«Bajar la edad de imputabilidad no sirve y es inconstitucional»
La defensora nacional de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, afirmó que la baja de la edad de imputabilidad no disminuye las violencias y pidió avanzar «en una agenda de protección de derechos e inclusión». «El problema en el fondo es la desigualdad», explica.
Por Matías Ferrari para El Grito del Sur
Para la defensora nacional de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, la baja de la edad de imputabilidad es «una respuesta espasmódica» que se repite una y otra vez ante la conmoción que genera un asesinato como el que sucedió este martes en Retiro, cometido supuestamente por un pibe de 15 años, dirigida «a un sector de la sociedad que reclama más seguridad». Pero nunca, dice, será «una solución eficaz para reducir la criminalidad y las violencias». En diálogo con El Grito del Sur, Graham rechazó de plano la propuesta que, esta vez, salió de boca de los responsables de Seguridad de los dos distritos más importantes del país, Sergio Berni y Diego Santilli, y pidió «avanzar en soluciones que apunten a generar inclusión», lejos de los discursos «discriminatorios y estigmatizantes». «Está probado que aumentar las penas y bajar la edad de imputabilidad no reduce el índice de delitos», explica.
—¿Es la baja de la edad de imputabilidad una solución?
—No, para nada. Primero, no podríamos hacerlo porque es inconstitucional. La Argentina ha ratificado las normas internacionales: la ONU dice con claridad que bajar la edad de imputabilidad es regresivo y los derechos humanos no son regresivos, deben ser progresivos. Por lo tanto, no se puede. Pero tampoco serviría. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hubo solo dos homicidios realizados por menores en los últimos cinco años: el caso más emblemático es el de Brian que mató a otro Brian, Aguinaco, que, finalmente, hay que decir que el proceso penal dejó muchas dudas. Centralmente, la idea que se le quiere transmitir a un sector de la sociedad que reclama seguridad, con razón, porque nadie quiere morir asaltado ni tampoco le gusta que lo roben ni pasar por un momento violento, es que, aumentando las penas y bajando la edad de imputabilidad, se reduce la criminalidad. Y eso es falso. Eso no sucede ni acá ni en ningún país. Hay que agregar, además, que, cuando más se acerque a los chicos al sistema penal, peor es.
—¿Cómo es que los chicos llegan a esa situación límite de matar, cuando llegan?
—Está probado que la desigualdad, no la pobreza, sino la desigualdad, está relacionada íntimamente con la criminalidad, con la violencia social y la intrafamiliar. Y América Latina es el continente más desigual del mundo. No sólo hay desigualdades sociales, las hay a nivel regional, interjurisdiccional y hasta al interior de cada jurisdicción. Por ejemplo, en la propia Ciudad, no es lo mismo la 1-11-14 que Palermo. Para bajar los índices de violencias, tenemos que robustecer el sistema de protección de derechos y hacerlo funcionar. Desde la Defensoría, estamos impulsando políticas específicas destinadas a la franja de entre los 16 y 17 años, edad de mayor pobreza entre los pibes, y también entre los 12 y los 13, cuando empiezan estos problemas más serios de violencia.
—¿Qué sensaciones le dejó lo que sucedió en Retiro?
—Salir a andar en bicicleta y terminar muerto es terrible y nos conmueve a todos. Cada vez que tenemos un episodio de esta naturaleza es tristísimo porque hay una persona que ha perdido la vida, no es cualquier cosa lo que ha sucedido. Pero también es terrible por el lado de los derechos de los chicos, aunque, en este caso, no sabemos todavía concretamente qué pasó. Tenemos un sospechoso, no un asesino aún. Lo que sucede es que los medios ya lo condenaron, aunque todavía se esté investigando. Aun así, aunque haya un chico involucrado sin que sepamos en calidad de qué, aparece esta respuesta espasmódica que hay que bajar la edad de imputabilidad, que no resuelve nada.
—Uno de los dirigentes que insistió con la baja fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, lo que da cuenta de que es un tema trasversal tanto al oficialismo como a la oposición. Si está probado que no es la solución, ¿no se termina entonces usando a los chicos para hacer “politiquería”, como dicen muchos especialistas?
