente su rechazo a la iniciativa que colocaba en segundo plano el protagonismo de las mujeres en la lucha por la soberanía del país, motivo que impulsa la creación de esta fecha nacional en reconocimiento a la participación de las mujeres en la Guerra de la Triple Alianza.
Ante la organización de acciones de repudio, el Ministerio de la Mujer se vio obligado a “postergar el acto por aumentos de casos de la COVID-19”, escondiendo -detrás del falaz argumento- la impunidad de un gobierno que no hace nada para erradicar la violencia de género.
El Estado paraguayo no tiene nada que festejar. El 24 de febrero, el Ministerio de la Mujer amaneció con carteles de rostros de mujeres que representan en el país la lucha por la igualdad, la justicia, la libertad y la dignidad. Por iniciativa de la Plataforma Feminista de Paraguay, frente a la institución, se leyó un comunicado exigiendo a las autoridades acciones urgentes ante los casos de feminicidios y violencia hacia las mujeres.
Ese mismo día, campesinas del Partido Paraguay Pyahura distribuyeron 10.000 kilos de su producción agrícola a familias humildes de Asunción, en un acto de solidaridad y también de memoria, visibilizando el protagonismo que las mujeres tuvieron a lo largo de la historia del país en la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria.
La institución encargada de diseñar políticas públicas para erradicar la violencia de género, mostró, una vez más, ser una entidad pública destinada a defender intereses particulares de una minoría.
Si hay algo que reconocer al gobierno de Mario Abdo Benítez es la continuidad del terrorismo de Estado y de las prácticas de las épocas de Alfredo Stroessner, que encabezó un régimen que torturó y desapareció a mujeres, y violó sistemáticamente a niñas y adolescentes. Una expresión de esto es lo sucedido en setiembre pasado, cuando el presidente calificó de exitoso el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte del país y que culminó con el asesinato de dos niñas de 11 años en Yby Yaú. Fue el propio Estado el que quemó evidencias claves para el esclarecimiento de la causa y enterró a las niñas sin antes identificarlas. Es el gobierno que nada hace para encontrar a Cármen Elizabeth (14), conocida como “Lichita”, desaparecida desde el 30 de noviembre de 2020 tras un operativo de la FTC.
El país con la tasa más alta de embarazo adolescente
Paraguay ocupa el primer puesto en el Cono Sur en embarazo de niñas y adolescentes. Cerca de 20 niñas, de entre 10 y 14 años, fueron madres por segunda vez en 2019, lo que desnuda la desgarradora desprotección en la que se encuentran las mujeres en situación de vulnerabilidad y abuso.
A las autoridades paraguayas les asusta más la palabra “género” que las ocho denuncias diarias de abuso sexual en niños y niñas que registró la Fiscalía durante el año pasado. Desde 2019, el Congreso Nacional se declaró pro vida y pro familia, como reacción a los debates sobre la urgente necesidad de incorporar en la educación una mirada que comprenda la realidad de las mujeres para erradicar prácticas que sostienen y legitiman la violencia de género.
En un nuevo intento por frenar la mirada integral al problema de la violencia hacia las niñas y adolescentes, en diciembre pasado, legisladores y sectores conservadores rechazaron el “Plan Nacional de Niñez y Adolescencia de Paraguay” por incluir el concepto de género.
A pesar de la negativa del Estado de avanzar en este necesario debate, en las calles y en la lucha vamos comprendiendo la necesidad de ir derribando estereotipos en la educación de niñas, niños y adolescentes, para construir una sociedad libre, igualitaria y sin violencia contra la mujer.
¡Vivas y con derechos!
La Plataforma Feminista de Paraguay lanzó oficialmente ayer la convocatoria al 8 de marzo, cuando se cumple el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. Con el lema “vivas y con derechos”, anunció caravanas y movilizaciones durante esa jornada.
Paraguay sigue siendo uno de los países con la mayor tasa de empleo informal, donde siete de cada 10 personas se encuentran trabajando en la informalidad, sin seguridad social y en condiciones precarias. Cifra que se eleva para el caso de las mujeres, como sucede con las trabajadoras domésticas, donde nueve de cada 10 están en la informalidad.
Esta situación de vulneración de derechos se agudizó con la pandemia, donde se cerraron puestos de trabajo y hubo miles de despidos y suspensión de contratos de trabajo.
Esto se refleja en la tasa de desocupación femenina, que aumentó del 7,9 por ciento, registrado en el último trimestre de 2019, al 10,2 por ciento en el mismo periodo de 2020. Si agregamos además la sub ocupación que afecta a las mujeres, la cifra aumenta al 21,5 por ciento, según datos del año pasado de la Encuesta Permanente de Hogares.
La brecha salarial de género en el país, que en promedio llega al 25 por ciento, también tiene un efecto diario en la desigualdad y estabilidad económica de todas las trabajadoras. Esta asimetría hace que una mujer gane en un año lo que un hombre gana en nueve meses por igual trabajo. En otras palabras, las mujeres paraguayas trabajamos tres meses gratis al año, desarrollando el mismo trabajo.
En Paraguay, además de vivas, las mujeres nos queremos con derechos: a un empleo digno y seguro, a salud de calidad, a seguridad social y a salario digno.
*Por Claudia Colmán para La tinta / Foto de portada: Daniel Ñamandu