—Prefiero no hablar de lo que dijo cada uno. Parte del problema es la discriminación y la estigmatización. En una sociedad con mayores niveles de igualdad, hay menos discriminación y estigmatización. Por lo cual, hay menos criminalidad. Pero creo, sobre todo, que el peor contexto para discutir de una ley penal juvenil, que necesariamente tenemos que reformar en Argentina, no son los escenarios electorales. Es el peor escenario. Y estos discursos de mano dura siempre aparecen cerca de un escenario electoral. Por lo cual, hay que pensar qué pasa con nuestra sociedad, porque hay un sector que evidentemente reclama más represión. Hay una relación dialéctica y una retroalimentación entre ese reclamo y el discurso de los medios. Y somos pocos los que estamos dando esa batalla, por decirlo así.
—Bueno, no tanto. El año pasado, Juntos por el Cambio presentó su proyecto, impulsado por Patricia Bullrich, y fracasó.
—Somos pocos, pero exitosos (ríe). Hace muchos años que se impulsan esas normas y los diputados y senadores no las votan. Saben mejor que nadie que el problema no se resuelve. Algunos proponen bajar a 15, otros a 14. Supongamos que se baja a 15, y llegamos a tener un caso cometido por uno de 14, ¿qué vamos a hacer con el niño de 14? ¿Cuál es la diferencia vital entre un pibe de 14 y 15? Siempre vamos a tener el problema de qué pasa por debajo de la edad imputable.
—¿Qué rol juegan las fuerzas de seguridad en toda esta discusión?
—El caso de Luciano Arruga es un caso testigo de muchos otros casos. Más que denunciar específicamente “a”, una de las preguntas que habría que hacerse es de dónde sacan las armas los pibes. Por qué circulan las armas. En una época, la implicancia era más palpable, a finales de los 90 y principios de los 2000. Investigué el tema y puedo asegurar que, en esa época, se alquilaban armas para los pibes desde las comisarías. Ahora es más complejo de determinar, porque media la influencia del narcotráfico y la delincuencia organizada, que también utiliza a los pibes.
—La UCA informó esta semana que el índice de pobreza entre los pibes y las pibas menores de edad llega al 60 por ciento. ¿Qué debe hacer y qué puede hacer el Gobierno frente a ese drama?
—Lo más urgente es sostener los niveles de ingreso de los sectores populares, como primera urgencia en medio de esta situación. Desde la Defensoría, planteamos un ingreso universal para las familias con hijos e hijas. Me parece muy bueno el trabajo que se está haciendo desde la Coordinación de Políticas Sociales, con Victoria Tolosa Paz, para facilitar la documentación y acceder a los distintos beneficios. Nosotros también planteamos que debe haber una política específica de inclusión para los adolescentes. Eso es prioritario en este momento. Y a largo plazo, hay que replantearse muchas cosas como país. Si uno ve la pirámide de ingresos ya no por los ingresos, sino por el grupo etario, se sorprende. En la base de la pobreza en el país, están los menores. Eso pude charlarlo en una reunión con el ministro Martín Guzmán, que quiso escuchar nuestros planteos en ese sentido. El peronismo tiene una larga tradición en proteger a los trabajadores y a los mayores, pero con los niños algo pasó y el tema se postergó. Para todo, hay una explicación política, pero yo lo planteo incluso en otros términos: pensemos desde lo económico, con tanta infancia en la pobreza, cómo eso afectará a futuro nuestro sistema productivo. Es un tema central para discutir en el país.
—En tu exposición en el Congreso, la semana pasada, planteaste que la ley de los mil días es “muy ambiciosa”. ¿Por qué?
—Porque propone una ingeniería estatal y una coordinación entre distintas áreas y jurisdicciones que va a ser un desafío. Reconoce y amplía derechos, y la implementación va a requerir estar a la altura de eso. Va a implicar una coordinación entre todos los niveles del Estado que me entusiasma, y es algo que ya venimos haciendo en Salta para poder llevar respuestas a las comunidades wichis de Salta, con la participación de las propias organizaciones de pueblos originarios, y en la que intervienen ministros y funcionarios de Salud, Desarrollo Social e infraestructuras locales, provinciales y nacionales. Esta ley, para que garantice los derechos que garantiza, necesita ese mismo trabajo mancomunado.
*Por Matías Ferrari para El Grito del Sur / Imagen de portada: El Grito del Sur.
